Ordenan a Nación indemnizar a falsos acusados

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La fallecida Mercedes Úsuga militante de la Unión Patriótica pagó varios años de cárcel por la masacre de La Chinita. Años después el Estado reconoce que era inocente. Foto VOZ.

Tribunal reconoce que hubo graves errores en investigación de la masacre de La Chinita en Antioquia. Cerca de cien personas inocentes pagaron penas entre tres y 11 años por un crimen que no cometieron, por fiscal corrupta y testigos comprados

La fallecida Mercedes Úsuga militante de la Unión Patriótica pagó varios años de cárcel por la masacre de La Chinita. Años después el Estado reconoce que era inocente. Foto VOZ.
La fallecida Mercedes Úsuga militante de la Unión Patriótica pagó varios años de cárcel por la masacre de La Chinita. Años después el Estado reconoce que era inocente. Foto VOZ.

Kikyō

La nación colombiana (Fiscalía y Rama Judicial) es responsable administrativa y comercialmente por los daños y perjuicios, tanto materiales como patrimoniales, ocasionados a las personas injustamente detenidas y condenadas por la masacre ocurrida en enero de 1994 en el barrio La Chinita de Apartadó. Por este motivo la nación deberá indemnizar a los demandantes por perjuicios morales subjetivos. Así lo determinó el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.

“Es decir: se confirmó que hubo un gran error de la Justicia, que hubo testigos pagados. El Ejército y la Fiscalía aprovecharon esa masacre como una avanzada en el extermino de la Unión Patriótica en la región, teniendo en cuanta que reunía mucha fuerza en varias regiones de Antioquia y en los sindicatos. Aprovecharon esa masacre con testigos falsos, para meter a la cárcel y condenar a la gran dirigencia de la Unión Patriótica en la región”, señaló Ramiro Orjuela, abogado de algunas de las víctimas, quien lleva el caso desde su inicio.

Los hechos

En la madrugada del 23 de enero de 1994, cuando finalizaba la verbena popular, un grupo de hombres armados ingresó al barrio de invasión conocido como barrio Obrero o La Chinita de Apartadó, disparó contra los presentes causando la muerte a 35 personas y dejando 12 lesionados. Todas las víctimas formaban parte del grupo recién formado Esperanza, Paz y Libertad, conformado por reinsertados del EPL.

La investigación

Para investigar los hechos, el fiscal general de la Nación conformó una comisión especial integrada por los entonces llamados fiscales regionales (sin rostro) adscritos a la entonces Dirección Regional de Fiscalías de Bogotá, cuyos miembros se desplazaron al Urabá antioqueño y se instalaron en la XVII Brigada del Ejército con sede en Carepa (Antioquia). Dicha comisión estaba encabezada por la fiscal Clemencia García de Useche, quien años después fue condenada por vínculos con el narcotráfico.

Esta comisión presentó el testimonio del testigo Manuel Francisco Bolívar Durango, entre otros, quien confesó su supuesta participación en la masacre. Además señaló a varias personas, quienes fueron condenadas a penas de aproximadamente 50 años. Todos pertenecientes a la Unión Patriótica, incluso algunos con cargos públicos.

Falso testigo

A pesar de la confesión de Bolívar Durango, éste no fue condenado y solo hasta el año 2004, por presión de los abogados defensores, entre ellos Ramiro Orjuela. ¿Por qué no estaba detenido si había confesado su participación en la masacre?

En declaración a la Fiscalía luego de ser capturado y al verse condenado a 50 años, este hombre confesó: “…Les di un falso testimonio, es que ellos me iban nombrando personas y yo les iban diciendo que sí…, era la fiscal Useche y otra …ellas me preguntaban y me mostraban la lista …yo señalé como nueve personas… y en un expediente que yo tengo …aparecen como 35 personas …yo no conocía a ninguna de las personas que señalé como partícipes de la masacre …yo no estuve en esa masacre… la Fiscal me prometió que si yo colaboraba me sacaban del país… la Fiscal… me prometió plata si yo señalaba las personas de la lista…”.

Por las irregularidades que se presentaron en toda la investigación, el 20 de junio de 2005, después de largos años de prisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar la prescripción de la acción penal y dispuso la libertad de los procesados.

La Fiscalía inició de nuevo investigación y el 31 de enero de 2006 la unidad de fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín, después de hacer un análisis fáctico y constatar que estaba plenamente demostrado que los implicados en la investigación por la masacre ocurrida en La Chinita no habían cometido los homicidios múltiples, resolvió decretar la preclusión de la investigación a favor de los detenidos.