Después de dos años en el gobierno, Giorgia Meloni busca concretar el proyecto que, en realidad, fue de Berlusconi: la creación de un neoliberalismo autoritario que llevará a Italia directamente a una fase de involución autocrática y autoritaria de nuestra democracia
Anna Camposampiero
Especial para VOZ
Enrique del Teso Martín nos recuerda que la nueva ultraderecha en Europa quiere “ocupar” la democracia a través de la propaganda, la ocupación de los espacios mediáticos ─en Italia la televisión pública la llamamos ya “teleMeloni”- y la utilización de un lenguaje populista que ilusiona el electorado.
Meloni y sus aliados pretenden cambiar la Constitución italiana, que JP Morgan calificó en 2001 de “demasiado democrática”. En este mismo año, se hizo el primer cambio ─el Partido de la Refundación Comunista fue el único que votó en contra─ del llamado Título V de la Constitución, que regula las competencias regionales y las atribuciones de materias, debilitando así el control del Estado.
El proyecto continuó con las reformas de las leyes electorales que afectan la participación e impulsan los recortes de las políticas sociales, y hoy quieren concluir, por un lado, con el proyecto de la llamada “autonomía diferenciada” que, de hecho, dividirá el país en dos, una parte que será más rica y otra ─el Sur─ que será más pobre y, por el otro lado, con el proyecto del llamado “primeriado”.
Ambos proyectos, junto con la ley de seguridad que los acompaña, ponen en crisis el modelo de democracia y de sociedad que prevé la Constitución italiana nacida de la Resistencia.
Romper la unidad de la República y la Constitución
El proyecto de “autonomía diferenciada” socava la unidad de la República, generando una especie de “Ius Domicilii”: en dependencia de dónde eres residente tendrás más o menos derechos. A las veinte regiones de Italia se les otorgarán competencias exclusivas en más de 23 materias fundamentales, que incluyen energía, normas laborales, seguridad en el trabajo, educación, salud, solo para nombrar las más relevantes.
Este proyecto es ya ley, pero se ha formado un frente amplio con todas las fuerzas demócratas y progresistas, políticas y sociales, para hacer un referendo derogatorio. La norma italiana prevé que se recojan al menos 500.000 firmas para proponer el referendo. En un mes y medio, en pleno verano, se han recogidos 1.300.000 firmas. Algo que nos da esperanza.
El segundo proyecto que Meloni quiere implementar es el llamado “primeriado”: la elección directa del jefe del Gobierno directamente por el pueblo, ¡es decir la elección directa del jefe del organismo ejecutivo! Algo que no existe en ningún país ─solo se propuso en 1996 en Israel y se eliminó en el 2001─ y que vuelca por completo el ordenamiento italiano. Italia es una República parlamentaria.
El pueblo elige el parlamento; este a su vez aprueba el jefe del Gobierno y el Consejo de los Ministros. El segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución italiana establece claramente que “la soberanía pertenece al pueblo”. Meloni vuelca esta proposición y, al final, quien “gana”, gana todo y no hay ningún espacio para un eventual diálogo con la oposición por el beneficio del país. Como en parte ya es con la ley electoral que tenemos, conocida como “mayoritario” que de hecho regala escaños a quienes tienen la mayoría de los votos, para permitir así una “estabilidad”.
La represión preventiva
La reivindicación del hombre o la mujer fuerte al mando rompe con la idea de democracia conflictiva y social deseada en nuestra Constitución, con la cual, tras la segunda guerra mundial y la dictadura fascista, los constituyentes querían indicar una transformación de la sociedad, tanto personal como colectiva. En cambio, el gobierno Meloni quiere construir una sociedad que gira en torno a la figura del líder y del enemigo.
A los cambios radicales del sistema democrático italiano arriba mencionados se acompaña una ley de “seguridad” represiva y limitante de las libertades, al punto que la misma Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, ha declarado que “la mayoría de las normas podrían afectar los principios fundamentales del derecho penal y del estado de derecho y obstruir a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En una sola ley han introducido 24 nuevos delitos ─entre los cuales el eco-terrorismo─, circunstancias agravantes y penas más severas. Emblemática es la norma que criminaliza una forma tradicional de lucha no violenta como son los bloqueos de carreteras y vías férreas, típicos de los conflictos obreros y comunitarios, y que pasa de ser una infracción administrativa a un delito penal castigado con penas de prisión de seis meses a dos años.
Es un error pensar que estas regulaciones liberticidas sólo afectan a pequeñas minorías. Quieren reducir los derechos y libertades democráticas de todos y todas. Quieren golpear a los sindicatos, asociaciones, movimientos sociales.
El gobierno Meloni está en guerra con los migrantes, los pobres, los que no están de acuerdo.
Ya se están organizando marchas, resistencias, protestas, pero nos espera una lucha muy dura, y lo que falta en este momento es una real unidad en contra del Gobierno y de todas estas medidas. ¡Vamos trabajando en esto!
* Dirigenta de Rifondazione Comunista de Italia
