A pesar de la resistencia de sectores articulados al modelo de concentración de la tierra y la gran minería, el Gobierno, junto con las comunidades, está impulsando las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos
René Ayala B.
@Reneayalab
Toda una polvareda ha generado la resolución 377 de 2024 emitida por el Ministerio de Agricultura el 26 de diciembre del año pasado. Este documento establece una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región del Suroeste antioqueño, ubicada entre las cordilleras occidental y central donde irrumpe el cañón del río Cauca y la cuenca del río San Juan y la componen 23 municipios, de los que sobresalen Amagá, Andes, Ciudad Bolívar, Fredonia y Urrao, entre otros.
Esta es una región que ha sido enclave de la extracción minera, pero sin duda poseedora de los suelos más fértiles del departamento, articulada con el eje cafetero y donde tiene una fuerte incidencia la tradición campesina productora no solo de café, sino de toda una pléyade de productos que la convierten en la despensa agrícola del departamento.
Un mandato de los derechos campesinos
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural basó esta decisión en la declaración de las Naciones Unidas de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, adoptada en 2018 y reconocida por el Estado colombiano.
Esta proclamación determina que los Estados adoptarán medidas legislativas y administrativas para promover los derechos del campesinado, además ratificado en el acto legislativo 01 de 2023 que establece al campesinado como sujeto de derechos y especial protección donde se concluye que el Estado protegerá la producción de alimentos y priorizará el desarrollo integral de las actividades agrícolas, pesqueras, forestales y agroindustriales.
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria es la entidad del Ministerio que planifica el ordenamiento territorial agropecuario a partir del la gestión y análisis de información para definir lineamientos e instrumentos para el ordenamiento productivo.
Esta Unidad, basada en análisis técnicos y geográficos, identificó, en clave de garantizar la implementación de la resolución, en el Suroeste antioqueño el Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), reconociendo en la región la frontera agrícola, áreas con aptitud de vocación productiva y el ordenamiento territorial, estableciendo para la ZPPA unas 249.617 hectáreas, que equivalen al 39.2% del total de los 23 municipios que constituyen esta subregión antioqueña.

Animadversión a la Reforma agraria
Esta decisión provocó la ira santa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ya en varias ocasiones no ha tenido empacho para expresar su animadversión a las iniciativas del Gobierno nacional. Rendón demandó la resolución argumentando que esta representa, según él, una intervención indebida en el uso del suelo de la región. “Rechazamos la resolución que de un plumazo busca controlar el uso del suelo en suroeste, es un ejercicio usurpador e ilegitimo que pasa por la galleta la Constitución”, dijo convulso el gobernador uribista.
Frente a la virulenta respuesta de Rendón, publicada además en redes sociales, el presidente Gustavo Petro contestó: “Usted señor gobernador no quiere a los campesinos de su tierra que quieren es agricultura y no minería. Usted obedece a las multinacionales mineras extranjeras, no quiere obedecer el mandato de un gobierno elegido por un millón de antioqueños ni a su propio pueblo”.
Este debate refleja las tensiones entre dos perspectivas, una basada en las economías extractivas, la concentración de la propiedad improductiva y sin valor social y, la otra, la que impulsa el Gobierno del Cambio que reivindica el mundo campesino y plantea hacer del país una potencia agrícola, que requiere como eje sine qua non garantizar la vocación del suelo para la agricultura, la seguridad y soberanía alimentaria del país y redima al campesinado, que ha sido empobrecido, segregado y expulsado de estas regiones históricas por el modelo depredador que acaba el agua, la alimentación y la vida.
“Aquí nuestros abuelos cultivaban café, pero también frutas y el revuelto que se enviaba a la minorista en Medellín. La minería que ya dejó de ser tradicional porque eso lo manejan es puros gringos, nos ha dejado sin tierra y han acabado esto por aquí que era tan bonito”, expresó doña Lucila Suaza, una curtida campesina del municipio de Amagá.
Seremos potencia agroalimentaria

La ministra de Agricultura Martha Carvajalino se pronunció frente a esta campaña que busca deslegitimar y manipular la información sobre lo que representa esta decisión, la cual está enmarcada en las líneas de política pública de reforma agraria y transformación del territorio que impulsa su cartera. Su posición es consecuente con los propósitos planteados por el Ministerio que dirige, que tiene la tarea de transformar las relaciones en el campo y defender el campesinado.
“Hablar con los actores, productores, identificar rutas, qué áreas van a privilegiar, la producción agrícola que hoy jalona. No estamos restringiendo la producción agrícola, por el contrario, las Zonas de Producción Agrícola son la garantía para que los productores y campesinos consoliden sus economías.
»El suelo es un recurso natural que hay que proteger, que las voces del miedo no impidan que transitemos frente a la crisis climática hacia sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles, que no nos impidan hacer del suelo un recurso protegido en este país para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, tenemos la posibilidad de producir alimentos no solo para el país, sino para el mundo y consolidarnos como potencia agroalimentaria, y reordenar el suelo en clave de construir una revolución por la vida”.
Estas fueron las palabras de la actual ministra de Agricultura frente a la polémica que promueve el gobernador de Antioquia, con resonancia en los medios convencionales, que buscan satanizar las iniciativas del Gobierno en clave de democratización de la tierra y desarrollo rural.
Las comunidades campesinas son la fuerza en el territorio que se moviliza en defensa de sus economías familiares y del derecho a la alimentación. Doña Lucila y los suyos no se van a dejar engañar.