Alfonso Conde
Por razones que sabrán los militares, la operación de violación con fines políticos de la intimidad de los colombianos que se desarrolló desde el barrio Galerías en Bogotá, usando como fachada el establecimiento Buggly Hacker, lo llamaron Andrómeda, es decir la “gobernante de los hombres” de la mitología griega. Seguramente el nombre escogido refleja la aspiración de quienes se creen con derecho divino a sojuzgar a todos los seres humanos.
Tal operación que, según se informa hasta ahora, sometió a espionaje a más de 50 alcaldes, al negociador del gobierno en La Habana Sergio Jaramillo, a sus coequiperos Humberto de la Calle y Alejandro Eder, según revela la prensa, y también a periodistas y dirigentes de la oposición política, fue adelantada con el control del mayor del ejército Alonso Guerrero bajo el ropaje permitido por la ley del espionaje promovida por el dirigente y congresista del partido liberal Juan Manuel Galán.
Esa ley, eufemísticamente llamada “de inteligencia”, permite monitoreos al espectro electromagnético pero supuestamente no permite, sin orden judicial, hacer seguimientos a las comunicaciones electrónicas de ningún ciudadano ni “chuzar” a través de gusanos informáticos los computadores y teléfonos de entidades o personas. Pero lo hacen y lo han hecho antes.
Primero fue el caso de la policía en Medellín, según se reveló en 2007, lo cual causó la destitución de 12 generales; luego el DAS, entre 2003 y 2009, según denuncias que aún se investigan y que envuelven a María del Pilar Hurtado, ex directora del organismo ahora fugada en Panamá, a José Miguel Narváez y al grupo G-3; ahora sale a la luz pública que el ejército también desarrolla las “chuzadas” violatorias de la democracia y los derechos ciudadanos. Incluso se han interceptado entre esos mismos organismos (inteligencia militar y la Dijin de la policía) y hasta la Fiscalía ha sido su víctima.
Pero todos los “chuzadores”, desde la policía hasta la “sala gris”, están relacionados con el ministerio de Defensa y parecerían estar incursos en el delito de concierto para delinquir. Sin embargo el ministro Juan Carlos Pinzón, ese del lenguaje belicoso y guerrerista anti-paz, que parece ir en contravía de la política expresada públicamente por su presidente, se mantiene inamovible.
Se habla del grupo de la generación de los 70, con generales y coroneles a bordo, que estaría intentando sabotear, por todas las formas de lucha, el proceso de paz. El presidente Santos, o se amarra los calzones contra el ruido de sables o habrá que considerarlo parte de un gran engaño a la nación: su supuesta intención de paz.
