Los heridos fueron: Luis Alberto Chasoy, afiliado al Cabildo Inga y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Portal, en la axila izquierda por disparo de fusil, y David Campo Verde de nacionalidad ecuatoriana, en su extremidad inferior izquierda por disparo de fusil.
Carolina Tejada
El pasado 8 de julio, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos, le dirigió una carta a la mesa de diálogos de La Habana y a la comunidad internacional, con el fin de alertar sobre los graves hechos en los que resultaron heridos varios campesinos de la región. Las organizaciones sociales afirman que estas acciones han sido sistemáticas y que violan el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de sus habitantes.
Ejército no respeta
Según informa la comunidad, estas situaciones se han venido presentando después de la puesta en marcha de la implementación de la Política Antidrogas en el Putumayo.
A inicios de este mes, en la Vereda el Portal, Corregimiento Teteyé del municipio de Puerto Asís, se presentaron hechos violentos que denuncian en la misiva y que reflejan esa preocupación.
En este documento relatan que el Ejército Nacional del batallón de Artillería de Santa Ana, hizo presencia en la Finca de un campesino, habitante de la vereda, allí retuvieron ilegalmente a 12 campesinos, entre ellos el dueño de la finca. Las personas estuvieron amedrantadas en poder de los militares por cerca de una hora, sin justificación alguna.
Las comunidades también denunciaron que minutos después, otro campesino que llegó a la finca donde estaban los soldados con el fin de sacar unos tambores vacíos que le habían prestado, fue víctima de ametrallamientos por parte de los militares. “Sin mediar palabra le abrieron fuego, las ráfagas afectaron a otro grupo de pobladores de la vereda. Cerca al lugar de los disparos, a unos 40 metros, hay una casa en la cual se encontraban menores de edad”. Igualmente relataban que: “Tan pronto los mismos soldados se percataron de que habían herido a dos campesinos; estos salieron corriendo, sin brindar la adecuada atención medicada. Varios testigos de la comunidad afirman que minutos antes habían visto a los soldados consumiendo sustancias alucinógenas”.
Doblemente victimizados
Ante esta situación, y ante la ausencia de ambulancias en el centro de salud, la comunidad, de manera inmediata se comunica con la Red de Derechos Humanos del Putumayo, informando lo sucedido y solicitando apoyo para el traslado de los heridos al centro de salud más cercano. La red hizo la respectiva gestión y se trasladaron los campesinos en una camioneta hasta el río Putumayo donde una ambulancia los recibió.
Los heridos fueron: Luis Alberto Chasoy, afiliado al Cabildo Inga y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Portal, en la axila izquierda por disparo de fusil, y David Campo Verde de nacionalidad ecuatoriana, en su extremidad inferior izquierda por disparo de fusil. Mientras eran atendidos en el hospital, el Ejército fuertemente armados y la Policía Judicial adscrita a la Brigada 27, ingresaron a la sala de emergencias persuadiendo e intimidando a los pacientes heridos. El Ejército les exigía firmar un acta de buen trato por parte de su batallón, según comenta la familia, también los intimidaron y trataron mal.
Entrada la tarde, la fiscal especializada de Puerto Asís, asistió al hospital en aras de verificar la legalidad de la captura justificada en la orden de trabajo presentada por el Ejército a través de la policía judicial, en donde afirman que: “los habían capturado en la Vereda el Portal y que la comunidad había puesto resistencia y se habían generado enfrentamientos por lo cual ellos salieron heridos”, según cuenta el comunicado.
Finalmente, aseguran que a las ocho de la noche, sin notificarles de las acusaciones y de las supuestas capturas y sin leerles los derechos, la fiscal hace que los dos campesinos firmen la entrevista referente a la captura.
Las demandas de la comunidad
En la misiva que se envió a la mesa de dialogo en La Habana, las organizaciones sociales exigían una investigación que: “individualice y sancione las graves violaciones de derechos humanos (…) se respete el derecho fundamental a la Libertad y la presunción de inocencia de quienes en la actualidad ostentan en la calidad de víctimas, Luis Chasoy y David Campoverde”.
Igualmente pedían una mesa de verificación que: “garantice el respeto a los derechos humanos a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que tienen la voluntad de sustitución de los cultivos de uso ilícito”.
