En Privenoc y El Descanso, departamento del Cesar
Juan Carlos Hurtado F.
Después de un mes de negociaciones entre Drummond y Sintramienergética, los resultados son desalentadores porque la empresa no hace ofrecimientos aceptables en los puntos neurálgicos del pliego.
Los temas en los que no se avanza son los referentes a la aplicación integral de la normatividad de seguridad industrial para mejorar la salud y vida de los trabajadores, ya que en 18 años de explotación minera han fallecido alrededor de 20 trabajadores por accidentes de trabajo y se encuentran lisiados aproximadamente 800.
Sintramienergética explica que igualmente en la contratación directa de mano de obra la empresa no muestra mayor interés, pues aproximadamente el 65% de los trabajadores que laboran en la cadena productiva para esta empresa -tanto en la mina como en el puerto-, son subcontratados a través de otras transnacionales como Gecolsa, Caterpillar, National Truck Service, NTS, Trateccol, Dimantec, entre otras.
Asimismo, los ofrecimientos para auxilios económicos y sociales solo se hacen en aquellos puntos en los cuales el trabajador se beneficia muy esporádicamente. Igualmente la empresa mantiene su política de agresión contra sus trabajadores y dirigentes sindicales al no reintegrar a quienes ha despedido injusta e ilegalmente por haberse atrevido a exigir mejores condiciones de trabajo.
Pese a las multimillonarias ganancias que ha obtenido esta empresa con la extracción de carbón a cielo abierto que destruye el medio ambiente, la agricultura, provoca desplazamiento forzado, afecta la cultura ancestral de las comunidades; sus ofrecimientos para los salarios de los trabajadores son irrisorios y no se compadecen con la jornada de día y medio laboral, es decir, 12 horas de trabajo, que desgasta a un trabajador en cinco y ocho años, dejándolo inservible y desprotegido.
Además, “la mayoría de la dirigencia sindical en Drummond, así como miembros de la dirección de Funtraenergética, se encuentran amenazados de muerte por grupos paramilitares en desarrollo de la política de terrorismo de Estado en Colombia, así lo confirma el aleve atentado contra Rubén Morrón. A pesar de las amenazas hechas sobre el equipo negociador continuamos afrontando esta lucha por la defensa del pliego de peticiones y las reivindicaciones laborales y sociales de la clase obrera y las comunidades”, concluye un comunicado de la organización sindical.
