Las evoluciones legislativas han tenido un impacto muy regresivo para la estabilidad laboral, el trabajo en condiciones dignas y justas, los ingresos reales de los trabajadores, y los derechos de asociación en sus distintos niveles.
Alfonso Franco
Desde el inicio de la década de los años 90, Colombia viene experimentado profundas transformaciones en su sistema de salud para adaptarlo a las políticas neoliberales. Transitamos en poco tiempo del Sistema Nacional de Salud, SNS, al Sistema de Salud, SS, (Ley 10 de 1990) y de este al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, (Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias). Transformaciones institucionales que no permiten el disfrute pleno e integral de éste como derecho humano fundamental.
Tales evoluciones legislativas han tenido un impacto muy regresivo para la estabilidad laboral, el trabajo en condiciones dignas y justas, los ingresos reales de los trabajadores, y los derechos de asociación en sus distintos niveles -profesionales, técnicos, tecnólogos, administrativos y asistenciales-. Esto implicó la expulsión a los cinturones de miseria de las grandes y medianas urbes a más de 45 mil trabajadores despedidos en las primeras fases de su implementación y reemplazados por nuevos vinculados a través de las distintas formas de intermediación laboral, cuyo costo superó 1.1 billón de pesos proyectados por el Ministerio de Salud para afectar el 35% de las plantas de personal de los hospitales públicos.
Sindicatos, otros afectados
A su turno, las libertades y garantías sindicales también fueron impactadas por la pérdida total o parcial de la base social de los sindicatos de primer grado o de rama de industria, o actividad económica. Las convenciones colectivas de trabajo llevadas a su mínima expresión, más de 3.500 procesos especiales de levantamiento de fuero sindical y autorizaciones para despedir a su dirigencia, fueron tramitadas y autorizadas por los distintos jueces laborales a lo largo y ancho del país.
En estos periodos aparecen los traficantes de los principios cooperativos que sobre-explotan el trabajo de cerca de 280 mil contratistas, mediante las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, ahora lo hacen con los principios sindicales, para lo que convirtieron las cooperativas y precooperativas en sindicatos y usufructúan la contratación pública mediante la suscripción de contratos sindicales. Los seudodirigentes cooperativos posan de dirigentes sindicales para continuar su vampiresca labor de desangrar el trabajo. No obstante, la multiplicidad de precedentes jurisprudenciales del máximo tribunal constitucional logradas por la acción jurídica desplegada desde la dirigencia sindical de Anthoc.
No resulta extraño que el sector salud sea el que más utiliza las distintas formas de intermediación y flexibilización laboral, por cuanto en él se expresa plenamente la concepción reaccionaria y antidemocrática del Estado, evidente en el desarrollo del proceso de adecuación institucional de la salud. De los 2.032 contratos sindicales suscritos entre junio de 2014 y mayo de 2015, el 80% corresponden al sector salud, es decir 2.011, que a su vez le sirven al Gobierno para presentarlos en los escenarios internacionales como avances en el derecho de asociación y negociación colectiva, evitando de paso sanciones de los organismos tripartitos del trabajo, lamentablemente con la anuencia y beneplácito de “connotados” dirigentes de las centrales obreras.
La violencia estatal y paraestatal se hizo presente para imponer a sangre y fuego el modelo mercantilista de salud, que se expresó en el asesinato de importantes dirigentes sindicales nacionales, regionales y locales, 125 trabajadores y trabajadoras refugiados o exiliados, 450 en condición de desplazamiento forzado, más de 2.500 amenazados de muerte, en su mayoría vinculados a Anthoc reconocida como la organización sindical que más férreamente confronta el modelo.
Pese a este oscuro panorama, los sectores clasistas y consecuentes se mantienen firmes y resistiendo a los embates del modelo, confrontando los agentes del neoliberalismo incrustados en el establecimiento, generando las condiciones organizativas y acumulados sociales en pro de un modelo alternativo de salud que beneficie al conjunto del pueblo colombiano. Como se percibió en el último lustro la lucha y movilización social alcanzaron exitosos resultados, como la derrota de la declaratoria de la emergencia social del gobierno de Uribe, el hundimiento de la llamada ley ordinaria de salud y la sanción de la Ley Estatutaria de Salud con los condicionamientos de la Corte Constitucional.
Nos aprestamos a la ejecución de la fase superior del modelo neoliberal en el sector para finiquitar la entrega al capital privado nacional e internacional de las entidades que conforman la red pública hospitalaria y de los recursos públicos, con la denominada Política de Atención Integral en Salud, PAIS, y su materialización con el Modelo de Atención Integral en Salud, MIAS, adoptado recientemente por el Ministerio de Salud.
Lo que viene
El nuevo modelo de atención en su primera aparición en el Distrito Capital, ya victimizó a importantes núcleos de trabajadores adscritos a los territorios saludables, con el consecuente despido de millares, y los que resulten del proceso de reorganización de la salud aprobado por el Concejo de Bogotá y la ulterior entrega de la red hospitalaria a operadores externos preferencialmente de las Asociaciones Público-Privadas, APP; así como la creación de una empresa (mixta) de logística para que apoye la gestión de las ESE.
En tanto, su entrada en escena en el departamento del Guainía a partir del 1° de mayo de este año, será el modelo a imponer en todas las regiones con población dispersa, entregando su operación a terceros, eliminando de paso las entidades públicas hospitalarias allí existentes, con el consecuente despido de los actuales trabajadores y su sustitución por nuevos trabajadores vinculados mediante instrumentos de intermediación laboral.
Coincidencialmente, las regiones del país con población dispersa (Vichada, Guainía, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Putumayo, Chocó) y donde la insurgencia armada tiene presencia, los hospitales públicos serán entregados a operadores externos, especialmente provenientes de las asociaciones público-privadas, que jocosamente algunos califican como un “despeje neoliberal” para que los grupos financieros controlen los recursos y entidades públicas de la salud.
Tan nefastas medidas seguramente tendrán el rechazo y la acción beligerante de los sectores clasistas y consecuentes del movimiento sindical y social. Las carreteras, avenidas, calles y plazas públicas de las principales ciudades del país en el segundo semestre del año, serán colmadas por los distintos sectores sociales que se movilizarán conscientemente para alcanzar la anhelada paz y la justicia social.
