La política criminal busca únicamente lanzar mensajes efectistas a la llamada “opinión pública”.
Sergio de Zubiría Samper
Los escándalos del poder judicial en Colombia no terminan, parece que se agudizan y muestran la urgencia de desatar un proceso constituyente que asuma de raíz aquellas transformaciones hacia una magistratura digna y democrática. La actual deslegitimación de las altas Cortes, el sistema de elección de sus responsables y sus respectivos aforos, la impunidad generalizada, las limitaciones de acceso, el hacinamiento carcelario, las dificultades de formación y el desprecio práctico de la ética judicial, han llevado a este poder público a una situación crítica. En los últimos meses, las actuaciones de la Fiscalía General, han completado este cuadro de horror.
María Jimena Duzán (Semana No. 1740), ha develado una nómina paralela contratada por el Fiscal, que solo puede incitar a la perplejidad y la indignación. Sus denuncias son contundentes: 3.500 nuevos cargos; cuatro exmagistrados con contratos cercanos a $1.430 millones. Y dos contrataciones sorprendentes: la del exjuez Garzón por cerca de $1.200 millones y la de Natalia Lizarazo, “conocida como Springer Von Schwarzenberg”, por más de $4.000 millones. ¿Es correcto éticamente que una institución pública pague esa cuantía por un trabajo individual? Los motivos, en el caso del exjuez Garzón, son “apoyar al despacho del fiscal en la investigación penal de la microcriminalidad en contextos de justicia transicional”; en el caso de Springer, se trata de ayudar a la Fiscalía en el “procesamiento de datos” en casos de crímenes internacionales cometidos por las insurgencias y las bacrim. ¿Acaso la Fiscalía no tiene la obligación de tener dependencias especializadas en investigación penal de la microcriminalidad y en el procesamiento de datos sobre crímenes internacionales? En días pasados el Procurador y el Fiscal se disputaban frente a los micrófonos, en actitudes que rozan con el fanatismo, quién podría llevar supuestamente ante la Corte Penal Internacional al gobierno de Venezuela.
Está emergiendo en nuestro país un “populismo punitivo a la colombiana”, que destruye todos los principios del derecho internacional. Sus características son: 1. Los temas criminales son usados para los debates electorales; se trata de sacar ventajas electorales entorno a la penalidad; 2. La política criminal busca únicamente lanzar mensajes efectistas a la llamada “opinión pública” y obtener criterios directivos en el ámbito de la justicia criminal (por ejemplo, realizar imputaciones criminales a partir de “algoritmos” elaborados por una firma privada); 3. Se entregan contratos a empresas privadas para producir la sensación de que los conocimientos criminológicos son de “carácter gerencial” y no dependen de factores sociales estructurales como la injusticia, el desempleo y la desigualdad; 4. Los gobernantes y los políticos tienen que demostrar a cualquier costo, aún moral y democrático, que son duros contra el crimen.
