El complot para tumbar al Gobierno existe, está en marcha y solo podrá ser detenido por la fuerza popular
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Una vez más, el presidente Gustavo Petro tenía razón. No eran simples especulaciones ni “delirios”, como los calificaron sus opositores, sino un verdadero plan de golpe de Estado que ha sido finalmente develado. Al menos desde mayo, el presidente advirtió que altos dirigentes de la derecha colombiana han estado conspirando con grupos armados ilegales y con funcionarios estadounidenses para llevar a cabo un golpe en su contra.
Las grabaciones publicadas el domingo pasado por el diario El País de Madrid revelan que el excanciller Álvaro Leyva estaba convocando un “gran acuerdo nacional” que incluyera sectores políticos y actores armados ilegales para obligar a Petro a dejar el cargo, es decir, un golpe de Estado en toda regla.
Eso, por sí solo, es gravísimo, pero no debe asumirse como producto del delirio senil de un hombre despechado. Por el contrario, debe entenderse en un contexto de hechos que, puestos en orden, encajan como piezas de un rompecabezas y revelan algo mucho más sórdido.
Los antecedentes
En un video difundido en redes sociales, Gustavo Bolívar recordó que las conspiraciones no son algo extraño a la historia de Leyva. El dirigente del Pacto Histórico recordó un episodio relatado en el libro Mi confesión, de Carlos Castaño, en el que el jefe paramilitar admitió que, en 1997, Leyva y Juan Manuel Santos le visitaron para proponerle participar en un “gran acuerdo nacional”. Este incluía un cese de hostilidades con las Farc-Ep para obligar a Ernesto Samper a dejar la Presidencia.
Eran tiempos del “proceso 8000”, las fuerzas reaccionarias conspiraban para tumbar a Samper, y Santos nos prometía que la paz estaba “de un cacho”.
En tiempos más recientes, el propio Gustavo Petro señaló que Leyva incumplió su orden y retrasó la suspensión de la licitación para la fabricación de los pasaportes, dando pie a que la Procuraduría de Margarita Cabello lo destituyera e inhabilitara. Luego, cuando vio que su hijo no ocuparía cargos importantes ni obtendría favorecimientos por parte de la Cancillería, comenzó su campaña sediciosa.
La estrategia se puso en marcha a principios de este año, como plan B por si acaso no funcionaba la iniciativa de juicio político contra Petro por el financiamiento de su campaña presidencial. El banderazo de arranque fue el audio de María Jimena Duzán, en el que afirmaba que una alta fuente del Gobierno ─ya sabemos quién─ le había confirmado que el presidente sufría de un grave problema de adicción a la cocaína y que ello explicaba su comportamiento errático y sus frecuentes ausencias y retrasos.
El audio desató una tormenta mediática y todos los voceros del Establecimiento salieron histéricos a dar por buenas las declaraciones de Duzán y crucificar a Petro. Así, la acusación de “drogadicto” se sumó al repertorio de miedo y odio que propala la ultraderecha para enlodar al presidente, hasta que aparecieron las cartas de Leyva.
La conspiración
En anteriores ediciones de VOZ ─leer, por ejemplo, Leyva peló el estrato─, señalamos que las cartas eran una salida desesperada, una pataleta por la ineficacia de la estrategia para debilitar al Gobierno. Nos equivocamos, era algo peor. Las arteras cartas, en las cuales solapadamente se acusa al presidente de abuso de drogas y se le pide la renuncia, formaban parte de un complot para desestabilizar al Gobierno, el ya tan mencionado golpe blando.
Lo más grave de todo es la participación de miembros del Congreso de Estados Unidos en el entramado golpista. Las reuniones entre Mario Díaz-Balart y otros congresistas con políticos de derecha colombianos encienden las alarmas por el intervencionismo estadounidense y ponen en una situación muy delicada a los posibles conspiradores criollos. Personajes como María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Katherine Miranda, Efraín Cepeda o el propio Miguel Uribe, quienes fueron a Washington a tomarse fotos con estos ultraderechistas, tendrán que dar muchas explicaciones.
Todo esto debe entenderse en el marco de la puja por la aprobación de las reformas laboral y pensional, dos de las principales propuestas del Gobierno y que afectan poderosos intereses corporativos. La obstinación de la derecha que no quiso negociar las reformas e intentó sabotearlas, obligó al presidente Petro a convocar la consulta popular y, luego, la octava papeleta para decidir sobre una Asamblea Constituyente. Todas ellas iniciativas de cambio que tienen muy preocupada a la clase dominante.
Las reacciones
Más allá de la cortina de humo que quiere crearse con la “noticia” de una supuesta reunión entre Gustavo Petro y un mafioso ecuatoriano, ya desmentida por el presidente, los medios corporativos de desinformación han intentado implantar la idea de que todo se trata de un “autogolpe”. Según su lectura, el tal “golpe blando” denunciado por Petro provendría del propio petrismo, algo que demostraría la “descomposición” del proyecto del cambio. Es decir, el golpe es “culpa de Petro”.
Vicky Dávila reaccionó rápidamente con la publicación de la grabación de una llamada, claramente preparada, entre ella y Álvaro Leyva, en la que aclaran que nunca han conspirado contra el Gobierno ni planeado un golpe de Estado. La torpe y obvia conversación es una especie de “autoentrevista”, en la que la candidata queda peor que al principio.
Mención aparte merece la vicepresidenta Francia Márquez, aludida por Leyva como parte de la conspiración. Aunque Márquez expidió un comunicado negando cualquier participación en los hechos, muchos sectores han reclamado de su parte una condena más explícita y más contundente.
El excesivo optimismo
A pesar de que hasta ahora estamos conociendo los detalles de la conspiración, lo que al parecer va quedando claro es que Leyva sobredimensionó su capacidad de desestabilizar al Gobierno. Tal vez pensó que podía efectivamente convocar suficientes fuerzas para lograr su cometido. Eso sí, hiela la sangre la sola mención de Vicky Dávila, Miguel Uribe, el ELN y el “Clan del Golfo” como posibles partícipes, porque revela que gente como Leyva es capaz de pactar hasta con el diablo, como en 1997.
La diferencia es que no estamos en 1997. Hoy hay muchas más fuentes de información y es más difícil ocultar una conspiración como esta y, además, el pueblo colombiano está hoy mucho más politizado, más consciente de sus derechos y con más capacidad de movilización.
Que lo intenten. ¡No pasarán!
