En el suroeste antioqueño, los campesinos luchan contra la minería extractivista. Desde hace más de quince años, han denunciado el daño que genera esta actividad en los ecosistemas, las fuentes hídricas y las actividades de las comunidades
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
La mina de cobre Quebradona, de la empresa AngloGold Ashanti, ha sido desde los últimos años un proyecto ampliamente discutido por los daños ambientales irreversibles que genera en el medio ambiente en Jericó.
Por tal razón, se han llevado a cabo diversas reuniones, debates y decisiones en torno al proyecto, como la adoptada por el alcalde de Jericó en 2019, quien prohibió las actividades mineras y declaró la zona como patrimonio ecológico y cultural.
Asimismo, en noviembre de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, archivó la solicitud de licencia del proyecto extractivista, no obstante, la multinacional siguió haciendo presencia en el territorio.
La defensa por el territorio
Ignorando la resolución de la ANLA, en 2023, trabajadores de AngloGold ingresaron sin autorización para realizar excavación en un predio destinado a conservar fuentes hídricas que abastecen al acueducto comunitario. Al enterarse de esta situación, un grupo de campesinos se dirigió al lugar y detuvo pacíficamente esas labores, desmontaron las plataformas utilizadas en la excavación y entregándolas a la Policía. Además, contactaron al alcalde y a la Defensoría del Pueblo para exigir la salida de los trabajadores de los predios protegidos.
Por tales razones, la minera AngloGold Ashanti denunció a Juan Carlos Salinas, Mauricio Londoño, José Gabriel Suárez, José Luis Bermúdez, Argiro Tobón, Rodolfo Tobón, Albeiro Cardona, Porfirio Garcés, William Gaviria, Rubiel Arango y Gustavo Arboleda por secuestro simple, hurto agravado y lesiones personales.
El caso tomó rápidamente relevancia, ya que once campesinos estaban siendo judicializados por defender la vida y el territorio frente a la intervención de una multinacional extranjera. Los pronunciamientos de apoyo no demoraron en aparecer, y en Jericó, estos campesinos son tratados como héroes que tuvieron la valentía de enfrentarse contra las actividades extractivistas.
El Colectivo de Abogados y Abogadas ‘José Alvear Restrepo’, Cajar, representa a los once campesinos que actualmente enfrentan el proceso judicial por su oposición a la minería en la región. Sobre este caso, el Cajar ha señalado lo siguiente:
“Durante más de dos décadas, multinacionales extractivas han arribado a la región atraídas por la riqueza de sus recursos naturales. Su presencia ha introducido medidas que alteran la paz, la sana convivencia y la democracia, poniendo en riesgo recursos esenciales ─como el agua, las montañas, la flora y la fauna─ para la supervivencia y la salud del territorio.
»La alteración de los ecosistemas y la intención de modificar la vocación ancestral de los habitantes han impactado profundamente a la comunidad, generando un deterioro en las dinámicas sociales y rupturas significativas en el tejido comunitario”.
El proceso
Ante el proceso adelantado en la Fiscalía, la comunidad no demoró en reaccionar en apoyo a los defensores de las montañas y el agua. Entre movilizaciones, oraciones, abrazos y arengas a favor de la defensa de la vida y los territorios, los habitantes de Jericó han dado un mensaje de dignidad y defensa en toda Colombia.
“Son campesinos, padres, abuelos, líderes comunitarios y defensores del territorio. La contraparte es una multinacional con un historial largo de violaciones a los derechos humanos, que ha financiado grupos armados y contaminado territorios en el mundo”, escribió en su cuenta de X Sebastián Restrepo, ambientalista.
Igualmente, el presidente Gustavo Petro se pronunció: “Estos campesinos defienden su tierra, el agua y su municipio. El campesinado de Jericó da una lección a toda Colombia. Mi gobierno buscará la manera de apoyarlos en todo lo que podamos”.
Aunque la Fiscalía pedía medida de aseguramiento para los campesinos, el juez reconoció que las acción se enmarca en un conflicto socioambiental con la multinacional y, por tal razón, estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Los Once de Jericó están en libertad, pero con un proceso penal que continúa.
A raíz de la decisión del Juez, se han creado narrativas destinadas a desacreditar a quienes se oponen pacíficamente al proyecto minero, tal como lo hizo el exconcejal Jhon Jairo Henao Hernández. Al respecto, el Cajar expresó lo siguiente en un comunicado:
“Consideramos ajustada a derecho la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó de no imponer detención preventiva a los campesinos imputados por presuntos delitos de secuestro simple, hurto agravado y lesiones personales.
»No obstante, se mantiene la preocupación por la criminalización de las personas que defienden el derecho al ambiente, el agua y a sus comunidades. Es importante subrayar que la defensa de la naturaleza no debe ser equiparada a la comisión de un delito”.
La multinacional y los daños
AngloGold Ashanti trabaja en tres continentes y está presente en el suroeste antioqueño desde hace más de quince años. Desde su llegada, ha desarrollado una estrategia comunicativa para que se acepte el megaproyecto en las comunidades, sin embargo, esto no pasó, pues los habitantes de Jericó se cansaron de la extracción minera sin importarles los daños ambientales que dejan en la zona.
El activista ambientalista Sebastián Restrepo, en Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, comentó lo siguiente:
“Este proyecto no es conveniente porque, primero, debemos entender que las montañas de los Andes de Colombia son territorios de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad del planeta, una zona de hecho altamente amenazada. (…) es inconcebible que un país como Colombia aún tenga un modelo que es rentista y que se dedica básicamente a exportar sus recursos naturales no renovables”.
Pese a momentos de tensión, la multinacional sigue presionando con su presencia en Jericó. Como respuesta a esta situación y en apoyo a los defensores del agua, el Ministerio de Ambiente expidió la resolución 0855 de 2025, mediante la cual se declaró la reserva temporal de recursos naturales que abarca 37.300 hectáreas en Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.
Esta decisión no solo suspende la entrega de nuevas licencias mineras en la región montañosa, sino que también salvaguarda el medio ambiente y la vida.
