Luisa Zúñiga
El municipio de Íquira-Huila presenta problemas de sobrepoblación desde hace más de una década; al ser un municipio ubicado en las estribaciones de la cordillera central, anualmente sufre deslizamientos de montañas; caída de bancas y taponamiento de vías, lo que ha causado que cientos de familias íquireñas provenientes de la zona rural y de tradición campesina tengan perdidas incalculables; hoy por hoy, se encuentran sin el acceso a la vivienda digna, provocando hacinamiento en el casco urbano; con las consecuentes calamidades que ello genera, en lo que respecta la salud pública; problemas de convivencia; daños a la salud mental; rupturas sociales y económicas.
Frente a este panorama, las familias desplazadas por la ola invernal acudiendo a las entidades públicas para solicitar ayuda y garantizar su supervivencia y la de sus familias, acordaron con la Administración Municipal en curso, subsidios para vivir en arriendo y alimentos de manera provisional mientras se encontraba un lote apto para la construcción de viviendas de las familias desplazadas. Esta situación de insatisfacción social llegó a sus límites, el día en que el niño José Mauricio Guagas Barrios con cinco años de edad, falleció atrapado durante el deslizamiento de la montaña, que llevó a la pérdida total de la vivienda donde vivía con su familia.
Este lamentable suceso llevó a la familia de José Mauricio Guagas Barrios y a la población afectada por la ola invernal, a que tomaran la decisión de buscar un lugar en condiciones aptas para tener una vivienda digna y poder realizar sus proyectos de vida. Es así como el día de 6 de abril más de 200 familias tomaron de manera pacífica, un predio en el área periurbana del municipio Íquira-Huila, que lleva más de 12 años abandonado desde que su dueño falleció sin dejar herederos.
Alexander Ospina, campesino desplazado por la ola invernal manifiesta que todas las personas que tomaron un lugar dentro de esta finca, fueron desplazados por la ola invernal, con hogares con más de tres hijos; padres y abuelos adultos mayores; población indígena; víctimas del conflicto armado; y personas con discapacidad.
A la fecha la Administración Municipal no ha hecho ningún tipo de acercamiento pacífico para establecer diálogos con las familias; por el contrario, han sufrido hostigamiento por parte del ESMAD, desalojando a las familias de manera violenta, dejando lesionado a un niño por la acción de una granada aturdidora; esta situación preocupa a la población que se encuentra en el predio, puesto que la Administración Municipal no tiene interés en garantizar el derecho a la vivienda digna. Por ahora, ellos continuaran en el predio, forjando sus viviendas, adelantando todos los procesos jurídicos para luchar por sus viviendas y haciendo llamado al Gobierno Nacional y a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos.
