La forma como está operando la Fiscalía revela por un lado la necesidad de imponer la agenda mediática y por otro prepararse para la crucial elección del sucesor de Barbosa
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
El país se levantó el pasado sábado con la noticia urgente, espectacular y de último minuto, de la captura por parte de la Fiscalía del hijo del presidente, Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez, acusados de lavado de activos y otros delitos.
Rápidamente la noticia le dio la vuelta al mundo y varios medios internacionales registraron el hecho inédito de la detención del hijo de un presidente de Colombia en ejercicio. “Escándalo político”, “Petro en el ojo del huracán” o “El Gobierno debilitado” fueron algunos de los titulares que usó la prensa de Madrid o Miami para reportar la información.
En las redes sociales sucedió algo similar. Rápidamente se hicieron tendencia las noticias y los contenidos relacionados con la captura, se supieron más y más detalles –algunos escabrosos– de los operativos contra Petro y Vásquez y se debatió y conversó hasta el cansancio sobre si el presidente es o no responsable de las actuaciones de su hijo mayor. El presidente, por su parte, en un trino publicado prácticamente a la misma hora de los operativos de la Fiscalía, aclaró que le duele como padre pero dará todas las garantías al poder judicial para que actúe en derecho.
Algo que, por supuesto, debería ser del abecé de cualquier demócrata, en Colombia resulta exótico y sorprendente. No es la primera vez que la justicia actúa contra un familiar de un presidente, pero sí es la primera en que el presidente no se interpone, no intenta influir, no chuza y no sabotea, sino que solicita él mismo la apertura de la investigación y ofrece las garantías para que el poder judicial actúe con independencia. ¡Cómo han cambiado los tiempos!
Mira para otro lado
Una cortina de humo, o caja china como también se le llama –recomiendo ver la película La dictadura perfecta (2014), de Luis Estrada– es una estrategia de comunicaciones que consiste en crear o amplificar una noticia a tal punto que distraiga la atención del público de algo escandaloso que se quiere ocultar porque perjudica al poder.
Las cortinas de humo operan de forma sutil porque justamente se trata de que el espectador no se entere o no le conceda la suficiente importancia a la información a ocultar porque está completamente concentrado en la otra información, muchas veces irrelevante y amplificada artificialmente por los medios.
No se podrá acusar a los medios de ocultar la información porque de todos modos hablan de ella, pero la diferencia en volumen, tiempo al aire, cantidad de entradas en internet y la propia importancia que le conceden los analistas y formadores de opinión a la noticia irrelevante, hacen que las “noticias basura” o las noticias falsas se lleven la atención del público mientras las otras, las importantes y que se quieren tapar, pasen prácticamente desapercibidas.
En Colombia hay casos famosos, como la noticia del niño Luis Santiago a finales de 2008, asesinado por su padre como retaliación contra su madre, en un caso de violencia sin duda repudiable pero atractivo en términos periodísticos, con que se intentó tapar la revelación de los “falsos positivos” de Soacha.
En aquella ocasión, los medios se volcaron a cubrir el hecho con un estilo sensacionalista e incluso irrespetuoso con la memoria del menor, todo para intentar silenciar a la entonces alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, quien junto a las madres de Soacha insistían en que sus hijos no eran guerrilleros sino que habían sido llevados con engaños por unidades del Ejército y asesinados para ser presentados como bajas en combate.
Captura espectacular
En este caso, la Fiscalía –sin duda alguna en coordinación con la revista Semana que difundió profusamente la noticia– adelantó sendos operativos de captura contra Nicolás Petro y su exesposa, acompañando la información con videos donde no faltaron los chalecos antibalas con la sigla CTI, las camionetas blindadas, el chirrido de las llantas contra el suelo y las gafas oscuras. Toda una puesta en escena pensada para causar el mayor impacto mediático posible. Una captura diseñada para ser espectacular, es decir, para convertirse en un show.
Como se sabe, hace unos meses Daysuris Vásquez concedió una entrevista a Semana donde reveló la recepción de dineros de dudosa procedencia por parte de Nicolás Petro para supuestamente financiar la campaña presidencial de su padre en el Atlántico. Esos dineros nunca entraron a la campaña porque fueron utilizados para comprar un apartamento. En aquel momento, el propio presidente Petro solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación contra su hijo.
Ahora la Fiscalía no solo actúa con inusitada rapidez sino con toda la bulla posible para capturar a Petro y Vásquez, tomando una decisión apresurada e innecesaria, según las opiniones de todos los juristas, pero eso sí llamativa, morbosa y suficiente para poner al país a hablar de eso. Mientras tanto, ¿qué se intenta ocultar?
Ordeñar el tubo
Lo que se quiere ocultar –o por lo menos disimular– es el, ese sí, escandaloso robo continuado que durante varios años se ha practicado contra Ecopetrol por parte de un entramado criminal donde están implicados reconocidos empresarios y miembros de las familias más prestantes de las élites colombianas.
La noticia fue no solo la captura de más de 100 personas por parte de la Dijín de la Policía, incluyendo 17 empresarios, sino también la incautación de numerosos bienes calculados en 1,3 billones de pesos. Es fácil preguntarse, si este fue el monto de la primera incautación, ¿cuánto más habrán robado estos personajes?
La estafa consistía básicamente en robar petróleo a través de válvulas ilegales en el oleoducto, llevarlo en camiones cisterna legales a plantas de procesamiento de aceites residuales donde se mezclaba con petróleo venezolano de contrabando y se revendía a Ecopetrol o se exportaba directamente en buques cisterna a Centroamérica y Estados Unidos. Lo cierto es que este “torcido” puede ser el robo de recursos públicos más grande de la historia de Colombia y su esclarecimiento y resolución pueden definir buena parte del futuro judicial y político de este país.
Quedan pendientes por investigar varios asuntos espinosos, como la muy probable participación de funcionarios de Ecopetrol en el entramado criminal, el contrabando de petróleo venezolano para ser mezclado con el crudo robado aquí o las versiones –desmentidas por esa organización– de la participación de estructuras del ELN en el robo de combustible.
Pierna arriba
Todas estas movidas judiciales –un buen ejemplo del lawfare criollo– tienen como objetivo a corto plazo “tapar” el robo a Ecopetrol, dar munición a las “bodegas” de ultraderecha en las redes sociales y garantizar una lluvia de “Me gusta” a los medios digitales. A mediano plazo, el objetivo se centra en debilitar la legitimidad de Gustavo Petro como presidente de la República e imponer la idea de que está impedido moralmente para designar la terna de donde se elegirá el nuevo fiscal general de la Nación.
Porque ese es el verdadero asunto. Esta es una coyuntura crucial para el uribismo y buena parte de la élite corrupta de este país. Si el próximo fiscal –aun si no es de izquierda– es una persona honesta y eficiente que “no respete pinta” y persiga el delito, van a salir a la luz muchos casos de corrupción que revelarán la verdadera catadura moral de buena parte de nuestra clase política.
Por eso el problema no es Nicolás o Daysuris, no nos dejemos distraer. El problema es que los bandidos que siempre se han robado a este país están a punto de perder el negocio e ir a la cárcel. Y es a lo que más temen.