La represión oficial y las políticas agrarias antipopulares ponen en duda la voluntad de paz del establecimiento
Agencia Prensa Rural
Desde el 30 de mayo los campesinos del país se están movilizando, convocados por la Cumbre Agraria. Se habla de unas cien mil personas en las carreteras. Hay concentraciones en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Casanare, Tolima, Boyacá, Huila, Nariño, Bogotá y Cesar. Cuatro vías principales del país están bloqueadas: una en el Urabá, dos en Chocó, y la vía Panamericana en el Cauca. Hay protestas en 27 de los 32 departamentos del país.
La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, como se ha llamado la movilización, rechaza el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos suscritos tras el paro de 2013. En los tres años transcurridos desde entonces, han seguido los asesinatos, las amenazas y las judicializaciones, mientras se implementan leyes en contravía de los acuerdos alcanzados con la insurgencia en materia de desarrollo agrario integral.
Aunque el Gobierno reconoce que la gente tiene derecho a la movilización y la protesta, la respuesta que ha dado a esta ha sido violenta. Hasta el 5 de junio las cifras son alarmantes: tres indígenas muertos (Willington Quibarecama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz Ulcué), 140 detenidos y 190 heridos. En el Cauca dos mujeres tuvieron abortos por la agresión policial. En el Tolima y Antioquia los líderes han recibido amenazas de muerte.
Ha habido personas infiltradas armadas en las movilizaciones, amenazas, panfletos ofreciendo dinero por denunciar a los líderes. “Es toda una guerra mediática contra la Cumbre, desvirtuando los objetivos que han llevado a la movilización”, afirma César Jerez, coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y vocero de Cumbre Agraria.
Robert Daza, integrante del Coordinador Nacional Agrario y vocero de Cumbre Agraria, dice que “son más de cien puntos de concentración en 27 departamentos. Cerca de cien mil personas están movilizándose”. Las comunidades campesinas y urbanas están en las calles con el propósito de defender la paz y señalar las políticas de Santos que parecen desmentir que el fin del conflicto esté cerca.
Acciones que reivindican el descontento
Unas 130 lanchas ocupan la zona marítima del Puerto de Buenaventura y bloquean el comercio nacional e internacional. En el municipio de Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño, los manifestantes ocuparon pacíficamente la alcaldía. En un comunicado de la alcaldía dice que los funcionarios públicos se sintieron secuestrados. La Minga se toma las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá.
Al paro agrario se suman los camioneros, que informan que, alrededor de quince mil, saldrán a bloquear las vías. Los profesores también han apoyado el paro.
Primeros acercamientos con el Gobierno
A los cinco días del paro se realizó en Cali la primera reunión entre la comisión política de la Cumbre Agraria y el Gobierno nacional, representado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo. Allí no se logró instalar la mesa única de negociación, pues desde Cumbre hay unas exigencias para poder negociar con el Gobierno.
Entre las principales exigencias están: 1. Garantías en derechos humanos y legitimidad de la protesta en términos de no más agresiones de la Fuerza Pública a las personas movilizadas en todo el territorio nacional. 2. Reactivación de la Comisión de Derechos Humanos conjunta con Ministerio del Interior en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. Y 3. Intercambio de propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única.
Sin embargo, después de la reunión, el mismo Gobierno usó la estrategia de desinformación, pues dijo que se había instalado la mesa, que se acordaron desbloqueos. “Son acciones que hay que reprocharle al Gobierno por el incumplimiento”, dice César Jerez.
Las autoridades ordenan retirar a la gente que está bloqueando las vías. “No han retirado la Fuerza Pública de las carreteras sino que la han multiplicado. La reunión que se hizo y duró todo el día no sirvió para nada”, dice Sebastián Quiroga, vocero de Congreso de los Pueblos.
El ministro Juan Fernando Cristo aseguró que el Gobierno nacional mantiene voluntad de diálogo y señaló en videoconferencia con los gobernadores y autoridades nacionales realizada el 30 de mayo: “Este es un paro, protesta o movilización injustificada en la medida que este es un gobierno que no requiere que se presenten medidas de presión de esta naturaleza para estar sentados dialogando sobre los distintos temas, sobre todo en zonas afectadas por el conflicto armado, donde se tiene un compromiso grande por consolidar la paz. Los diálogos están abiertos permanentemente”.
En juego la paz
Sin embargo, los voceros de la Cumbre Agraria han reiterado que, a pesar de los acercamientos con el Gobierno, después de dos años del paro pasado, el Estado no ha llevado a la realidad los acuerdos a los que se comprometió en el papel. Nefasto precedente para el proceso de paz en curso.
Y así se lee desde La Habana. En un artículo sobre la movilización campesina, el mismo Timoleón Jiménez, comandante en jefe de las FARC, advierte: “Si la respuesta del Estado es la violencia, pues ahí tenemos a mano la explicación más válida a la larga confrontación bélica vivida por el país en los últimos 52 años. Un gobierno que manifiesta su disposición a firmar la paz con la insurgencia, y que asume la tarea de conseguirlo, por encima de la inconformidad de los grandes acaparadores de tierras y riqueza en el área rural, no puede seguir incumpliendo su palabra y seguir empleando la represión contra la protesta justa”.
Al respecto, Antonio Madariaga Reales, de la Corporación Viva la Ciudadanía, señala: “La emergencia y frecuencia de la movilización social va a ser una de las características afortunadas del postacuerdo y la sociedad colombiana tendrá que acostumbrarse a ella. Pero más importante aún es que el Estado se reconozca como garante y deje de considerar la protesta social como un problema de orden público. Para ello deberán darse, además de cambios normativos, cambios en la cultura institucional en general y en particular de la actitud de la Fuerza Pública”. He allí un gran reto para la paz que se avecina.
