Candidato a la alcaldía por la Unión Patriótica en Guapi, Cauca, venía siendo hostigado por el Ejército. Ahora es víctima de montaje judicial
Carolina Tejada
A pesar de que en múltiples ocasiones el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha insistido en que existen garantías para ejercer el derecho a la oposición política en el país, la realidad que evidencia el movimiento social es otra.
Así lo demuestran los últimos acontecimientos denunciados por la Unión Patriótica, UP. Organización política que padeció, en los años ochenta, el genocidio político más aberrante en la historia del continente. Desde hace dos años le devolvieron la personería jurídica, y con ella la posibilidad de participar en política.
Aída Avella candidata al Concejo de Bogotá, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el pasado mes de agosto. Allí le aseguró el jefe de la cartera de guerra que la UP contaría con todas las garantías políticas en el país.
En la pasada campaña de Cámara y Senado, la UP logró una votación muy importante en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca donde los coordinadores de esa campaña fueron la familia Grueso. La campaña contó con un respaldo popular significativo y permitió que dirigentes políticos del Partido Conservador, tradicionales electores de la zona no obtuvieran una suficiente votación. Eso, a juicio de voceros de la UP, fue suficiente para que contra la familia Grueso se iniciara una revancha política, pero esta vez desde los tribunales acusándolos de todo tipo de delitos. Un falso positivo judicial con tintes políticos.
Una semana después de las elecciones a Congreso, Jesús Orlando Grueso, fue capturado y acusado de delitos que no cometió. Su defensa ha reclamado su libertad puesto que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecen de sustento.
Además de la detención, la emisora Marina Stereo de la Armada Nacional, inició una campaña de desprestigio en contra de estos líderes sociales, hasta el punto de instar a su familia a abandonar el municipio. Esta situación se ha denunciado públicamente por parte la presidenta de la UP, Aída Avella.
El pasado jueves 20 de agosto, en un comunicado de prensa, la candidata al Concejo de Bogotá, denunció la detención de Plutarco Grueso de 77 años de edad, pensionado del hospital de Guapi. El señor Plutarco es el padre de Marino Grueso, quien se encuentra inscrito como candidato a la alcaldía de este municipio, por la UP, y quien, hasta ahora, suena como la persona más opcionada para llegar a esta institución. Un día después de que el señor Plutarco es detenido, su hijo Marino Grueso, se traslada a la ciudad de Popayán para averiguar por la suerte de su detenido padre, lo detuvieron también en las instalaciones de la Fiscalía.
La ausencia de garantías
Cinco testigos, quienes se presentaron como desmovilizados, acusaron a Marino como el líder de las FARC, en entrevista ante los investigadores, describiendo sus características físicas, pero de acuerdo a la defensa de Marino en nada coinciden con el candidato a la alcaldía de Guapi.
Jonathan Centeno, coordinador de la campaña de la UP en el Cauca, asegura que “No hay material probatorio para acusar a Marino, las descripciones que dan los testigos no coinciden con su descripción física. Además existen dentro de las inconsistencias acusaciones homofóbicas, donde señalan a Marino como un hombre que se pinta el pelo de amarillo y con una tendencia que le gustan los hombres”.
El 23 de agosto, le dieron medida de aseguramiento. La defensa ha manifestado la poca credibilidad de las acusaciones, y se ha mencionado la denuncia ante la comunidad internacional por la falta de garantías y ausencia de pruebas. Centeno menciona: “Muchos de los hechos en los que vinculan a Marino, como muertes, atentados, son hechos que nunca sucedieron, es muy injusto que ahora le pidan a la defensa que demuestre algo que nunca sucedió”.
