Se agudiza la persecución hacia el pueblo mapuche en La Patagonia, territorio rico en agua y minerales que sufre el asedio de las grandes corporaciones. Las mujeres mapuches se han convertido en las principales defensoras y protectoras del territorio a pesar de las amenazas
Sara Zapata
En medio de la oleada fascista promovida por el presidente Javier Milei, el pueblo argentino se organiza para defenderse de la devoradora política de la motosierra, que ahoga a los y las más vulnerables con los altísimos costos de los alimentos, los alquileres, los servicios y bienes en general.
Los 39 pueblos indígenas que aún subsisten en este país no sólo deben enfrentar el desmejoramiento de las condiciones de vida y de los derechos, sino también con las intenciones de despojo promovidas desde el Gobierno y los capitales extranjeros.
El pasado 11 de febrero fueron allanadas doce lofs en la provincia de Chubut. Las lofs son cabildos o territorios ancestrales que las comunidades han ocupado luego de una larga campaña de etnocidio y colonización. Estos allanamientos se producen en medio de los voraces incendios forestales que afectan a toda la región de La Patagonia. El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF, de Argentina reportó una cifra de 50.000 hectáreas de bosque afectadas.
El Estado contra las y los mapuches
Las autoridades de la provincia de Chubut, en cabeza del gobernador de ultraderecha, Ignacio Torres, han señalado sin ninguna prueba concreta a las comunidades mapuches por los incendios de la provincia. Este gobernador durante una rueda de prensa, en la que lo escoltaban integrantes de las fuerzas armadas encapuchados al mejor estilo paramilitar, culpó directamente a la lideresa indígena, la weychafe Moira Millán y a su comunidad de provocar los incendios.
Durante los allanamientos simultáneos en doce comunidades distintas de la misma provincia, se emplearon prácticas habituales en el terrorismo de Estado. En la lof Pillán Mahuiza, donde vive Moira Millán y su familia, alrededor de cien hombres del comando unificado de las diferentes fuerzas armadas argentinas participaron en el operativo. Pese a que en las lofs viven pocas familias, en su mayoría compuestas por mujeres, niñes y personas mayores, esto no impidió que se usara la brutalidad policial, el amedrentamiento, la tortura y la violencia a lo largo de todo el operativo.
Son bochornosos los resultados de los allanamientos donde fue detenida una sola persona: Victoria Núñez. Ella es lo que en mapuche llaman una “lamgen”: son las personas, principalmente mujeres, que no necesariamente tienen ascendencia mapuche, pero que deciden integrarse a la comunidad, a la causa y a la identidad de este pueblo. Son muchas como Victoria que dejaron su vida en la ciudad para irse al campo a aprender el idioma y las costumbres mapuches, trabajan y viven igual que todas las mujeres en esta comunidad.
“Vik”, como la llaman sus hermanas, ha sido acusada de incendiar maquinaria y de ser responsable de los incendios de Chubut. Afortunadamente, se logró demostrar su inocencia, sin embargo, aún así permanece bajo prisión domiciliaria, mientras enfrenta graves secuelas en su salud mental y en su buen nombre.
Durante los operativos, los uniformados encapuchados golpearon a ancianos y jóvenes, rompieron puertas, ventanas y diversos enceres en las viviendas. Como en tiempos de la inquisición, se llevaron en custodia material bibliográfico, incluyendo agendas personales y material educativo. Además, fueron decomisados los dispositivos electrónicos de casi todas las personas afectadas, dejándolas incomunicadas y vulnerables en territorios extensos donde no hay mucha población. Algunas evidencias fueron implantadas para promover montajes judiciales, en los que se advierte una supuesta tenencia de armas e incluso de droga.
Las comunidades fueron vulneradas en su dignidad, sin la oportunidad de llevar un debido proceso. Las órdenes de allanamiento no fueron entregadas a tiempo y, además, se les obligó a firmar autorizaciones para la práctica de exámenes de ADN, mediante hisopados bucales, así como la toma de huellas dactilares y el registro de sus medidas. Todo ello sin que existiera ningún antecedente penal en su contra.
¿Una nueva “Campaña del Desierto”?
La Patagonia es una región en Argentina donde sigue latente la huella de la colonización. Los principales municipios y ciudades se caracterizan por la arquitectura alemana o inglesa y la predominancia de pobladores blancos y mestizos.
Esto se debe no sólo a las leyes que promovieron la migración a estos territorios durante los primeros años de la república, sino también al genocidio y desplazamiento contra las comunidades originarias. La llamada “Campaña del Desierto” fue un gran operativo militar para despojar a las comunidades indígenas de sus territorios. Doscientos años después, muchos de las y los descendientes de esos pueblos intentan restituir los territorios y recuperar sus raíces.
Desafortunadamente, la colonización de estas tierras no termina, y ahora son las grandes corporaciones extractivas de países como Qatar, Israel y el Reino Unido, las que pretenden acumular territorios y privatizar las fuentes de agua y los recursos naturales. La notable y alta presencia de jóvenes soldados israelíes en provincias como Chubut, Rionegro y Tierra del Fuego no es casual.
Están en juego millones de hectáreas que albergan las fuentes de agua dulce glaciar. Lamentablemente, con un gobierno que ve como un negocio o un casino al país, es muy probable que estos recursos terminen en manos de imperios genocidas con intenciones de megaminería y el turismo de lujo.
