La popularidad del presidente

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Wilfrido Jiménez Díaz

Sin duda alguna, las empresas creadas para la realización de encuestas, para medir la opinión de los ciudadanos en múltiples frentes del desenvolvimiento de nuestra sociedad, nos ofrecen en medida prudencial unos elementos de partida, de tipo conceptual, al momento de enfrentarnos a analizar o enjuiciar ciertos temas en particular.

Se han hecho populares las encuestas para medir las inclinaciones de tipo electoral, hasta tal punto que muchos partidos en el presupuesto de sus campañas, incluyen abultados rubros para sufragar este tipo de mediciones.

De igual forma se han hecho famosas las encuestas en las que se mide la popularidad de los presidentes, sobre todo si estos tienen aspiraciones reeleccionistas.

Por ejemplo, en nuestro país, acaban de ser publicados los resultados de las últimas encuestas, en las que se mide el grado de popularidad y aceptación entre los colombianos del señor presidente de la república, Dr. Juan Manuel Santos; aquí se demuestra el grado de importancia que muchos le profesan a este tipo de mediciones, ya que los analistas del círculo más cercano al mandatario no dejan de demostrar su preocupación por los resultados de la misma, toda vez que su popularidad ha venido de más a menos y en la actualidad se encuentra muy por debajo del 50%. Y esto se sustenta en las cábalas que hacen, tratando de justificar el porqué de tales resultados, o más bien, la forma de hacernos creer cuáles son esas razones.

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Viendo y leyendo notas de columnistas y editorialistas, quizás comprometidos con el gobierno y su programa de “Prosperidad para todos”, no han escatimado esfuerzos para decirnos que la razón de tal pérdida de popularidad se debe a los diálogos en La Habana y los resultados en los diferendos limítrofes entre nuestro país y Nicaragua.

Mezquino análisis, porque parece, a simple vista, que nos estuvieran diciendo que la búsqueda de una solución política, pacífica y negociada al conflicto social y armado que ha padecido nuestra patria desde hace más de 50 años es un desacierto del actual mandatario presidencial; que el fallo de la Corte de La Haya dependiera de las gestiones únicas y exclusivas del gobierno actual.

No existe tanta razón en estos enfoques, porque la mayoría del pueblo colombiano (esa mayoría a la que le invisibilizan su opinión), de muchas maneras ha venido manifestando desde hace rato que clama por una paz verdadera, y para que sea verdadera debe ser con equidad y justicia social, tal como lo podremos aprecian en la próxima toma de Bogotá, programada para el martes 9 de abril. Y por su parte, el proceso ante la Corte de La Haya viene de muchos gobiernos anteriores, que se ufanaron de guerreristas (en nuestro territorio), pero que se olvidaron de nuestras fronteras.

Esa pérdida de popularidad tiene otras razones de peso y si no, que se les consulte a los cafeteros, a los camioneros, a los mineros, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a los trabajadores, a los residentes de los barrios populares de las grandes ciudades, a los usuarios de los servicios de salud y de los servicios públicos domiciliarios, a los damnificados por las olas invernales y a nuestros sufridos, desarraigados y desatendidos desplazados por la violencia y por el Estado mismo, con sus megaproyectos futuristas.

Me atrevería proponerle a las empresas encuestadoras hacer un sondeo de opinión a los gremios antes mencionados y nos daremos cuenta de que la carga de la prosperidad la llevan muchos y los frutos de la misma la disfrutan unos pocos.

El pueblo colombiano está despertando, y no porque los países vecinos así lo estén haciendo, sino por el palo y el rejo que nos están dando los que manejan el poder político y la economía de la nación.