El presidente de Asonal Judicial SI, Luis Fernando Otálvaro, habla sobre la forma como se ha llevado el proceso de Nicolás Petro, la politización de la justicia, la terna para la Fiscalía y propone otros métodos para elegir fiscal general
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Los convulsos momentos políticos y judiciales por los que atraviesa la sociedad colombiana con la investigación a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, están signados por la presentación de una terna para la Fiscalía General de la Nación por parte del Ejecutivo.
Los hechos remiten a la discusión política sobre la independencia de los poderes del Estado y una necesaria reforma a la Justicia.
Para tener más elementos de juicio y conocer la visión de los trabajadores de la rama judicial, VOZ dialogó con Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, quien desde hace 30 años es dirigente sindical, aunque inició en el magisterio como líder de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, donde estuvo entre 1980 y 1985.
Pocos años después, culminó sus estudios de derecho, se retiró del magisterio y se presentó a la rama judicial. Ganó una plaza y fue fiscal local de Medellín, y luego, en 2007, por concurso fue fiscal seccional de esta misma ciudad.
Es especializado en derecho penal, cuenta con un posgrado en criminología y criminalística penal, maestrías en derecho penal y en derecho procesal, y es experto en investigación penal.
Desde 2002 a 2005 fue presidente nacional de Asonal, cuando existía un solo sindicato, y luego, presidente de Asonal Judicial SI, desde 2012, aunque con una interrupción de dos años.
El caso Nicolás Petro
Ahora la Fiscalía es protagonista de un caso, que al verlo nos permite analizar de fondo varios aspectos de la justicia en el país, y es el proceso contra Nicolás Petro, en el que se cuestiona la forma de la captura o si esta era necesaria. ¿Cómo cree usted que lo ha llevado a la Fiscalía?
-Bueno, digamos que los delitos por los cuales están investigando a Nicolás Petro tienen que ver con enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y son dos delitos graves y el Código de Procedimiento Penal es el que establece si hay lugar o no a medidas de aseguramiento y si se amerita captura o no.
Eso depende de la entidad del delito. En este caso se habilita esa captura para llevarlo ante el juez de la República, por la entidad de los delitos que tienen penas superiores a los ocho años.
Entonces, ¿sí era necesaria esa captura como se hizo?
-No como se hizo, pero sí como se ordenó porque los delitos son graves. No con esa espectacularidad, me parece que la justicia no debe ser un show mediático. La justicia para que sea justicia y para que sea ecuánime e independiente no debe estar sujeta a ningún tipo de acción mediática, que conlleve a que se dé lugar a tanta especulación, y a que se dé con espectacularidad.
Eso en ningún sistema judicial democrático es correcto y no es dable que así se actúe por parte de las autoridades, porque se convierte como en una especie de circo y eso es lo que la justicia no puede hacer.
Justicia politizada
Se dice que los poderes del Estado deben actuar de manera independiente, pero se ha visto que el poder judicial, especialmente la Fiscalía General de la Nación, actúa de manera política. ¿Cómo empezar a despolitizar a esa entidad?
-Cuando hablamos de la politización de la Justicia es necesario hacer un examen histórico de lo que ha sido en Colombia. Recordemos que las altas cortes, en especial, y la Justicia toda tuvo una época en el Frente Nacional en donde se decía que debía haber paridad en todos los entes del Estado. De allí surgió que las altas cortes eran mitad liberal, mitad conservadora.
Eso se perpetúa. Todavía se ve cómo dicen en las altas cortes, “salió este que es liberal, entonces, hay que entrar otro liberal”; “sale un conservador, vamos a ver cómo entramos a un conservador”.
Y más o menos siguen respondiendo a ese tipo de paridad política en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado. En la Corte Constitucional ha habido un poco más de independencia. Hay que recordar que es una corte surgida a partir del año 91 y que es jurídico-política porque es la guardiana de la Constitución, pero además su composición ha sido por parte de los tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Ustedes como organización sindical, ¿han hecho propuestas para cambiar ese estado de cosas?
-Hemos propuesto que se llegue a los altos cargos de los magistrados por concurso de méritos, que es la forma de democratizar la administración de justicia, como se pensó en la Constitución del 91, para evitar el padrinazgo, la politiquería y que se llegue a través de esas influencias a esos cargos.
La elección del fiscal
Y, ¿sobre el fiscal general?
-Ahí todo se ve más evidente. La Constitución planteó que era el presidente de la República quien presentaba la terna y era la Corte Suprema de Justicia quien designaba. Digamos que todos los fiscales han respondido a la política orientadora del Ejecutivo para ese momento. Y, entonces, ahí hemos visto el desempeño desde Gustavo de Greiff hasta el actual, cómo han sido influenciados por los ejecutivos que los ternaron.
Esa pérdida de independencia de la Fiscalía conlleva a que se den los procesos en esa misma forma, cuando se ha pretendido que el fiscal es muy autónomo, muy independiente, entonces, viene el jefe de fiscales, que es el fiscal general de la Nación, con su política orientadora a quitarle el proceso o quitar al funcionario.
Fue así que en la época de Luis Camilo Osorio se despidieron a muchos fiscales, entre ellos a una de las que está ternada, Amelia Pérez, porque entró en discrepancia con el fiscal por la investigación de la bomba del Club El Nogal.
Lo mismo sucedió con la doctora Cerón, en su época con Néstor Humberto Martínez Neira y lo mismo con la doctora Ángela María Buitrago.
Entonces, ¿las ternadas han sido perseguidas?
-Las tres ternadas tienen algo en común, y es que no solamente han tenido que salir del país, sino que también han sido perseguidas por el mismo ente, en cabeza de sus fiscales.
Hay que recordar que en la época de Luis Camilo Osorio, aquel que investigara el paramilitarismo no tenía apoyo y era trasladado o era destituido, e inclusive sus procesos eran reasignados a otro fiscales. Fue supremamente tenebrosa aquella época.
Recordemos que él nombró una directora de Fiscalías en Cúcuta que se pudo comprobar que tuvo nexos con el paramilitarismo, que fue acusada de paramilitarismo, de creación de grupos ilegalmente armados y de asesinato, y hoy está huyendo de la Justicia.
Cambio de la fórmula
A propósito de despolitizar la Justicia, ¿cómo debería ser la elección del fiscal general, si no es por una terna del Ejecutivo?
-A través del concurso de méritos y, para eso, con mayores requisitos. Tiene que ser una persona que haya pertenecido a la rama judicial, que hubiese sido profesor universitario, que hubiese desempeñado con éxito su profesión y que no tenga anotaciones en la hoja de vida.
Es decir, hacer un concurso que nos permita que llegue la persona con mayores cualidades, tanto profesionales como éticas, que es lo que también está faltando. Sería un concurso guiado por la Corte Suprema de Justicia. De no ser posible, entonces, como mínimo debería invertirse la fórmula, que sea la Corte la que proponga tres personas para que el presidente escoja una. Así habría mayor capacidad de independencia, de autonomía porque sería la Justicia quien haría un filtro y que sea el presidente quien escoja de esa terna.
Usted hace dos propuestas para nombrar fiscal, voltear la fórmula y un concurso de méritos, ¿qué se necesita para llegar a una de las dos?
-Es a través de una reforma constitucional, porque es la Constitución Política la que establece cómo se nombra fiscal general. Ahora, ¿quién lo haría? Hay una teoría de la Corte Constitucional que dice que se suplanta la Constitución cuando se cambian los principios de la Constitución del 91. Y, hay otra teoría que dice que puede ser a través de referendo o del mismo Congreso de la República, como constituyente derivado. Creemos que para evitar cualquier problema, debería tramitarse con una reforma constitucional a través de referendo.
La terna para la Fiscalía
¿Dónde han hecho esas propuestas?
-Es la propuesta que le habíamos hecho al Gobierno nacional, desde antes de que asumiera la Presidencia, y venimos reforzándola y recalcando en la misma; es necesario por el bien de la Justicia, de las investigaciones, de la autonomía e independencia que exista esa reforma constitucional en el poder Judicial y, en especial, en la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué concepto le merece la terna presentada por Gustavo Petro para fiscal general de la nación?
-Me parece que es de las mejores que pueden existir en el país. Veo que hay una independencia total, conocemos a estas funcionarias porque trabajaron en otras administraciones, sabemos que llegaron por concursos de méritos a la administración de justicia y que debieron salir precisamente por las investigaciones que desarrollaban, y no le veo nexos con el Gobierno a ninguna de las tres.
Es decir, vemos que inclusive han sido unas batalladoras por los derechos humanos, se han convertido en esa voz de la independencia y de la autonomía en el exilio, y esto para nosotros es supremamente importante porque es garantía de su independencia y autonomía, y no han estado vinculadas a ninguna corriente política en el país.
Y, aunque hay muchas especulaciones, lo único cierto es que lo que medio se pudo avanzar en las investigaciones de Odebrecht, se le debe a Amparo Cerón, ella mostró su autonomía e independencia y por eso salió de la Fiscalía.
Autonomía e independencia
frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto Movice
También se especula por parte de la oposición que el presidente de la República no podría presentar terna porque está impedido, ya que a su hijo lo investigan.
-El presidente no está impedido para presentar la terna, porque no está investigado por la Fiscalía ni la Fiscalía podría investigarlo, y él ha sido muy claro en que le da autonomía a la Justicia. Quien podría investigarlo es la Cámara de Representantes y esta corporación no tiene nada que ver con la elección de fiscal. No veo que exista impedimento.
Pero la nueva fiscal ¿no podría incidir en la investigación de su hijo?
-Esa era una práctica muy recurrente a la que acudían los fiscales antes de la Ley 906 de 2004. Precisamente, para evitar ese tipo de interferencias la norma dice y estableció que solamente se puede reasignar un caso en el evento en que se ha solicitado por las direcciones seccionales, y en forma motivada, lo puede hacer el fiscal general de la nación. No es que yo pueda quitar un proceso y pasárselo a otro de la noche a la mañana, como se podía hacer antes.
Otra práctica a la cual están recurriendo es el traslado, pero ahí vemos que en el caso de Angélica Monsalve, la fiscal de Bogotá, este fiscal no la pudo trasladar a Arauca, como era su pedido, porque los jueces de la República protegieron su estabilidad en esta ciudad y le dijeron, “no hay razón, no hay motivo para que la traslade”, y ella continuó con las investigaciones que tenía.
Entonces, ¿no se podría ejercer presión para favorecer al hijo del presidente?
-Tendría que existir una presión sobre los fiscales, y nosotros lo que venimos reclamando es la autonomía y la independencia de los fiscales en la investigación. Y la Corte también nos ha reconocido y ha brindado ese derecho, de que los fiscales tenemos la misma independencia y la misma autonomía que tienen los jueces de la República.
Por eso no le queda fácil a un fiscal quitar los procesos o simplemente hacer lo que se hacía antes. Ahora, la repartición es toda virtual, ya no es a dedo, hay un sistema que asigna y reasigna los procesos.
Las negociaciones
Finalmente, ¿cómo van las propuestas de reforma y las peleas de ustedes como sindicato de la rama judicial con este Gobierno?
-Iniciamos un proceso de negociación colectiva con este Gobierno, en marzo. Tuvimos muchas dificultades al iniciar las negociaciones porque había inexperiencia por parte de los funcionarios designados, porque en ese momento también hubo cambio en el Ministerio de Hacienda, lo cual generó un gran retraso en la negociación, en virtud a que casi todas las propuestas eran económicas y porque en ese momento venía una discusión de todo lo que tenía que ver con las reformas a la salud, la reforma laboral y la pensional.
Se logran avances en torno a compromisos del Gobierno, de estudiar las peticiones de tiempo atrás que tienen los trabajadores, de reforma, por ejemplo, al decreto 160 que tiene que ver con la misma negociación, con la carrera administrativa, de cómo hacer que se permita que entren los mejores funcionarios al Estado.
En la estabilidad de los trabajadores luchamos por acabar con los contratos en el Estado, porque hay entidades que su misión tiene una serie de subcontratistas que deberían estar vinculados directamente ya que su misión es investigar.
