Colombia es una democracia de papel. Mientras los gobernantes la presentan como ejemplo para América Latina hay nueve mil presos políticos, entre ellos David Rabelo Crespo, del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, y Húbert Ballesteros, dirigente de la CUT, Fensuagro y Marcha Patriótica.
Editorial del Semanario VOZ
No es nada nuevo. Las elecciones en Colombia siempre se han adelantado bajo las condiciones de la represión, la guerra sucia y la ausencia de garantías. Es una constante de la historia republicana. No hay que olvidar que en la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1990, fueron asesinados Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro del M19, recién desmovilizado y Luis Carlos Galán del Partido Liberal. En 1987 había sido asesinado Jaime Pardo Leal, ex candidato presidencial de la UP, fue el comienzo del genocidio de la Unión Patriótica, todavía justificado por la clase dominante con el argumento de la “combinación de las formas de lucha” y de la mezcla de política y armas, ambas practicadas por el régimen bipartidista en todos los tiempos, electorales y no electorales. Es el colmo del cinismo de la burguesía colombiana.
Las elecciones de octubre próximo del orden departamental, municipal y de localidades y comunas no es la excepción. La semana pasada fue detenido en Popayán, Marino Grueso, candidato a la Alcaldía de Guapi, Cauca, por la Unión Patriótica, apoyado por el Partido Comunista y la Marcha Patriótica. Algunos analistas locales y departamentales dan por descontada la victoria de Grueso, porque en las lecciones pasadas la Unión Patriótica sacó la más alta votación. A la vez fueron detenidos varios campesinos por la Fuerza Pública. La explicación es siempre la misma: “están vinculados a la guerrilla de las FARC”. La razón: cerrar el paso al triunfo de la Unión Patriótica. En Ituango, Antioquia, fueron detenidos 11 dirigentes agrarios y sociales, 10 de los cuales recuperaron la libertad por la gestión de los abogados y la presión popular.
Se anuncian nuevas detenciones en el país y cunde el temor entre los electores de la izquierda. Entre tanto, los partidos del establecimiento, incluyendo al Centro Democrático uribista, se presentan con candidatos, 140 en total, que provienen de las mafias del paramilitarismo, la parapolítica y de quienes saquean el erario municipal y departamental. Otros que disfrutan de la impunidad como el jefe del Centro Democrático, que a pesar de los delitos que se urdieron en la “Casa de Nari” y por los cuales están en la cárcel o prófugos de la justicia, varios sinvergüenzas de los gobiernos uribistas, disfruta de la impunidad y ostenta la condición de “padre de la patria” en el Senado de la República. ¿Con un Congreso tan contaminado, cómo creer que puede jugar un papel trascendental, como al que aspira, en la aprobación de los acuerdos de La Habana en lugar de la Asamblea Nacional de Constituyente?
Colombia es una democracia de papel, nadie puede llamarse a engaños, mientras los gobernantes la presentan como ejemplo para América Latina hay 9.000 presos políticos, entre ellos David Rabelo Crespo, miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano y Húbert Ballesteros, dirigente de la CUT, Fensuagro y de Marcha Patriótica.
La campaña electoral está en el marco de los diálogos de paz de La Habana, cuyo éxito es esencial para la democratización de la vida nacional. “La campaña es parte de los espacios de explicación del proceso de paz a partir de la pedagogía a favor de un proceso constituyente y de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de composición pluralista, democrática, incluyente de las regiones, las etnias, las opciones sexuales y las vertientes ideológicas y políticas sin excepciones”, dice la Carta Política de la dirección nacional del PCC a sus militantes.
Y es la verdad. Las elecciones están en el fragor de la lucha popular. De la Cumbre Agraria que hará la toma de Bogotá entre el 30 de agosto y el 5 de agosto; el Congreso Extraordinario de la CUT, el Congreso de Jóvenes Trabajadores y el Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras; el apoyo a las asambleas preparatorias y a la II Asamblea Nacional por la Paz que prepara la Unión Sindical Obrera (USO) y cuya culminación tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre. La campaña tiene que estimular el ascenso de la lucha social y popular por sus demandas y reivindicaciones. Contra el Plan Nacional de Desarrollo y las medidas que favorecen al capital transnacional.
La campaña es de unidad en medio de los ensayos de convergencia de programas y luchas. La unidad es la clave para avanzar en la construcción de un movimiento alternativo de poder democrático y popular.
