La movilización popular es la forma para detener el golpe blando, llámese lawfare, sabotaje político o investigación del CNE
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
“Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”. Así comenzó el presidente Petro su mensaje de la semana pasada en el que, sin pelos en la lengua, advirtió que la apertura del expediente por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su contra, no es otra cosa que el inicio del golpe blando.
De forma inmediata, las voces más recalcitrantes de la derecha salieron a acusar al presidente de delirante, por inventar supuestas conspiraciones, y de incendiario, por atizar el odio y la polarización. Por supuesto, la histeria desatada en los medios corporativos no fue sino la demostración de que por más que se esfuerzan en mentir y sabotear, no logran ganar la batalla del relato.
Expediente chimbo, precedente peligroso
El problema de la apertura del expediente contra el presidente Petro ─en su calidad de candidato─ por parte del Consejo Nacional Electoral, algo a todas luces inconstitucional, no es tanto la violación al fuero presidencial como el efecto político que se busca provocar. Por simple trámite legal, un procedimiento como el que se pretende adelantar tiene todas las posibilidades de ser declarado nulo en algún momento procesal. Eso lo saben los estrategas de la ultraderecha. Es un procedimiento que está condenado a morir.
El verdadero propósito es utilizar el proceso contra Petro para hacer todo el ruido posible con la entusiasta resonancia de los medios corporativos y forzar la apertura de un juicio político por indignidad en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, única instancia que puede investigar al presidente. El objetivo no es sancionar o multar a Petro, el fin es debilitar al Gobierno, ponerlo a la defensiva, quitarle la iniciativa política y, si es posible, tumbarlo. Algo similar a lo que hicieron con Ernesto Samper en los años 90.
Par de joyas
El otro aspecto oscuro de todo el proceso adelantado por el CNE es el de los magistrados responsables. No está de más recordar que el CNE, máxima instancia del Poder Electoral, es un organismo elegido por el Congreso y sus miembros suelen ser políticos de carrera que quedaron rezagados en la última competencia electoral. Es el caso de los dos responsables del proceso contra el presidente: César Lorduy, elegido por Cambio Radical, y Álvaro Hernán Prada, por el Centro Democrático.
El primero es un reconocido alfil de la casa Char. Elegido en 2018 a la Cámara de Representantes por el Atlántico, en fórmula con Arturo Char. En 2022, se quemó en las elecciones al Senado para caer parado con su elección como magistrado del CNE ese mismo año. En 1979 se vio involucrado en un sórdido episodio, cuando asesinó a la joven Alicia Mercedes Ribaldo. Aunque el caso prescribió, la familia de la joven aún insiste en que aquello se trató de un asesinato premeditado y no de un accidente.
La apertura del proceso contra el presidente hizo que se desempolvaran algunas noticias como la denuncia hecha hace un año por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, cuando acusó a Lorduy de acoso sexual, así como numerosos señalamientos por corrupción. Por ello, el propio presidente ha pedido a Lorduy que renuncie a su cargo como magistrado debido a los graves cuestionamientos que hay sobre la honorabilidad de su nombre.
Álvaro Hernán Prada también fue elegido en 2018 representante a la Cámara por el Huila y, en 2022, se quemó, para ser elegido luego magistrado del CNE como cuota del Centro Democrático. Aún sigue abierto en la Corte Suprema de Justicia el proceso penal en su contra por el mismo caso de soborno a testigos que tiene a su jefe, Álvaro Uribe, a las puertas de la cárcel. Al parecer, Prada formó parte de la trama de sobornos, cartas falsas y declaraciones mentirosas que buscaban evitar que el expresidente fuese vinculado con las masacres de El Aro y La Granja.
No es un capricho, por tanto, señalar la evidente inhabilidad que tienen los dos magistrados para adelantar una investigación medianamente imparcial contra la campaña del Pacto Histórico de 2022. Y con decir esto no se incurre en una falacia ad hominem, es decir, que desvirtúa el argumento por quién lo dice. Es que este par de impresentables están impedidos ética y políticamente. Ello, por supuesto, es un problema derivado de la forma como está diseñado el CNE. Seguramente los constituyentes de 1991 actuaron de buena fe, pero crearon un engendro politiquero que debe ser urgentemente reformado si queremos tener un sistema electoral moderno y confiable.
Cómo derrotar el golpe blando
¿Qué significa la movilización popular? Una vez aclarado el carácter político y no jurídico de la decisión del CNE, lo cierto es que estamos ante un pulso de poderes que, dependiendo de cómo se dirima, puede definir los próximos diez años en la política colombiana. Por un lado, están los poderes establecidos que reúnen a la derecha y la ultraderecha política, los medios corporativos de comunicación, buena parte del empresariado, los latifundistas y el capital financiero. Por otro lado, el Gobierno del cambio y el pueblo movilizado.
El “ambiente de caos” que quieren crear y por el que llevan luchando dos años, no logra concretarse. A la catarata de desinformación se le suman acciones de lawfare, oposición de las Cortes a las medidas del Gobierno y una acción parlamentaria claramente saboteadora y obstruccionista. Pero nada. Petro no baja en las encuestas y, cada vez que sale a los territorios, es recibido por la gente como un rock star.
El cambio avanza y los viejos poderes retroceden. Por ello, esta acción inconstitucional del CNE es el más reciente intento por enlodar la imagen del presidente y fabricar el consenso necesario para animar a la Comisión de Acusación a iniciar un proceso en su contra. En ese contexto, la masiva y constante presencia popular en las calles es fundamental para que el mensaje quede claro: No pasarán.
