Organizaciones sociales se reunieron con las FARC para evaluar los mecanismos para la verificación del cese unilateral decretado por esa guerrilla. El Frente Amplio considera de vital importancia el proyecto piloto de desminado y la desvinculación de menores de edad para llegar a un cese bilateral.
Gabriel Becerra Y.
En medio del recrudecimiento de la guerra durante las últimas semanas la guerrilla de las FARC-EP decidió, una vez más de manera unilateral, a partir del 20 de julio e inicialmente por un mes, cesar toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada.
Esta importante decisión se debe interpretar como una respuesta positiva de la insurgencia al clamor de múltiples voces en el país y el exterior, en particular, a la solicitud de los países garantes y acompañantes que ante la nueva crisis del proceso se pronunciaron a favor del desescalamiento del conflicto y de la adopción de medidas de construcción de confianza entre las partes, “para garantizar las condiciones y el clima propicio que permitan lograr acuerdos sobre las cuestiones pendientes de la agenda de conversaciones, incluyendo la adopción de un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y lo referido a los derechos de las víctimas”.
Ante este nuevo impulso al proceso de diálogo en La Habana, que se acompaña de otras medidas contenidas en el comunicado conjunto No. 55, titulado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”, la pregunta normal de muchos sectores comprometidos con la firma de un acuerdo de paz mediante la vía del diálogo y los acuerdos es: ¿Y el Gobierno qué? ¿Cuáles serán, de su parte y en lo inmediato, los hechos para desescalar la guerra? ¿Está dispuesto el Presidente a tomar medidas concretas o continuará haciendo más concesiones a la ultraderecha y al militarismo?
No hay que jugar con fuego. La ruptura de este nuevo cese unilateral podría implicar también la ruptura del proceso. Es por esto que el Gobierno, empezando por su lenguaje, debería ser más consecuente y agilizar las medidas necesarias para llegar al cese bilateral definitivo, lo más pronto posible y concretar los acuerdos faltantes entre los que se encuentran víctimas, justicia; fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación.
No ayuda el doble lenguaje del gobierno que mientras pide medidas unilaterales y firma comunicados en dirección a desescalar el conflicto, en su afán de subir en las encuestas ante el descontento popular, que no se explica simplemente por el recrudecimiento de las acciones militares y de saboteo económico de las guerrillas, sino por el fracaso de su política económica que continúa profundizando la exclusión social, coloque a la Fiscalía a judicializar y criminalizar la protesta social, deteniendo y encarcelando líderes estudiantiles y campesinos, a través de burdos montajes policiales.
Con su máquina propagandística, pública y privada, el gobierno coloca ultimátums de tiempo a la contraparte, agita una idea de “justicia transicional” centrada en la cárcel contra guerrilleros, pero guarda silencio a la hora de asumir las responsabilidades del establecimiento político y económico, políticos y empresarios, como determinadores y responsables directos de décadas de violencia y guerra sucia. Menos arrogancia y más compromiso es lo que muchos vienen reclamándole al Gobierno si de verdad quiere pasar a la historia como el gobierno de la paz.
Es en ese contexto que la labor de veeduría que ya venía cumpliendo el Frente Amplio por la paz, la fortalece la participación de las iglesias y del proceso de constituyentes, que ahora se ha propuesto trascender el seguimiento al cese unilateral de fuegos por parte de las FARC-EP, incorporando un seguimiento al proceso y a las medidas de desescalamiento del conflicto, también por parte del gobierno nacional, el accionar del paramilitarismo, la represión a la protesta social y la persecución judicial contra el movimiento social.
Como se acordó este fin de semana que terminó en La Habana, “La veeduría además del componente técnico necesario, tendrá un especial énfasis político y pedagógico buscando enamorar cada vez más a los colombianos y colombianas del proceso de paz y de sus posibilidades”. Desde aquí llamamos a todos los sectores dispuestos a superar la guerra a no desfallecer y a contribuir en esta importante labor de veeduría. La paz es ahora y es posible.
