Libardo Muñoz
“El derecho a la alimentación es el Derecho Humano más cínicamente violado”, dice el experto suizo Jean Ziegler, una de las 18 personalidades que proponen un estatuto para proteger a los “Refugiados del Hambre”.
“Pedimos al Consejo de DDHH de la ONU, admita el Derecho a la No Expulsión provisoria de los países de acogida de quienes huyen del hambre a raíz de guerras o catástrofes naturales, hasta tanto desaparezcan las condiciones que los obligaron a abandonar sus países de origen”, agrega Ziegler.
Junto con la propuesta los expertos revelaron nuevas estadísticas que muestran una situación de alarma: “Casi mil millones de personas están mal alimentadas en el mundo, de las cuales 37 mil fallecen diariamente, y un niño menor de 10 años muere de hambre cada tres segundos.
“Existen 2 mil 200 millones de personas en el mundo que viven en la extrema pobreza, con menos de 1.25 dólares por día y no tienen acceso a las materias primas alimenticias por el aumento de los precios del arroz, el maíz y el trigo, por ejemplo, debido a las especulaciones de la bolsa, que tendrían que prohibirse”, dice el pronunciamiento.
Ziegler afirma que “es urgente una masiva reforma agraria que otorgue a los campesinos acceso a la tierra, de Honduras a Bangladesh, y hay que terminar con los subsidios de los países ricos a su agricultura, que permita fijar precios muy bajos para sus productos contra los que no pueden competir los países pobres”.
De igual forma, el pronunciamiento denuncia que en Europa se ha gastado más dinero salvando bancos que en alimentación y miles de “refugiados del hambre” huyen de África en busca del continente europeo donde los espera una expulsión.
Colombia no escapa a esta monstruosa tragedia humana, puesto que el éxodo del campo a las ciudades, por la acción del gamonalismo y de la apropiación irracional de las mejores tierras por quienes detentan el poder respaldados por un Estado fallido, creó en las ciudades cinturones de familias desprovistas de lo elemental para alimentarse y disponer de los elementos básicos para una vida medianamente digna.
Para el caso de Cartagena, la situación es patética: de las barriadas pobres salen niños mendigos, víctimas de una injusticia en una ciudad que es gobernada por las mafias políticas al servicio de la privatización y del robo de los fondos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de los barrios, a la salubridad, a crear redes de producción agrícola. Los funcionarios públicos de esta ciudad, son hoy sirvientes de los grupos privatizadores de todo lo que el Estado debería sostener bajo el criterio de lo público.
Si la ONU responde al pronunciamiento de expertos como Ziegler, una de las primeras comunidades que debería ser atendida con carácter de urgencia es la Cartagena empobrecida y acorralada por el neoliberalismo.
