Yuveli Muñoz
La migración es un fenómeno con el que los y las colombianas nos relacionamos cotidianamente. Resultaría complicado encontrar a cualquier compatriota que no haya vivido la migración en sus propias carnes o en su entorno. Sin embargo, y aunque el Gobierno del cambio ha dado pasos importantes en este ámbito, la migración no termina de ocupar en el debate público un lugar parejo al de su relevancia social.
En las últimas décadas, la dinámica emisora de migración ha cambiado de forma sensible, incrementándose la llegada de población extranjera al país de forma muy significativa. Así, mientras que los datos del censo elaborado por el Dane en el año 2005 situaban el número total de residentes extranjeros en Colombia en 117.431, en 2021 arrojaba unas cifras de 2.192.367 personas. Un incremento del 1.866,94%.
Además, el papel de Colombia como lugar de tránsito en las rutas migratorias que atraviesan América Central hasta los Estados Unidos se ha visto incrementado en los últimos años. Especialmente grave es la situación en el llamado Tapón del Darién (frontera con Panamá), por donde cruzaron hasta septiembre de 2023, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, cerca de 330 mil personas, una cifra sin precedentes.
Las cifras apuntadas son lo suficientemente elocuentes para comprender la trascendencia del fenómeno migratorio en nuestro país. Tras ellas se encuentran, primero, las causas estructurales de la migración, todas incompatibles con una vida digna en el lugar de origen; y, segundo, las crisis humanitarias que estas personas padecen tanto en su destino final, como en las etapas que le llevan a él.
El tratamiento mayoritario que de la migración se realiza tampoco ayuda a mejorar la situación, siendo, en muchas ocasiones, combustible para la xenofobia y no un medio para tomar conciencia de que en nuestro país hay personas sin ningún derecho y que pueden tener una gran importancia en el desarrollo colectivo.
Actualmente, las personas migrantes en Colombia se enfrentan a situaciones que las sitúa como un núcleo de población vulnerable y con alto riesgo de exclusión social y laboral. Las dificultades para regularizar su situación en el país conducen con facilidad a situaciones de abusos e indefensión laboral; a asumir puestos de empleo en condiciones precarias y con escasa capacidad de reivindicación laboral ante el riesgo permanente de pérdida de empleo. En otras ocasiones, la imposibilidad de contar con un puesto de trabajo en condiciones legales empuja a los migrantes a asumir puestos de empleo de trabajo informal, incluso en actividades ilícitas.
En este sentido, supone un gran avance, desde lo institucional, que uno de los objetivos principales del proyecto de reforma laboral, recientemente radicado, sea la formalización del empleo de los trabajadores extranjeros, superando la barrera de todos los tipos de discriminación que los empuja a la informalidad. Una medida que, así mismo, dotaría a la fuerza laboral del país de un gran contingente de mano de obra.
No se ha de olvidar que las personas migrantes contribuyen decisivamente al crecimiento de la economía del país, generando beneficios e impactos positivos para la nación, tales como el aumento de la fuerza laboral disponible en el mercado formal, los aportes a la seguridad social, la tributación y en términos generales la creación de ingresos. Sin embargo, esto solo es alcanzable desde la perspectiva del trabajo digno y decente, con los derechos del trabajador en el centro.
