El uso de un lenguaje estigmatizador por parte de los medios de comunicación oficialistas contra el movimiento social sería el primer paso de una estrategia para lograr excluirla del panorama político, seguido de desapariciones forzadas, asesinatos y judicializaciones. No hay garantías
Redacción DD.HH.
El pasado 20 de enero, el movimiento social Marcha Patriótica denunció la persecución política de que ha sido víctima en tres años de existencia, durante los cuales han sido asesinados 29 de sus integrantes, 3 han sido desparecidos y 45 encarcelados.
Por ello, el movimiento social en mención en rueda de prensa informó que para proteger la vida de sus integrantes está considerando seriamente su disolución. “Marcha Patriótica, en el día de hoy y durante todos estos días, nos hemos estado cuestionando si lo que va a ocurrir es un extermino y que entráramos nuevamente a lo que se conoció como el genocidio de la Unión Patriótica”.
“Hemos encontrado una intolerancia total, un Establecimiento que se resiste a aceptarnos como nación, a aceptarnos como parte de la construcción de esta nueva sociedad que está pariendo con mucho dolor. Nosotros le preguntamos al Presidente de la República si es posible hablar de democracia con el extermino de un movimiento que apenas está naciendo, si es posible hablar de posconflicto con la desaparición del movimiento Marcha Patriótica”.
“Nosotros hemos tomado la decisión de entrar en consulta pensando si es posible continuar o si lo que se quiere para proteger la vida de la gente y nuestro proyecto será llevar a cabo la desilusión de la Marcha. Es una decisión muy difícil porque no es precisamente nuestro compañero permanente el miedo, sino un afán por encontrar un nuevo país. Lo fundamental en un proceso de paz es hacerlo creíble, y no puede serlo cuando muchos de los militantes de la oposición están siendo aniquilados”, sostuvo Piedad Córdoba.
Estigmatización y judicialización
Marcha Patriótica realizó una investigación con la recopilación de datos y ha confirmado un plan de exterminio contra este naciente movimiento.
Según las denuncias realizadas se han identificado varios patrones de persecución como el lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos con el objetivo de criminalizar al movimiento; amenazas directas por parte de los grupos militares y paramilitares a líderes y organizaciones sociales integrantes de Marcha; asesinato y desaparición forzada de sus dirigentes en todo el país; detenciones arbitrarias de sus integrantes y montajes judiciales, y los reiterados intentos de darle muerte política a ella como una de sus voceras, tal como ocurrió con la decisión de la Procuraduría que la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos.
La Marcha Patriótica ha recibido al menos 25 casos de amenazas individuales y colectivas por parte de militares y grupos paramilitares en todo el país. Los asesinatos han ocurrido en Putumayo, Soacha, Nariño, Cauca, Guaviare, Córdoba, Norte de Santander, Arauca, Fusagasugá, Tolima, Huila, Quindío y Chocó.
En cuanto a la detención de los directivos y líderes de la Marcha Patriótica, luego del paro agrario se han intensificado los montajes judiciales, que han llevado a la cárcel a varios líderes como Húbert Ballesteros, dirigente agrario y sindical, miembro de Fensuagro, quien fue detenido en agosto de 2013.
Wilmar Madroñero Velazco, también dirigente campesino de la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo, fue detenido el 23 de octubre de 2013; y más recientemente el profesor universitario Francisco Javier Toloza Fuentes, politólogo, detenido el pasado 4 de enero.
Cartel de testigos
Existen muchos miembros más del movimiento social detenidos sin que hasta la fecha se haya avanzado en sus procesos como es el caso de los líderes juveniles de la FEU, Ómar Marín, Carlos Lugo, Jorge Eliécer Gaitán. La Fiscalía los acusa de hacer parte de la guerrilla de las FARC.
Con estas gravísimas denuncias realizadas por los miembros de la Marcha Patriótica se sienta un precedente antidemocrático, y se da mala señal para el proceso que en la actualidad se desarrolla en La Habana con miras a buscar un acuerdo de paz para los colombianos.
Pero no solo eso. Se siente en el ambiente un retroceso en el ámbito de libertad de expresión y de pensamiento, solo basta con leer lo que dijo la Fiscal Novena que adelanta los procesos en contra de Húbert Ballesteros y de Francisco Toloza, en la audiencia de cargos: “Usted no es peligroso porque porte armas, porque seguramente no las porta. Usted es peligroso por las ideas que profesa y que defiende”.
En la rueda de prensa se denunció la existencia de un cartel de testigos que estaría conformado por ex guerrilleros, quienes buscarían beneficios jurídicos y económicos, situación que ya ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, se dio a conocer la existencia de numerosos fiscales integrantes de la red de inteligencia, algunos han sido procesados por vínculos con los paramilitares, o fiscales que pertenecen a la reserva de las Fuerzas Militares, quienes cumplirían el papel de judicializar a los luchadores sociales, campesinos, activistas de izquierda y sindicalistas, entre otros.
