El Boletín del Sur revela los patrones de violencia política en Bosa, Kennedy y Soacha (2023-2024), documentando ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales y control paramilitar que afectan principalmente a jóvenes. Esta iniciativa, impulsada por organizaciones sociales busca enfrentar la impunidad mediante la construcción de memoria histórica
Anna Margoliner
@marxoliner
En los territorios del sur de Bogotá y Soacha, la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una realidad estructural que se entrelaza con la desigualdad, la exclusión y las dinámicas del conflicto urbano. El reciente lanzamiento del Boletín del Sur: Violencia política en Bosa, Kennedy y Soacha (2023-2024), elaborado por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, busca visibilizar esta problemática a través de un riguroso ejercicio de documentación y análisis. Este informe no solo recoge cifras, sino que da voz a las víctimas y devela los mecanismos mediante los cuales actores estatales y paraestatales ejercen control sobre estos territorios.
Un patrón sistemático en territorios marginados
El boletín revela que, entre 2023 y 2024, se documentaron 64 casos que dejaron 92 hechos victimizantes, entre los que destacan ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Lo más preocupante es que más de la mitad de las víctimas son jóvenes entre 18 y 27 años, aunque también se registraron agresiones contra niños y adultos mayores, demostrando que la violencia política no discrimina edad ni condición social.
Detrás de estos casos se identifican no solo acciones directas de la fuerza pública, sino también la presencia activa de grupos paramilitares como Los Rastrojos, el Clan del Golfo y Águilas Negras, que operan con distintos niveles de complicidad estatal. Estos grupos ejercen un control territorial mediante amenazas selectivas contra líderes sociales, comerciantes y habitantes que se resisten a sus imposiciones, configurando un escenario donde la violencia se normaliza como mecanismo de disciplinamiento social.
Abuso de autoridad
Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que el 78% de los casos documentados corresponden a violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, principalmente miembros de la Policía Nacional. Estos no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se repite en barrios periféricos, donde los operativos de seguridad suelen traducirse en allanamientos masivos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. El boletín cuestiona abiertamente los enfoques de seguridad promovidos por las alcaldías de Bogotá y Soacha, que bajo consignas de «mano dura» estigmatizan a los habitantes de estos territorios, facilitando así la violencia institucional.
Un ejemplo emblemático ocurrió en Kennedy durante 2023, donde operativos policiales terminaron en homicidios de civiles, incluidos dos menores de edad, cuyos casos siguen en la impunidad. Esta dinámica refleja una paradoja perversa: las políticas que prometen seguridad terminan exacerbando la violencia contra las comunidades más vulnerables.
Memoria, resistencia y la lucha contra la impunidad
En un país donde la impunidad en crímenes contra líderes sociales supera el 90%, el Boletín del Sur se erige como un acto de resistencia y un instrumento para combatir el olvido. Organizaciones como el Colectivo Justicia por Duban y la Fundación Rosa Elvira Cely han aportado testimonios clave que evidencian cómo las víctimas de violencia política enfrentan no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también un sistema judicial que les da la espalda.
El informe recoge casos como el de un joven asesinado durante una protesta social, cuyos familiares llevan años exigiendo justicia frente a la indiferencia estatal, o el de una lideresa comunal amenazada por denunciar la presencia de grupos armados en su barrio. Estos relatos demuestran que, más allá de las cifras, hay rostros y luchas concretas detrás de cada caso.
La documentación sistemática que propone el boletín busca romper el círculo de impunidad al generar evidencia que pueda ser usada en escenarios nacionales e internacionales. Pero su apuesta va más allá: se trata de construir memoria histórica desde los territorios, a través de procesos pedagógicos que permitan a las comunidades reconocer sus derechos y articularse para defenderlos. Como señaló un sobreviviente durante el lanzamiento: «documentar es la primera trinchera contra el olvido, pero también es un acto de esperanza, porque solo lo que se nombra puede ser transformado».
Hacia una articulación comunitaria por la justicia
El informe concluye con un llamado urgente a la acción colectiva. Plantea la necesidad de tejer redes entre organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y medios comunitarios para monitorear la expansión de grupos paramilitares y denunciar los abusos de la fuerza pública. También propone impulsar agendas locales que exijan políticas de seguridad centradas en garantías sociales y no en la represión.
El boletín no es un documento cerrado, es una herramienta viva que invita a las comunidades a apropiarse de sus datos, a cuestionar los discursos oficiales y a construir alternativas desde la base. En un contexto donde la violencia sigue siendo una moneda corriente en los barrios del sur, iniciativas como esta no solo iluminan las sombras de la impunidad, sino que siembran las semillas de un futuro donde la dignidad no sea una excepción, sino un derecho conquistado.
