Antonio González
Desde 1992 permanece vigente en España la ley orgánica 1/92 de 21 de febrero, conocida comúnmente como “ley Corcuera” o mas popularmente “de la patada en la puerta” por el ministro “socialista” que la promovió. Aquella normativa de seguridad ciudadana acabó costándole el cargo precisamente a José Luis Corcuera por las reacciones que provocó.
Ahora, con el Partido Popular en el poder, Jorge Fernández Díaz prepara una nueva ley de seguridad ciudadana (LSC). El Ministerio del Interior presentó su borrador el pasado miércoles 20 de noviembre ante la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, mientras que su contenido fue publicado por el diario El País un día antes.
Solo su anuncio ha generado ya una gran polémica social que debe ser mucho mas amplia y contundente (tres activistas de Greenpeace, a los pocos días de su anuncio, se descolgaron desde el edificio Plaza de España de Madrid y desplegaron una pancarta gigante, de 315 metros cuadrados, para protestar contra la futura LSC). El Ministerio del Interior esperaba aprobarla en el último Consejo de Ministros, pero finalmente fue retrasada, ya que aseguró que le “faltan algunos flecos” y que se aprobará probablemente cuando ya haya salido este artículo, aprovechando su mayoría parlamentaria.
La LSC en todo su contenido está enfocada fundamentalmente a la represión de todo tipo de protesta, sean éstas escraches, manifestaciones, huelgas, concentraciones, pero también la difusión de convocatorias de las mismas por las redes sociales, hacer fotos o vídeos a la policía en su labor represiva o ir con la cara tapada. Para ello dotan a la ley de multas administrativas que van desde los 1.001 a 600.000 €. Esta ley complementa el nuevo Código Procesal Penal (CPP), que modifica la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal con medidas mas represivas.
El CPP, obra de Gallardón y sus “expertos”, desde que es ministro de Justicia, se ha quitado la careta de “demócrata de toda la vida” y sacado su verdadera personalidad con declaraciones como esta: ”Lamento no haber tenido tiempo para endurecer el código penal”. También en el ámbito militar recrudecen las medidas represivas ya que Defensa sancionará a los militares que difundan críticas por las redes sociales o correos electrónicos y se despacha con “expresar públicamente opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio de las Fuerzas Armadas, no se ajusten a los límites derivados de la disciplina” y sean merecedoras de castigo.
La equiparación del correo electrónico —protegido por el secreto de las comunicaciones— con un foro público resulta como mínimo sorprendente. O “asistir, vistiendo de uniforme o haciendo uso de su condición militar”, a manifestaciones “de carácter político, sindical o reivindicativo en lugares públicos”.
A la par que el Gobierno toma medidas represivas contra el pueblo, en su primer año, han concedido 501 indultos, tales como los de cuatro mossos d´Esquadra condenados por torturas o a dos militares condenados por el Yak-42. Entre los beneficiados también encontramos malversadores, traficantes de drogas, estafadores, corruptos y homicidas.
Resulta soez e indignante que nuestros gobernantes frivolicen con lo que claramente es un recorte de libertades y derechos civiles y lo disfracen con el término “seguridad”, como si lo hicieran por nosotros y no por ellos mismos.
En realidad, la LSC y el CPP no son más que un cambio de estrategia represiva. Saben que la represión física desprestigia al Gobierno (aunque no les importe mucho) a nivel nacional e internacional (tras el varapalo del tribunal de Estrasburgo a la doctrina Parot) y tratan de meter miedo a los miles de ciudadanos que intentan mostrar su indignación, con sanciones administrativas más que abusivas (no olvidemos que a pesar de no estar la ley aprobada, la policía denunció en este último año a miles de personas para que fueran multados por ejercer un derecho tan básico e incuestionable como el de manifestación).
Les preocupa y mucho que el pueblo esté en la calle, pero sobre todo les preocupa que esas movilizaciones se doten, cada vez más, de objetivos políticos. Y mientras el Gobierno sigue subiendo el listón represivo potencia, con su pasividad, permisividad y protección, el auge de las organizaciones claramente fascistas. Auge que trae consigo una violencia fascista cada vez mas presente y contundente, sin detenidos ni procesados pese a sus agresiones, provocaciones, atentados y exhibir impunemente símbolos fascistas e ilegales.
Esto no es nuevo, históricamente el fascismo siempre ha avanzado con el apoyo de las clases dominantes, y este momento no tiene por que ser diferente, y su finalidad siempre ha sido la misma: amedrentar y frenar el avance de la concienciación popular. Si triunfa toda esta estrategia represiva nos veremos sumidos en un futuro oscuro por décadas. Por ello, la respuesta popular contra todas estas medidas ha de ser enérgica y contundente, unitaria y con claros objetivos políticos. Es hora de que hagamos cambiar el miedo de bando.
