En la lista de militares que presentó el Ministerio de Defensa para el ascenso de algunos militares se evidencian cinco altos mandos vinculados a ejecuciones extrajudiciales.
Prensa Marcha Patriótica
La ONG estadounidense Human Rights Watch, HRW, dio a conocer un comunicado en el cual piden suspender el ascenso de un grupo de generales y coroneles del Ejército que estarían implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.
En la lista de militares que presentó el Ministerio de Defensa para el ascenso de algunos militares se evidencian cinco altos mandos vinculados a ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades colombianas han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, pero en su vasta mayoría han sido soldados y suboficiales de menor rango, se ha ignorado el rol de los altos mandos. Existen evidencias creíbles de que al menos cinco de los 18 miembros del Ejército que el Ministerio de Defensa prevé ascender podrían ser penalmente responsables por casos de “falsos positivos”:
El brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, que actualmente está al mando de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, sería ascendido a mayor general. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente el rol de Barrios Jiménez en “falsos positivos” durante su comandancia de la Octava Brigada del Ejército, al menos durante parte de 2007, 2008 y 2009. El ente acusador ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados de la Octava Brigada en 2008. Barrios Jiménez fue citado a interrogatorio en octubre de 2015.
El brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quien está actualmente al mando de la Primera División del Ejército y sería ascendido a mayor general, fue el segundo comandante de Barrios Jiménez en la Octava Brigada durante al menos parte de 2008. Navarrete Jadeth se encuentra bajo investigación penal por homicidios cometidos por la Octava Brigada, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares.
Human Rights Watch examinó un documento que él y Barrios Jiménez firmaron en marzo de 2008, en el cual certificaban el pago de dos millones de pesos colombianos a un informante por “la muerte en combate de dos terroristas”. Según expedientes judiciales la Fiscalía concluyó que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana y luego fueron ejecutados extrajudicialmente.
El coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, que podría ser ascendido al rango de brigadier general, comandó el Batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y julio de 2008. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena bajo su mando.
El coronel Édgar Alberto Rodríguez Sánchez precedió a Pinto Lizarazo como comandante del Batallón Magdalena entre julio de 2006 y diciembre de 2007, y podría ser ascendido a brigadier general. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones sobre al menos 22 muertes presuntamente perpetradas bajo su mando. En agosto de 2012, un tribunal en Antioquia condenó a un soldado del Batallón Magdalena por el asesinato de un agricultor ocurrido en noviembre de 2007.
El coronel Adolfo León Hernández Martínez, que podría ser ascendido al rango de brigadier general, estuvo al frente del batallón Popa de la Décima Brigada al menos entre enero de 2008 y 2009. En julio de 2011, un tribunal de Valledupar condenó a cinco miembros del Batallón Popa, incluido un sargento, por asesinar un civil en marzo de 2008 y reportarlo como un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de 2013, el mismo tribunal condenó a cinco miembros del Batallón Popa por haber asesinado a dos civiles en el municipio de Pueblo Bello, en junio de 2008, e informarlos como “N.N.” muertos en combate.
