Con la presentación del proyecto de presupuesto para 2026, la discusión sobre la situación de las finanzas públicas de la nación sigue candente
Carlos Fernández
El ambiente se ha caldeado aún más, toda vez que, como lo comentamos en artículo anterior, el proyecto viene con un faltante de 26 billones de pesos. Ya nos acostumbramos a que cada actuación del gobierno genere una virulenta reacción en contra por parte de la oposición, aupada por sectores de la academia, de los gremios, de los medios y de ciertas instancias del propio Estado.
Los argumentos en el ring
Que el presupuesto se presentara desfinanciado por segundo año consecutivo y con el anuncio de un proyecto de ley de financiamiento (que aún el Gobierno no ha dado a conocer), como el año anterior, ha agudizado la polémica, volviéndola más áspera. Diversas instituciones y analistas (como la Contraloría General de la República -CGR-, el Comité Consultivo para la Regla Fiscal -CARF-, etc.) han arreciado sus críticas apelando a una argumentación tecnicista que no va al fondo de la cuestión.
El eje alrededor del cual giran sus argumentos es la necesaria sostenibilidad fiscal, introducida en 2011 en el artículo 334 de la Constitución como condición de la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno nacional y concretada en el establecimiento de la regla fiscal, de cuya cláusula de escape hizo uso el Gobierno este año. La sostenibilidad fiscal implica la elaboración de un presupuesto equilibrado, en el que ingresos y gastos estén igualados, así una parte de los ingresos provenga de créditos a contratar, pero cuyo trámite está cobijado por las autorizaciones de endeudamiento otorgadas al Gobierno. No obstante, el debate presenta algunas aristas complejas que es necesario examinar.
El presupuesto y la política
La pugnacidad de los sectores de oposición y su intento de boicotear cualquier iniciativa gubernamental ha impedido una discusión seria en el órgano designado para aprobarlo: el Congreso de la República. Muchos congresistas quieren que se efectúen inversiones y gastos en sus regiones o que se aprueben proyectos de ley que implican gastos, pero, cuando se les dice que es necesario poner a tributar más a algunos sectores del capital que disfrutan de exenciones tributarias o que, directamente, evaden sus obligaciones, saltan en cerrada oposición al alza de tributos o al establecimiento de tributos nuevos.
El año pasado se llevó al extremo esta posición cuando la mayoría opositora del Congreso impidió la discusión del presupuesto y de la ley de financiamiento que la acompañaba.
La cantinela de los técnicos
Mientras el Gobierno nacional mantuvo, en el presupuesto de 2025 y en el proyecto para 2026, la intención de no bajar el nivel de inversión, el coro de tecnócratas estatales, gremiales y opositores repite sin cesar la cantinela de que hay que recortar los gastos para preservar la cacareada sostenibilidad fiscal.
Algunas barreras se oponen a esta beata petición, como la inflexibilidad del presupuesto y la estructura institucional del gasto. El Gobierno calcula que el 92% del presupuesto es inflexible por normas constitucionales y legales y el CARF ya acepta que, al menos, el 88% del mismo es inflexible.
Este organismo, que cumple la función de guardián de la ortodoxia neoliberal de las calificadoras de riesgo, ha variado un tanto su discurso y ya no se centra sólo en la necesidad de recortar los gastos, sino que, ahora, le señala al Gobierno que debe proponer medidas contra esa inflexibilidad. Ello implicaría, al menos, una o dos reformas constitucionales y algunos cambios de fondo de la legislación sobre tributos y presupuesto.
La barrera institucional, ligada a la inflexibilidad, tiene que ver con la clasificación del presupuesto que, por ley, se hace como gastos de funcionamiento, inversión y pago de la deuda. A la gente le han vendido el discurso de que basta recortar los gastos de funcionamiento para resolver el problema. Esta exigencia no tiene en cuenta que buena parte de los gastos de funcionamiento son inversión territorial en salud, educación y saneamiento básico. O que el 50% de los gastos en pensiones financian las pensiones de las fuerzas militares, en unas circunstancias en que el gasto militar no desciende, sino que se incrementa.
El año anterior, la Dirección General de Presupuesto hizo un desglose del gasto en categorías que trascienden la simplista división entre funcionamiento, deuda e inversión, y pudo detectar virtudes y falencias de la asignación del gasto, focalizando ineficiencias en el gasto público que pueden ser susceptibles de corrección. Desafortunadamente, este año no se mantuvo esta práctica.
Algunas cosas por corregir
Las finanzas públicas presentan una situación delicada: ingresos tributarios que no crecen, ineficiencias en la ejecución del gasto, fallas en la programación fiscal, como lo muestra la enorme diferencia que se presentó este año en las proyecciones de ingresos entre el momento de elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el momento de elaboración del proyecto de presupuesto y operaciones de mercado riesgosas para la liquidez del aparato estatal. La población del país tiene derecho a que se sinceren estas deficiencias.
Pero corregir estas falencias no significa sacrificar, como lo quieren los tecnócratas neoliberales, el propósito del gobierno de cumplir su programa, lo que implica disponer de mayores recursos presupuestales. Esto es lo que, en el fondo, se le quiere imponer a este gobierno para que, al finalizar el mandato, no muestre resultados tangibles.
La cerrera oposición al proyecto de presupuesto oficial busca, perversamente, que los buenos, aunque todavía modestos, resultados en diversas variables de la economía (crecimiento del producto, disminución del ritmo de crecimiento de la inflación, disminución del desempleo) se reversen, a fin de decretar el fracaso de la política gubernamental, que la oposición anhela.
Hay solución
El Gobierno, en el proyecto de presupuesto, ha planteado una salida: modificar estructuralmente el sistema presupuestario mediante un pacto fiscal con todos los sectores sociales, concretado en una misión sobre la fiscalidad y el presupuesto.
Esta misión deberá plantear propuestas para que el conjunto de la sociedad las discuta y las acoja (no dejará de haber opositores recalcitrantes), propuesta que apunten a cambiar la conceptualización de los principios fiscales y presupuestales, que modernicen su estructura, que se fundamenten en la progresividad y que tengan como centro el beneficio de los sectores populares, a los que hay que llegar con total transparencia sobre estos asuntos, más allá de las abstrusas discusiones de tecnócratas.
