Las cuentas no cuadran

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El ministro Mauricio Cárdenas, justificando lo injustificable.

El gobierno nacional presenta el presupuesto de 2015 desfinanciado en 12 billones de pesos. Su política fiscal no la modifica

El ministro Mauricio Cárdenas, justificando lo injustificable.
El ministro Mauricio Cárdenas, justificando lo injustificable.

Hernán Camacho

“Prioridades sociales para el tiempo de la paz”, fueron las palabras del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la presentación, ante el Congreso de la República, del presupuesto para el año 2015. Pero dos semanas después de iniciar los debates, el gobierno nacional debió reconocer que el presupuesto está desfinanciado y que se debe emprender una carrera tributaria para solventar los huecos fiscales y el gasto de 2015.

¿A qué se debe la desfinanciación? La respuesta es estructural y puede continuar en los próximos años, dicen los expertos. Los gobiernos han intentado de alguna manera financiar los presupuestos sustrayendo gastos sociales para priorizar en dos rubros especiales que cada año ocupan el 50% del presupuesto: la amortización de la deuda pública y el presupuesto militar, sacrificando los derechos colectivos de los colombianos.

Solamente en presupuesto de guerra gastan 28,2 de los 116 billones que se destinaron para 2015. Mientras que la deuda se lleva 49,5 billones de pesos. Según cálculos del ejecutivo, no hay cómo cumplir con los rubros sociales que demandan los programas de atención a la primera infancia y por eso es necesaria una carga tributaria.

Lo contradictorio es la afirmación del ministro Cárdenas cuando defiende el manejo responsable de la economía y señala que el país es un ejemplo ante la crisis del mundo, pero al iniciar los debates de aprobación tiene que admitir que el presupuesto calculado no alcanza y no hay de dónde echar mano para sustentar el gasto social.

Otro de los problemas estructurales es la consolidación como política de Estado de la regla fiscal: imposición que permite reprimir los gastos sociales y restringir la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos a un monto mínimo estipulado por el Ministerio de Hacienda. Y como si no fuera suficiente, en los últimos dos gobiernos se pisó el acelerador de la política denominada confianza inversionista, cuya naturaleza es excluir del pago de impuestos a los grandes capitales provenientes de determinados sectores de la economía, entre ellos la minería y el capital financiero. La cifra no es nada despreciable: de cobrarse tales excepciones se recaudarían entre siete y ocho billones de pesos anuales.

Pero no es la primera reforma tributaria para financiar un presupuesto en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. En el año 2012 se prometió que se incrementaría el empleo, se reduciría la informalidad y se generaría equidad ampliando la base gravable, es decir ensanchar el número de colombianos que pagan impuestos, con el fin de recaudar más para no tener que apelar a una nueva reforma en el futuro, decía Santos en aquel momento. Pero las cuentas no le cuadran al ejecutivo y la financiación del presupuesto de 2015, 2016 y 2017 está en el limbo.

Según cifras de la organización Justicia Tributaria, durante el primer semestre de 2014 la tasa de crecimiento del recaudo tributario siguió mostrando signos de debilidad, al crecer 7,1%, cuando en los años 2011 y 2012, antes de la reforma, su crecimiento osciló entre el 25% y el 32% respectivamente. Por el contrario el único impuesto que le está generando ingresos adicionales al gobierno nacional es el IVA, cuyo pago lo hacen justamente los colombianos que adquieren productos de la canasta familiar. Según declaraciones del ministro de Hacienda, la reforma tributaria de 2014 no cerrará la posibilidad de ampliar el IVA del 16% al 18% o el 20%.

En ese sentido el Polo Democrático Alternativo señaló a través de sus voceros en el Congreso de la República que no apoyará ninguna iniciativa tributaria para gravar la clase media, lesionar a los más pobres y seguir en la alcahuetería de sustraer a los ricos de Colombia de sus compromisos tributarios. Santos II muestra que en materia de impuestos sigue la tendencia de los últimos 25 años, con reformas pro monopolistas que afectan a los trabajadores y a la clase media. A este ritmo, entrar a la OCDE significará mayor estrechez y pobreza para casi todos los colombianos.

Los hechos demuestran la incapacidad del gobierno para apagar el incendio presupuestal provocado; lo grave es que pone en duda la financiación real de los eventuales acuerdos para el fin del conflicto. La plata para la paz no la tiene el gobierno nacional y tampoco la está buscando según lo demuestra el jefe de planeación nacional Simón Gaviria. Nadie en el gobierno se atreve a dar una cifra porque no la tiene. Lo cierto es que para la paz al gobierno no puede temer cobrarle a los grandes capitales cuya responsabilidad en el conflicto es enorme.