El presidente Gustavo Petro decide endurecer su postura ante la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de el llamado Estado Mayor Central, disidencia liderada por Iván Mordisco
Redacción política
Uno de los objetivos de los ceses de fuego en conflictos es proteger hasta donde más se pueda a la población civil desarmada y no combatiente, atenuando los impactos de la confrontación en la vida, bienes y movilidad de esta, por eso son tan importantes en las etapas de conversación y diálogo.
Aunque se había acordado un cese bilateral del fuego entre las fuerzas del Estado, por orden del presidente Gustavo Petro y el grupo armado Estado Mayor Central, EMC, liderado por Iván Mordisco, el proceso venía sufriendo de varios vacíos y situaciones que no fueron previstas en los primeros acuerdos.
Las confrontaciones entre el EMC y la Segunda Marquetalia en regiones como Putumayo; Caquetá; El Pato, entre Huila y Caquetá, y en el cañón del río Duda, entre zona rural de Bogotá y el Meta ya venía anunciado una nueva crisis; en medio del fuego cruzado quedaron atrapadas muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Una crisis madurada
El detonante de este nuevo ciclo crítico fue el asesinato de tres jóvenes en El Estrecho, municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, límites entre Caquetá y el Amazonas el pasado 17 de mayo, por parte del grupo armado Carolina Ramírez del Estado Mayor Central.
La fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado departamento del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Jardines de Sucumbío (Nariño) expresó en un comunicado que: “este hecho responde a prácticas y métodos de guerra, donde no solo los jóvenes siguen siendo utilizados para la confrontación y lucha territorial que se mantiene entre los grupos armados en conflicto, también son parte de la violencia diaria que se incrementa ante la incesante ausencia de políticas del Estado colombiano, que vayan dirigidas a contrarrestar las prácticas de vinculación de la juventud en la guerra, constituyéndose en una violación a los derechos humanos del DIH. Las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos deben ser aclaradas por las autoridades correspondientes”.
Confirmado el hecho, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender los efectos del decreto 2656 de 2022 e iniciar una reactivación de las operaciones militares ofensivas contra el EMC en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. “Es un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, expresó el comunicado emitido por la Presidencia de la República.
Efectivamente, el EMC, debe reconocer sin ambages su responsabilidad en este hecho, explicar que protocolos aplicaron para tal decisión y poner la cara ante los familiares victimas de su accionar.
Nuevas y complejas lecciones para la paz total
Es necesario encontrar las nuevas lecciones y tendencias que toma la política de la Paz Total. La decisión de suspender parcialmente el cese de fuego muestra una nueva tendencia de esfuerzos por focalizar territorialmente los avances en materia. “Hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el EMC-FARC por el respeto al cese al fuego y donde se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores”, fue el argumento expresado en el comunicado.
Pero a la vez, existe un diálogo fraccionado territorialmente, que se convierte en un reto difícil de asumir, en tanto el EMC es una fuerza insurgente nacional. Por ejemplo, ¿es posible que en Nariño se mantenga el cese bilateral del fuego, mientras estructuras del EMC en Putumayo o Caquetá, que obedecen a un mando nacional unificado, escalan la confrontación con el Ejercito? Es poco probable que esto suceda. Ya en su comunicado el EMC anuncia que la suspensión parcial es “en la practica romper con el conjunto de las FARC-EP”.
Pero, por otro lado, el gobierno, en una decisión compleja, además de suspender el cese bilateral, al mismo tiempo anunció que “en próximas horas nombrara sus voceros para adelantar la mesa de conversaciones” que debe llevar a un diálogo y una negociación con este grupo armado. Debe entenderse esta aparente contradicción con que más allá de las circunstancias dolorosas que ha generado esta nueva crisis, la puerta sigue abierta y la voluntad disponible para construir caminos de paz.
El EMC no debe despreciar tal posibilidad y necesidad. Ahora, la pregunta debe quedar expuesta: ¿Por qué se tuvo que esperar a una crisis de esta magnitud para nombrar voceros?
La amenaza no es el camino
Al tono fuerte del Gobierno de afirmar que al tiempo que se suspende el cese bilateral del fuego “se reactivan todas las acciones ofensivas” no se quedó atrás la respuesta del EMC en su comunicado, mostrando también su tono beligerante: “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicaran los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de Paz Total”.
Mostrarse los dientes de la guerra en medio de una crisis no es aconsejable. La primera reacción ante la crisis debe ser de prudente análisis y disposición genuina en la búsqueda de soluciones.
Es preocupante que a la ya conocidas invasión de nuestro territorio con más de una docena de bases y estructuras militares norteamericana, ahora tengamos que actuar en las instancias domesticas de seguridad y en el desarrollo de la política de Paz Total, bajo el ojo vigilante directo y presencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La paz como un asunto de los y las colombianas debe ser asumida y dirigida por el gobierno de manera autónoma y soberana. Estados Unidos confunde apoyo, acompañamiento y rol de garante con el de un policía que demanda y actúa suplantando la autoridad y la justicia soberana.
Es inaceptable e innecesario la presencia de agentes ni militares norteamericanos en las instancias que definen la seguridad y la paz.
Siempre hay salidas
La búsqueda de la paz nunca agota los recursos para lograrla. Siempre habrá caminos. Lo primero es que el Gobierno, el Estado colombiano y los grupos armados que han expresado su voluntad de solución política negociada o sometimiento a la justicia se mantengan en el diálogo para restablecer en primera instancia los ceses bilaterales del fuego, se desarrollen acciones que contribuyan a aclimatar un ambiente de paz, acordar agendas y reglas de juego claras que den vida a las mesas de conversación.
Respectar el Derecho Internacional Humanitario y mantener una comunicación privada y pública asertiva, sin adjetivos ni agresiones, podría ser un buen reinicio.
El gobierno afirmó en su comunicado que las comunidades no están solas, que él las escucha y que no es ajeno a su llamado. Pues las comunidades han hablado y a través de la fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado departamento del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Jardines de Sucumbío (Nariño) han propuesto que es urgente un ajuste y mayor precisión en la implementación del cese bilateral al fuego, “que garanticen los derechos de las comunidades rurales y urbanas de Colombia. Así mismo, se instalen con Urgencia los mecanismos de Verificación, Investigación, Prevención y Protección que den debida cuenta de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, la puesta en marcha de rutas que garanticen la no continuidad de las mismas, con el acompañamiento necesario de la Comunidad Internacional que aporte a las garantías en adelante del cese bilateral y la implementación cabal del MVM&V según el decreto 2656 del 2022”.
