La Instancia Especial de Mujeres, con apoyo de ONU Mujeres, logró elaborar su informe y proyectar mejoras para 2025. Se necesitan ajustes normativos y mayor participación femenina
Anna Margoliner
@marxoliner
La Instancia Especial de Mujeres presentó su informe anual como mecanismo de seguimiento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz. Este informe destacó los desafíos actuales, especialmente para mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que enfrentan obstáculos estructurales derivados de un sistema patriarcal, racista, colonialista y machista.
A pesar de estos retos, las mujeres han desempeñado un papel activo desde antes de la firma del Acuerdo, asegurando que sus experiencias y necesidades sean incorporadas en la construcción de una paz estable y duradera.
El documento reconoce en la política de “Paz Total” del Gobierno una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad de la paz y la participación efectiva de las mujeres en negociaciones territoriales, rurales y urbanas. Esta estrategia refleja las demandas históricas de los movimientos de mujeres y la población LGBTIQ+, promoviendo una paz transformadora que desestabilice las condiciones estructurales de violencia y subordinación.
Para lograrlo, es crucial no solo cumplir con lo pactado, sino también fortalecer las instituciones, fomentar el diálogo entre gobiernos y garantizar la participación activa de la sociedad civil, incluyendo a todas las expresiones de mujeres.
Desde la voz de las mujeres
Zulia Romero, representante de la Instancia Especial de Mujeres por la dupla indígena, destacó una de las recomendaciones del Informe que hace referencia a la importancia de fortalecer las alianzas entre mujeres indígenas y negras: “Es urgente promover el intercambio de experiencias y visibilizar los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos negras e indígenas, su inclusión en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Defensoras y la desagregación de la información para reconocer las diferencias entre ser mujer indígena o negra, atendiendo las violencias de raza y género que las atraviesan de manera diferencial”.
Por su parte, Dilcia Benítez, otra de las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres, subrayó los avances en el Punto 2 del Acuerdo, frente a la participación política. En ese sentido, expresó que “En el Informe reconocemos avances en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, particularmente en la incorporación de enfoques de género y perspectivas feministas en la seguridad. Esto permite una visión diferenciada que aporta a la seguridad humana propuesta por el Gobierno.
»También valoramos el reconocimiento de los mecanismos comunitarios de protección, como las guardias indígenas y campesinas, y la reactivación del SISEP. Sin embargo, persisten desafíos importantes como la presencia de actores armados y la necesidad de fortalecer la articulación y monitoreo del SISEP para que sea un mecanismo realmente efectivo”.
Benítez también señaló que “Para garantizar una implementación efectiva de las medidas de género del Acuerdo Final de Paz, el Estado colombiano y sus instituciones, como principales responsables, deben superar varios desafíos. Entre ellos, la burocracia, que sigue dificultando un avance ágil, humano y transparente.
»Aunque el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos por posicionar el enfoque de género, persisten debilidades en todo el aparato institucional con competencia en la implementación para reconocer y abordar efectivamente las brechas de género”.
Materializar es un reto
Asimismo, la falta de articulación entre las instituciones estatales limita el desarrollo de respuestas efectivas a las problemáticas que enfrenta el Acuerdo. Por ello, resulta imperativo sumar esfuerzos técnicos, financieros y estratégicos en una apuesta de articulación interinstitucional que conecte el nivel nacional con los territorios.
Para dar cierre a este análisis, se destaca un mensaje de alerta sobre el estado actual de la implementación del Acuerdo de Paz. Más allá de los compromisos en el papel, su materialización exige voluntad política, recursos y un enfoque integral que responda a las realidades de los territorios. La paz no puede medirse solo en normativas y planes, sino en las condiciones concretas de quienes confiaron en el proceso y hoy enfrentan riesgos crecientes.
En este contexto, Yaquiline Mejía, también integrante de la Instancia Especial de Mujeres, mencionó que “Implementar el Acuerdo de Paz en todos sus componentes es fundamental para garantizar su cumplimiento, a ocho años de su firma. Sin embargo, vemos con preocupación la falta de garantías en materia de seguridad en el país: firmantes asesinados, familias desplazadas, el impacto desproporcionado sobre las mujeres por el aumento de la violencia y la pérdida de proyectos liderados por la población firmante. La situación es crítica y el futuro del acuerdo sigue siendo incierto”.
Un camino que se construye
A pesar de la voluntad de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz para financiar y sostener las instancias de seguimiento, en 2024 surgieron obstáculos administrativos en la contratación pública con organizaciones de la sociedad civil, lo que afectó gravemente a la Instancia Especial de Mujeres.
Estos problemas impidieron la realización de encuentros secuenciales con entidades implementadoras, la organización de reuniones territoriales para escuchar a las mujeres y la cualificación del equipo comunicativo para difundir las conclusiones del informe 2023. Estos desafíos resaltan la necesidad de ajustes normativos que faciliten el acceso a recursos y eliminen intermediarios que obstaculizan los procesos organizativos.
Pese a estas dificultades, las diecisiete integrantes de la Instancia lograron elaborar el informe gracias a su experiencia y capacidad de incidencia. Además, el apoyo estratégico de ONU Mujeres permitió resolver los problemas de contratación y proyectar un mejor despliegue territorial para 2025, así como preparar la elección del próximo grupo de mujeres que conformará la Instancia. Este esfuerzo subraya la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos que garanticen la participación efectiva de las mujeres en la implementación del Acuerdo de Paz.
