Javier Dorado, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, en ese departamento, explica la complejidad de la guerra y la urgencia de la paz
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Javier, cuál es la radiografía de la situación de derechos humanos en Nariño
Me remito específicamente a la presencia de grupos armados ilegales en los municipios de la cordillera, en la zona noroccidental, en Policarpa, El Rosario, Leiva y Cumbitara donde hay presencia de un grupo de las disidencias de la FARC, que ejerce el control territorial, está por fuera del cese al fuego y tiene unos enfrentamientos muy fuertes en la zona rural de Policarpa. El último hecho es la bomba que colocaron en la estación de Policía de El Remolino, que dejó la muerte de tres personas.
Por el lado de la costa Pacífica, hay presencia de todos los grupos. Está la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, la disidencia del ELN; y, por el lado de la frontera, de Jardines de Sucumbíos y Putumayo, estarían los Comandos de la Frontera de la Segunda Marquetalia; y en occidente de Nariño hay presencia de la Segunda Marquetalia, las disidencias del ELN, un grupo paramilitar que se autodenomina Autodefensas Unidas de Nariño, y una estructura de lo que antes era el Bloque Central Bolívar y lo que aquí en Nariño se llamó el Frente Libertadores del Sur de las AUC del Bloque Central Bolívar.
Crisis de la coca
¿Hay estructuras que se dediquen solamente al narcotráfico?
Las comunidades del norte de Nariño reconocen que la economía básica está alrededor del cultivo de coca y, por ende, se puede pensar que es alrededor de la ruta que va a la costa pacífica nariñense y a la costa pacífica ecuatoriana.
Pero en muchas de estas zonas de la costa Pacífica se ha producido una crisis de la coca, que ha generado que el gobierno departamental haya tenido que iniciar campañas humanitarias contra el hambre. No están comprando la coca, los precios se han bajado. Los campesinos me dicen que han dejado abandonado el cultivo y se han ido a trabajar en minería.
Ante ese panorama, ¿qué han dicho las comunidades?
Hubo una gran reunión promovida por el Gobierno departamental, en Pasto, con una gran cantidad de líderes y lideresas de esos municipios, con acompañamiento institucional, organizaciones sociales, organismos internacionales; pero la respuesta de los grupos armados ilegales fue colocar esa bomba en El Remolino.
Después de que se rompe ese proceso de cese al fuego con un sector del Estado Mayor Central, fundamentalmente del señor “mordisco”, es que ellos han reactivado esas acciones contra la fuerza pública. Es retaliación frente a lo que el Gobierno cree estar haciendo bien. Hace unos días leía sobre la detención de unos dirigentes de estos grupos armados.
Connivencia oficial
También se denuncia la connivencia entre grupos ilegales y estructuras de la fuerza pública
Hace unos años salió una noticia donde un general de la Tercera Brigada, que está en el suroccidente colombiano, apareció involucrado con el narcotráfico, y las comunidades decían que bajaban helicópteros de las Fuerzas Militares y se llevaban tulas, o de plata, o de coca. Ese proceso continúa.
Las comunidades en la costa Pacífica hablan de la convivencia entre las fuerzas militares no solo con los grupos paramilitares, sino alianzas con las disidencias de las FARC y del ELN.
Hay casos en que después de una agresión sexual, de un secuestro temporal, a pesar del llamado a la fuerza pública esta no se hace presente y después de un tiempo pasa la patrulla por la zona turística de Tumaco, y detrás pasa la moto donde ─dicen─ pasan los agresores.
Y, al mismo Petro, los líderes y las comunidades se lo han dicho, yo sé que se lo han dicho, inclusive se ha pedido el cambio de la cúpula militar y de Policía de Nariño.
Lenta sustitución de cultivos
¿Ha habido una reconfiguración de los actores armados y de la guerra?
A uno le da temor mencionar esto porque las disidencias de la FARC vienen de una historia, están ahí, está la Segunda Marquetalia, pero el comportamiento de ataque a las comunidades, a las organizaciones sociales y a los líderes sociales no se daba antes; era claramente determinado a los grupos paramilitares o al Ejército y Policía. Por ejemplo, hay un líder social asesinado por las disidencias de la FARC en Leiva.
¿Cómo van los programas de sustitución de cultivos, titulación y entrega de tierras?
Creo que es muy bajo el porcentaje tanto en entrega de tierras como de sustitución, porque esta última se hizo más con criterio individual y no de manera colectiva, es decir, les daban un poco de plata y se la gastaban, y se acabó la plata, ¿qué les queda?, volver a lo mismo.
Ese proceso no funcionó de la mejor manera. Un funcionario de sustitución de cultivos en el gobierno anterior me mencionaba que no se alcanzó a llegar ni al diez por ciento de familias beneficiadas. Esto tiene que ver con la decisión del anterior gobierno de hacer trizas el Acuerdo.
Diálogo con todos los actores
¿Cómo avanzar en la política de Paz Total del Gobierno nacional?
Acá el Gobierno nacional ha preferido un proceso de paz con las disidencias del ELN y dejar rezagado el proceso con el Ejército Liberación Nacional, entonces, estamos a la expectativa.
Hay una parte social, que aspiramos que se cumpla, que es el Plan maqueta, que si no estoy mal son alrededor de 400 mil millones de pesos en áreas como vías terciarias, infraestructura, salud, educación y productividad.
Por lo demás, difícil porque, por decir algo, si las disidencias del ELN deciden desmovilizase aquí está la Segunda Marquetalia que copará el territorio, aparte el Estado Mayor Central. Una paz territorial tiene que ser con todos los grupos.
