El informe de la Procuraduría frente a la compra de tierras haría inviable la reforma agraria, una nueva ofensiva para bloquear los avances del Gobierno del cambio
René Ayala
@reneayalab
La adquisición de tierras es un eje clave de la Reforma agraria, bandera del Gobierno del cambio en la perspectiva de transformar la ruralidad y superar las causas del conflicto social y armado; es para garantizar el acceso de campesinos pobres a la tenencia de predios con características apropiadas para concretarla, fértiles y con vocación productiva.
La entidad responsable de esta tarea es la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que en su plan para el 2024 se ha propuesto acciones articuladas al Acuerdo de paz firmado en el 2016, a través del “Plan nacional sectorial de formalización masiva de la propiedad rural”, que impulsa la compra de tierras, formalización de la propiedad rural, reorganización del fondo de tierras y el catastro multipropósito, entre otras acciones.
Pocos avances y muchos retos
El Acuerdo final de paz firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en su punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” establece disponer para este propósito tres millones de hectáreas vía fondo de tierras y garantizar la formalización de la propiedad rural de siete millones de hectáreas en un plan de diez años a partir de la firma del acuerdo, sin embargo, una de las dificultades, reconocida por el Gobierno, para garantizar la implementación del Acuerdo es precisamente no haber avanzado en este ítem, centro del acuerdo, ad portas de conmemorar los ocho años de la firma, poniendo en riesgo la implementación del mismo.
A corte del mes de junio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indica que la gestión total de toda la institucionalidad comprometida con la Reforma agraria alcanza 1.065.109 hectáreas, vía restitución de baldíos, extinción a favor de la nación y compra como elementos más importantes. Una cifra aún muy lejana de las metas propuestas para lograr cumplir con el Acuerdo de paz y echar a andar la postergada Reforma agraria.
Los pronunciamientos del presidente en ese sentido, más allá de denotar un sombrío panorama, evidencian la realidad de un aspecto crucial para impulsar el propósito de la paz y la transformación de la ruralidad. Si bien el Gobierno anterior es responsable de la lentitud del proceso y del incumplimiento del Acuerdo, el Gobierno actual tiene el reto de procurar avanzar con diligencia en la tarea.
El director de la ANT, Felipe Harman, reconoce que se ha logrado la adquisición de 25.000 hectáreas, pero que, gracias a los convenios con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y con la Unidad para las Víctimas, se logrará la meta propuesta de 300.000 hectáreas. En su gran mayoría, las tierras se han adquirido gracias al acuerdo con FEDEGAN, que permitiría adquirir tierras en 300 latifundios identificados.
Procuraduría busca hacer inviable la Reforma agraria
Con el riesgo de maniobras ventajosas de usurpadores, que buscan estafar al Estado con tierras no aptas, hoy los avances, aunque lentos, son ciertos. Pero una nueva ofensiva contra la implementación se despliega desde la Procuraduría, que como expresión del gobierno que hizo trizas los acuerdos, actúa en consecuencia y pretende criminalizar la acción de la ANT y, por tanto, detener el proceso de compra de tierras, acusando presuntas irregularidades en el mismo.
No le falta razón al presidente al decir que “la Procuraduría se abalanza contra los funcionarios que hacen la Reforma agraria para asustarlos, e impedir que entreguen tierra a los campesinos; ya la extrema derecha habla con magistrados para que hundan los artículos, por medio de los cuales el Gobierno le puede comprar tierras a los latifundistas de manera rápida y entregárselas a los campesinos”.
Con el subterfugio de criterios técnicos, la Procuraduría haría inviable la Reforma agraria. El director de la ANT ha sido categórico al señalar que la entidad ha venido estableciendo, con claridades meridianas, posibles desaciertos en las metodologías de adquisición, pero ello no implica que el proceso esté viciado o deba detenerse. “Hoy tenemos un procedimiento único de compra y reforzamos la visita agronómica para garantizar que sea fértil la tierra que se está entregando al campesinado colombiano”, aseguró Harman.
No es la primera ofensiva de la Procuraduría y las Cortes contra el proceso de paz, el gobierno del cambio y, por supuesto, la Reforma agraria como eje del proyecto transformador. Desde suspensiones a funcionarios de primer nivel, como el caso emblemático del excanciller Álvaro Leyva, investigaciones a congresistas del Pacto Histórico y pérdidas de investidura ordenadas por el Consejo de Estado, la abierta oposición a la iniciativa de vocerías de paz para impedir la libertad de jóvenes de la primera línea, que evidentemente pretenden evitar que responsables de ordenamiento de gasto y, por ende, del desarrollo de políticas públicas actúen, lo que de alguna manera explica la baja ejecución de ministerios y entidades aterradas por el síndrome de las “ÍAS”.
Democracia versus viejo poder
No es entonces un choque de trenes, como la matriz mediática caracteriza este escenario de contradicciones y tensiones, o la coherente y consecuente acción de la moralidad publica que se supone representa la Procuraduría, cuando en realidad es un organismo viciado por la politiquería y el manzanillismo.
Es un escenario de disputa de dos proyectos antagónicos: el que representa el Gobierno encabezado por Gustavo Petro, de origen popular y democrático, y los intereses y privilegios que defiende la superestructura jurídica instalada por el viejo poder. Son operadores políticos de oposición, como la señora Cabello, impuesta por Duque, defensora del clan Char y de la cuerda de Vargas Lleras, que con un poder inusitado busca por todos los medios, y con apariencia de legalidad, bloquear las iniciativas del Gobierno. Es el golpe blando en marcha. Más claro no canta un gallo.
