lunes, abril 15, 2024
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Llamamiento de la Marcha Patriótica ante la arremetida neoliberal en salud

Ante el rechazo mayoritario de la población colombiana del actual sistema de salud creado por la Ley 100 de 1993 y ajustado sucesivamente y sin éxito por la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, nuevamente un gobierno y un Congreso de la oligarquía, ahora presidido por Juan Manuel Santos y hegemonizado por las bancadas de los partidos tradicionales en el Senado de la República a través de la mal llamada Unidad Nacional, vuelven a colocarse de espaldas al clamor nacional, que exige superar radicalmente y sin ambigüedades el enfoque neoliberal del actual régimen de salud recuperando el papel del Estado como garante del interés general y, en particular, del derecho integral del ciudadano a la salud.

Foto Colectivo Desde el 12 via photopin cc
Foto Colectivo Desde el 12 via photopin cc

En las decisiones actuales del Senado de la República y del gobierno en el proceso de aprobación de la Ley Ordinaria de Salud ha pesado más la defensa de los intereses privados y de las utilidades económicas de los negociantes de la salud que la defensa de lo público y de la salud de todos los colombianos en condiciones de igualdad. Por más de 20 años los trabajadores asalariados, campesinos y demás sectores populares de las ciudades y del campo hemos tenido que padecer la enfermedad y la muerte prematuras como consecuencia de la ineficacia de la política de salud neoliberal para enfrentar los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud, y las barreras del acceso a los servicios de salud cuando los necesitamos.

En el marco de la aprobación reciente de la Ley Estatutaria de Salud y de la actual Ley Ordinaria en curso en el Congreso de la República, el gobierno ha impuesto la tesis según la cual es necesario limitar el derecho a la salud a un núcleo esencial reducido a un plan de prestaciones de servicios de salud que puede llegar a ser aún más limitado que el actual Plan Obligatorio de Salud, y porque supuestamente no habría recursos suficientes para incluir todos los derechos relacionados con la salud, como lo son el agua potable, el acceso a alimentación segura y nutritiva, la vivienda digna, las condiciones seguras de trabajo, el acceso a educación universal de igual calidad para todos y el acceso universal a un sistema de atención de salud que satisfaga equitativamente las necesidades de la población.

Los colombianos sabemos que no es el sistema de salud la única institución que debe garantizar ese conjunto de derechos relacionados con la salud sino el Estado en su conjunto, el cual según la Constitución Política de 1991 es un Estado Social de Derechos. Pero no sólo los gobiernos sucesivos de la oligarquía se han negado a hacer una reforma tributaria realmente progresiva, es decir, que grave proporcionalmente más a los dueños del capital y que permita garantizar el derecho integral a la salud mediante políticas públicas redistributivas, sino que sucesivamente han venido introduciendo reformas legislativas que anteponen el criterio de disciplina fiscal al deber de garantía por parte del Estado de los derechos sociales a los ciudadanos, con lo cual limitan cada vez más el alcance e integralidad de los mismos.

Recordemos que la Ley 100 de 1993 creó las bases para la vinculación de los fondos sociales de pensiones, riesgos laborales y salud a los mercados de capitales mediante el manejo financiero intermediado de los mismos por empresas privadas como las EPS, las AFP y las ARL, y que simultáneamente permitió entregar gran parte de los servicios sociales y de salud al sector privado, focalizando el papel del Estado hacia la regulación, control y vigilancia de dichos mercados. Para garantizar las utilidades y rentas de los inversionistas del gran capital nacional y transnacional en distintos sectores de la economía, y en el sector salud en particular, el gobierno ahora con la Ley Estatutaria de salud aprobada y la Ley Ordinaria en curso de aprobación busca controlar tanto el gasto fiscal como los costos de la atención de la enfermedad en función de esos intereses.

Cuando el proyecto de Ley Ordinaria establece el fondo público pagador ahora denominado Salud-Mía, realmente establece un intermediario entre el Estado y las antiguas EPS, ahora denominadas Gestores de Salud, porque su función será simplemente la de garantizar que éstas se apropien de forma privada de los recursos sociales y públicos de la salud al otorgarles tanto la potestad de controlar el gasto en salud mediante el control del acceso de los afiliados a los servicios de salud y como de autorizar los pagos por parte de Salud-Mía a los proveedores directos de los servicios. Su eficacia para controlar el gasto del sistema de salud por vía del logro de resultados en salud que beneficie a los afiliados y a la población será mínima puesto que, como las actuales EPS, poco interés tendrán en promover la salud, prevenir la enfermedad y atender oportunamente y con calidad al paciente. Por el contrario, para convertir utilidades privadas los excedentes del gasto en el Fondo Público y los rendimientos financieros de estos recursos podrán introducir barreras de acceso, copagos y cuotas moderadoras, control de la autonomía de los profesionales de la salud para atender los pacientes según sus necesidades, y prácticas similares a las glosas que actualmente retrasan el pago a los hospitales.

Dado que los Gestores de Salud podrán integrarse verticalmente con prestadores de servicios primarios de salud de su propiedad que formarán parte de la red de prestadores de servicios de salud que articulen en las mal llamadas áreas de Gestión Sanitaria, podrán concentrar la propiedad de dichos prestadores y servicios y convertirlos, al ser éstos la puerta de entrada obligatoria al sistema de atención en salud, en verdaderas barreras de acceso a los servicios especializados y hospitalarios que necesiten los pacientes que a ellos acudan en función del incentivo de ahorrar en gastos de atención de los pacientes para aumentar las utilidades que les generen la apropiación privada de los excedentes en el Fondo público de salud (Salud-Mía).

Mientras este proyecto de ley carece de instrumentos claros y suficientes para financiar la ampliación, dotación y mejoramiento de la calidad de la red pública de atención, y por esta vía el Estado garantizar los servicios de poblaciones rurales y urbanas que están desprotegidas, por el contrario, sigue favoreciendo la expansión y desarrollo de los prestadores privados, los cuales son ya más del 70% de la red de prestadores del país. Nada tenemos contra prestadores privados de servicios de salud siempre y cuando ellos cumplan la función pública de atender las necesidades de los colombianos en el marco de un claro régimen público que garantice el derecho ciudadano a la salud. Sin embargo, como todos sabemos, esa no será la realidad con la nueva Ley Ordinaria de Salud porque el sentido fundamental del régimen de salud mantenido con esta reforma será seguir garantizando el negocio de la salud, incluido el de prestadores privados que convierten a la persona humana en un cliente en función de sus intereses privados.

Este proyecto de ley sigue insistiendo en la lógica neoliberal que confunde, en beneficio de los intereses particulares, la noción de lo público (que representa el interés general) con bien público (que simplemente significa falla del mercado en servir intereses particulares). Por ello mantiene la separación entre salud pública (que asume como un bien público a cargo del Estado) y atención individual (que asimila a un bien privado individual que encarga al mercado a través de los Gestores de Salud y las redes de prestadores de servicios individuales). Esa separación ha sido en gran parte la responsable del fracaso del sistema de salud para atender de forma integral e integrada las necesidades de salud de la población a través de los servicios de salud y de estrategias efectivas como la Atención Primaria en Salud, cuyo enfoque integral, familiar, comunitario e intersectorial, comenzó a destruirse con la introducción de la Ley 100 en 1993. Ahora se divide la Atención Primaria en Salud en dos: una parte a cargo de los entes territoriales para que hagan acciones colectivas y otra parte se entrega a los gestores de salud para servir intereses de mercado al autorizarles la integración vertical en el primer nivel de atención individual. El modelo de atención primaria que desarrollarán los Gestores será aquel que sirva a su interés particular de controlar el acceso de los individuos a los servicios de salud, como ya lo señalamos antes, y no aquel que sirva a la atención integral de las necesidades de la población porque ello requiere de la superación del enfoque de mercado de la atención. El modelo de Atención Primaria en Salud que desarrollarán los entes territoriales estará limitado a actividades de promoción y prevención, como ya se hace en el país con deficiencia porque no se pueden integrar las actividades de curación, prevención, promoción y rehabilitación, de lo cual depende el éxito de la atención primaria.

Mantener un régimen de aseguramiento de pobres (Régimen Subsidiado), otro de trabajadores asalariados y capas medias de bajos ingresos (Régimen Contributivo) y otro de ricos (Regímenes complementarios de aseguramiento privado) no hace sino naturalizar, por vía de la política pública de salud, las desigualdades sociales que determinan la desigualdad en el acceso a los servicios de salud y en su calidad. No hay nada que atente más contra la igual libertad que debemos gozar todos los colombianos para garantizar la libre elección de los prestadores de servicios y alcanzar el aporte en buen vivir que corresponde a la buena salud, que esta odiosa práctica de segmentación del sistema de salud por razones de clase social. Esta formulación, además de ser socialmente discriminatoria, es una estrategia neoliberal para imponer una concepción del derecho a la salud sólo en términos de mínimos e incentivar el desarrollo del aseguramiento privado en beneficio de los comerciantes de la salud. Los colombianos debemos reclamar un sistema de salud en el cual se aseguren condiciones de igualdad que permitan que haya verdadera libertad. Ello pasa, en la atención en salud, por garantizar que ninguno de nosotros tenga la sospecha de que lo público es peor que lo privado (cuando de cumplir una función pública se trata), y porque no tengamos que consentir que la segregación social es una condición para garantizar el derecho de los pobres al acceso a un mínimo de atención en salud.

Rechazamos que no haya proceso de selección para la escogencia de los gerentes de los hospitales porque ello fortalece la corrupción atada al clientelismo. También rechazamos que no haya consulta previa a los pueblos indígenas, afro-descendientes y rom para definir las características del sistema y modo propio de atención en salud según la cultura que ellos por generaciones desde la independencia han venidos defendiendo. Igualmente, rechazamos que se mantenga la política neoliberal de desregulación de las relaciones laborales de los trabajadores de la salud porque ella sólo beneficia a los dueños del capital al precarizar el salario, y atenta contra la calidad de la atención en salud y el bienestar de los trabajadores de la salud.

Llamamos al pueblo colombiano a movilizarnos de forma unitaria y combativa en la defensa del derecho a la salud como un derecho ciudadano, humano y fundamental; en la defensa del interés general y de la función pública del Estado; y a derrotar el régimen neoliberal introducido en el sistema de salud colombiano porque éste privatiza al Estado en función de los intereses del capital.

Un nuevo sistema de salud es posible. Otros lo han hecho, nosotros también podemos.

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