Luis Jairo Ramírez H.
Algunos sectores de la izquierda expresaron en su momento interpretaciones contradictorias sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, incluso algunos afirmaron que el acuerdo y la dejación de armas significaban una “renuncia a la lucha”.
Para comenzar, es importante señalar que los pueblos no eligen la guerra; son las élites dominantes, opuestas a las transformaciones democráticas, quienes recurren a la violencia para imponer sus intereses y privilegios vergonzosos. Colombia no ha sido la excepción. El pueblo colombiano sabe que quienes quieren la guerra son estas élites adineradas y militaristas.
A mediados del siglo XX, no existían guerrillas en Colombia; fue la violencia liberal-conservadora de los años 40 y 50 la que desató la autodefensa de masas, luego las guerrillas liberales y, posteriormente, las guerrillas comunistas, como respuesta a la agresión militar contra las zonas de colonización campesina.
La insurgencia campesina siempre mostró disposición al diálogo, sin embargo, no fue oída por los gobiernos del Frente Nacional. Solo hasta la década de los años 80, en el gobierno conservador de Belisario Betancur, se intentó una solución negociada a la confrontación armada que, finalmente, fracasó por el boicot abierto de las fuerzas armadas y el empresariado, que utilizaron grupos paramilitares para cometer un genocidio contra la Unión Patriótica, los comunistas y otros sectores de la oposición.
El debate sobre las formas de lucha y la acción de masas
Cuando comienza la lucha armada en Colombia, a partir de 1950, los comunistas elaboran su orientación táctica de la combinación de todas las formas de lucha de masas. No se excluye ninguna forma de lucha, sino que se busca combinarlas todas adecuadamente, según la realidad colombiana.
A mediados de la década de 1960, cuando los comunistas ya llevaban más de una década adelantando la resistencia campesina, sectores maoístas proclamaban la vía armada como la única forma de lucha. Frente a esto, los comunistas decían: “No, nosotros reivindicamos como justa la lucha armada, pero también impulsamos la acción de masas en el campo, con los sindicatos y tenemos aliados en el parlamento, en la iglesia, otros sectores de la sociedad, y aspiramos a acabar con el sistema paritario para tener plenos derechos políticos”.
Ahora bien, ¿la transformación política y social depende del fusil? La respuesta la expone Lenin en su texto Guerra de guerrillas: “El marxismo admite las formas más diversas de lucha; además, no las ‘inventa’, sino que generaliza, organiza y hace conscientes las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento.
»El marxismo, totalmente hostil a todas las fórmulas abstractas, a todas las recetas doctrinarias, exige que se preste mucha atención a la lucha de masas en curso que, con el desarrollo del movimiento, el crecimiento de la conciencia de las masas y la agudización de las crisis económicas y políticas engendra constantemente nuevos y cada vez más diversos métodos de defensa y ataque”.
Por su parte, Gilberto Vieira, en su famosa entrevista con Marta Harnecker (1988), expresó: «En ese período algunas agrupaciones de izquierda consideraron que la lucha por las libertades públicas y la ampliación de la democracia no era revolucionaria y también proscribían la participación electoral; nos endilgaron el calificativo de “revisionistas”, hoy muchos de ellos se pelean por estar en los puestos electorales».
Buscar la paz no es abandonar la lucha
Importantes sectores de la sociedad y algunas fuerzas insurgentes eran conscientes de que, luego de medio siglo de guerra, ya se transitaba una situación de degradación que afectaba mayormente a la población indefensa; la embestida militar-paramilitar de los años 80 dispara la violencia en todas sus expresiones. La insurgencia se ve insuficiente para enfrentar el binomio militar-paramilitar y se repliega. Adicionalmente, el poder gobernante dio tratamiento militar a toda movilización popular. No hay un país donde se hayan cometido más crímenes políticos que en Colombia.
Vieira además señaló: “Nosotros levantamos la bandera de la paz democrática y la diferenciamos de la paz abstracta general. Desde luego, la bandera de la paz es la que congrega al pueblo colombiano en lucha por la justicia social; este no quiere la guerra; ha sufrido las atrocidades más espantosas de la violencia reaccionaria y entiende que cuando se está hablando de paz, se está hablando contra el militarismo”.
No se trata de una lucha por regresar a una democracia burguesa formal de tipo liberal; se trata de la búsqueda de una democracia política y social avanzada, donde el pueblo sea protagonista, como paso previo para la lucha por las transformaciones de fondo.
Hay que parar la degradación del conflicto armado
Pero los procesos sociales no son lineales. Pareciera que, desde los acuerdos de La Habana de 2016, se marcara un quiebre en el camino de la paz.
El gobierno del Pacto Histórico propuso la Paz Total, que apoyamos, pero hoy carece de un liderazgo fuerte para una estrategia de paz clara y efectiva, existen problemas de articulación y retroalimentación entre las distintas mesas de diálogo. Simultáneamente, no fluye la inversión social efectiva y coordinada entre los ministerios hacia las regiones, acompañada de alivios humanitarios para la población y una mayor participación de las comunidades en la construcción de paz en los territorios.
En los últimos años, las estructuras armadas han ido perdiendo de su origen insurgente y se encuentran descendiendo hacia estados brumosos que nadie imaginó: una disputa feroz, sin principios, de todos contra todos; fragmentación entre ellos, afán de dominación territorial para la centralización del mercado del narcotráfico, las economías ilegales de la minería y la extorsión al pequeño y mediano comercio.
Hoy lo que parece incomprensible es que sea la insurgencia la que decrete “confinamientos” y “paros armados” que inmoviliza los liderazgos propios de las comunidades, como ocurre una y otra vez en las poblaciones del Chocó, que se vuelven una especie de campos de concentración, en donde no se permite el ingreso de alimentos, atención médica ni medicinas.
Se están imponiendo modalidades de sometimiento con métodos de terror que ya se vivieron en épocas del dominio paramilitar; desplazamientos masivos y ejecuciones sumarias de líderes sociales y firmantes de paz, como ocurre en el Catatumbo. De la insurgencia armada para enfrentar al poder se pasó al uso inclemente de las armas contra los olvidados y oprimidos de siempre.
La salida política de la confrontación armada
El comandante Fidel Castro, curtido revolucionario que lideró la lucha armada en Cuba desde 1953, se interesó siempre por el desarrollo del acontecer en Colombia. En La paz en Colombia (2008), Castro comentó que “había siempre tendencias aferradas al concepto de una lucha armada excesivamente prolongada. Hay guerrilleros que perdieron años planeando triunfos para las calendas griegas”. (Significa que una cosa no se realizará nunca, ya que en Grecia no existían las calendas, división del mes romano).
Para desbloquear esta situación, en un contexto de degradación persistente de la confrontación, se hace necesario buscar una salida negociada al conflicto político. En especial, si queremos elevar a una nueva dimensión las luchas sociales en el país. Para ello es necesario lograr un gran avance de las fuerzas sociales y políticas que representan el progreso y el porvenir democrático de la nación, un alto grado de su unidad y de su organización y un nuevo nivel de acción decidida de las masas.
Movilización social: la paz desde abajo
Es un hecho inédito que el Acuerdo de Paz de La Habana del 24 de noviembre de 2016, habilitó nuevos ánimos y condiciones para la acción política de los sectores democráticos, de izquierda y, en general, del campo popular, que hicieron posibles los avances electorales del 2018, el estallido social de masas y el primer gobierno de una convergencia plural, democrática y popular: el Pacto Histórico, en el 2022.
Al mismo tiempo que levantamos la solidaridad nacional con la población revictimizada del Catatumbo, el Chocó, Cauca y Arauca, exigimos a los contendientes voluntad para un cese al fuego multilateral incondicional, con base en el compromiso de las estructuras armadas de respeto, sin excusas, por la población civil no combatiente y su derecho al retorno y salvaguarda de su vida.
Ante la incapacidad crónica de las negociaciones entre el Estado y las guerrillas, se impone con fuerza la disposición de los movimientos sociales, de impulsar la paz desde cada ciudad, municipio y ruralidad. Una gran oleada popular donde quepamos todos, las diversas iniciativas de paz, las gentes de las artes y la cultura, las mujeres y los jóvenes; obreros, docentes, campesinos, indígenas y negros; las diversidades sexuales, el movimiento ambiental y los intelectuales, las capas medias y las gentes de la informalidad laboral. Un nuevo estallido social, esta vez por la paz integral.
