El pasado 20 de agosto ante el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía pidió que sea condenado el mayor de la Policía Héctor Edison Castro Corredor como autor del delito de homicidio agravado y secuestro agravado de siete jóvenes, presuntamente miembros del frente Antonio Nariño de las FARC en 1996.
En esa época fueron hallados los cuerpos de Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno, quienes habían sido muertos y posteriormente incinerados con llantas para no ser reconocidos. Los cuerpos aparecieron en el sector Mondoñedo, al suroccidente de Bogotá. Otras de las víctimas son Federico Quesada y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, quienes fueron asesinados mediante disparos de arma de fuego en las localidades de Kennedy y Fontibón.
Durante la diligencia, el fiscal del caso presentó argumentos y pruebas que sustentaron la responsabilidad del entonces teniente Castro Corredor. Según los resultados de la investigación, para esa época, el oficial tenía bajo su responsabilidad el grupo dedicado a la búsqueda de subversivos en la Dijin y era él quien desde 1995 tenía conocimiento sobre la investigación adelantada por el atentado a la Estación de Kennedy, que incluyó la identificación e individualización de los insurgentes de la red urbana de las FARC, a la cual pertenecían presuntamente las víctimas.
El ente acusador recordó que con las declaraciones rendidas en 2001 por Chitiva González y el padre de una de las víctimas, se logró, entre otras pruebas, la condena de José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferleín Alfonso Pineda a 40 años de prisión y multa de 1200 salarios mínimos legales vigentes como autores de las conductas delictivas mencionadas. Incluso, aseguró el Fiscal, el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia les dio plena credibilidad. Luego de estas declaraciones, William Nicolás Chitiva González y dos de sus hijos fueron asesinados en Cúcuta y Bogotá.
La parte civil, presentó un documento en donde cuestiona al despacho manifestando que los aplazamientos de las audiencias son una burla a las víctimas y a la comunidad internacional de derechos humanos De la misma manera realizó una petición para variar la calificación y tipificarlo como un delito de lesa humanidad.
En cuanto a la petición de tipificar la masacre de Mondoñedo como un delito de lesa humanidad, el despacho no accedió, sin embargo, manifestó que no habrá prescripción por negligencia de este.
