Pietro Lora Alarcón
Los dos primeros días de mayo registran un viraje en la relación entre el Gobierno, el Congreso y el pueblo. Dos hechos hay que destacar, conectados con la formación de una base popular que objetivamente crece y desarrolla un acumulado y un potencial estratégico para los cambios democráticos.
Hubo un giro en la situación política: aunque el Senado tiene la posibilidad constitucional de decir no a la consulta radicada ─y en la mesa de juego este es el naipe de la oligarquía─, la apuesta ahora es más alta y a favor del Gobierno, porque se acompaña de la gente que asume el papel de protagonista decisivo para presionar las reformas. La movilización del primero de mayo evidenció una fuente de acción política, ofreciendo la perspectiva de que esto ya no reside exclusivamente en el Senado, sino también y fundamentalmente en la calle.
Por eso, aunque puede haber un largo trecho para una reforma política o una reforma agraria y se está peleando una reforma laboral, lo que tanto incomoda a la oligarquía es que el Gobierno desafíe los obstáculos legislativos y apueste al peligrosísimo poder constituyente, que construye su legalidad en el asfalto y en el territorio.
Hay dos hechos destacables. La movilización alienta el paso de las fuerzas que trabajan por un nuevo sentido de la política, especialmente de la acción partidaria, ayudando a resolver posibles dudas sobre el carácter que debe asumir el Pacto Histórico. Sería mezquino y miope, en términos de lectura de la realidad de la lucha de clases, que ante una progresión del sentido de la expectativa social por los cambios se generara simplemente un espacio de convergencia para la disputa electoral.
Felizmente, las fuerzas del Pacto Histórico han asumido la tarea de construir, de la mano de la gente, un instrumento de mayor alcance, comprometido con las condiciones objetivas que garanticen cuestiones como el tránsito a una economía para el desarrollo, la producción y la reducción de la dependencia externa, con participación y deliberación democrática para la toma de decisiones en una sociedad de derechos para la paz y la vida.
Es imprescindible continuar el diálogo, con flexibilidad y amplitud, con sectores que se mantienen aún fuera de este escenario de unidad, con argumentos respetables, pero que tal vez no lleven en cuenta los desdoblamientos de una realidad histórica diferenciada.
El segundo hecho significativo es un acto de justicia social materializado el 2 de mayo, cuando se devolvieron más de 1.900 hectáreas de tierra a familias campesinas en el Cesar. La ministra de Agricultura Martha Carvajalino expuso claramente que, aunque persisten la concentración improductiva, el acaparamiento de las tierras de la nación y el despojo violento del campesinado, el Gobierno responde con redistribución, recuperación y la posibilidad de que el campesinado retome lo que nunca se le debió haber quitado.
Hubo un giro, hay Pacto y, sobre todo, fuerza para avanzar.
