El presidente de la Confederación Comunal Nacional habla sobre la persecución a los líderes comunales, los aportes de estas organizaciones al desarrollo y su relación con el Gobierno nacional
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre se realizó en Yopal, Casanare, el XXX Congreso Nacional de Acción Comunal, en el que federaciones, asojuntas y juntas de acción comunal discutieron sobre aspectos primordiales para el desarrollo democrático y económico del país, pues existen alrededor de 70 mil juntas comunales con unos siete millones de afiliados.
VOZ habló con Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Comunal Nacional, sobre los retos de estas organizaciones en las actuales condiciones políticas del país.
¿Cómo estuvo el Congreso Nacional Comunal que tuvieron en Yopal?
El primer día se trabajó en paneles en los que participaron entidades del Estado como la Unidad Solidaria y el Departamento Nacional de Planeación, con quien firmamos un convenio para hacer las veedurías a las obras en ejecución con recursos de regalías. También hicimos trabajo en comisiones donde la gente trabajó sobre temas programáticos, políticos y sociales.
Veedurías
¿Qué destaca de lo que se aprobó?
Lo más importante fue seguir avanzando hacia un referendo constituyente con temas fundamentales, avanzar hacia la acción política comunal, seguir insistiendo en que la acción comunal pueda tener el derecho directo de inscribir candidatos desde sus asambleas a cargos de elección popular, sobre todo territoriales, sin necesidad de póliza.
También en temas de salud, de educación y sobre los asesinatos porque es un horror lo que viene pasando por la acción comunal, ya que prácticamente los asesinados de la acción comunal son prácticamente el 45% del total de los dirigentes sociales asesinados.
Hábleme sobre el convenio que firmaron con el Departamento de Planeación Nacional.
Desde 2017 en Colombia hay unas 30 mil obras, que supuestamente se ejecutaron con recursos del Findeter, y no se tiene claridad si se ejecutaron o no.
Como por lo general a las regiones más apartadas del país no entran los funcionarios públicos, o bien porque les da pereza o porque no pueden entrar, las únicos que pueden ingresar son las juntas comunales.
Entonces, el convenio es para que sobre la base de una información mínima que nos proporciona el DNP, como ubicación de la obra y costos, cada junta comunal envié un reporte.
Vamos a arrancar sobre un universo de unos 2.000 proyectos, pero la idea es copar los 30 mil.
Ejecución de obras
¿En qué se ha avanzado para que ustedes ejecuten el presupuesto de obras para las comunidades?
Lo que ha reclamado históricamente la acción comunal es que los recursos se ejecuten directamente con las comunidades, bien sean juntas comunales, indígenas, campesinos, mujeres o los beneficiarios, y no por intermediarios.
La Ley 80 se inventa la intermediación, los famosos operadores y entonces el recurso no llega directamente a las comunidades; es el sistema de corrupción más perverso que ha existido en Colombia. Antes la acción comunal construyó este país.
El pasado 10 de diciembre, ante el presidente de la República insistimos en que exista un comité de articulación de la oferta de la acción comunal, para que regule, oriente y defina criterios y requisitos.
En cuanto a ejecución, ¿qué puede hacer una junta de acción comunal para ofrecer sus servicios y ejecutar proyectos en las comunidades?
Hay que tener claro es que hoy en Colombia más del 80% de las vías rurales y veredales las construye y mejora la acción comunal, sin recursos públicos, con su trabajo.
En el mejor de los casos con los proyectos del Gobierno, que es la mejor propuesta que ha existido con Vías para la Paz, que se deben cubrir 33 mil kilómetros, pero en Colombia existen más de 150 mil.
En segundo lugar, la figura para que la acción comunal ejecute los recursos de placas huellas son los convenios solidarios, no los contratos. En este momento Invías no ha ejecutado más de tres mil y debiera haber ejecutado cerca de 10 mil, porque se han inventado toda una trama de impedimentos para que la acción comunal ejecute.
Por ejemplo, establecen un interventor que manipula a la junta, poniendo condiciones, imponiendo hasta dónde comprar materiales. Existe un cartel de interventores especializado en enredar la ejecución de la obra, la prolongan porque entre más se demora, les prolongan el contrato.
Las víctimas
En Presidencia también discutieron aspectos relacionados con violación de derechos humanos de los comunales.
Acordamos un gran pacto nacional por los derechos humanos, por el derecho a la vida, para el 26 y 27 de febrero de 2025. La idea es que concurran Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, comunidad internacional, pero también clase política, porque el principal victimario contra la acción comunal es la clase política. Primero segregan, luego estigmatizan, luego amenazan, desplazan y viene el homicidio.
¿Tienen cifras de cómo han sido víctimas los comunales?
Durante los últimos 35 años, que se presume ha habido más de 10 millones de desplazados, cerca del 70% de esos desplazados son de una junta de acción comunal.
En el mismo tiempo van más de 8.500 comunales asesinados. Durante el presente año van 71 comunales asesinados.
Los mismos de siempre
¿Hay diferencias con este Gobierno en cuanto a la relación con la acción comunal?
Tenemos que aceptar que es diferente. Del presidente Petro reconocemos su ética, su transparencia, su compromiso con lo público, con el ambiente y el interés por lo público.
Ha tenido problemas en la implementación de la política. Pocos calculábamos el poder de la tecnocracia y la estructura del Estado, por ejemplo, los jefes jurídicos de los municipios los designan los contratistas mayores de la clase política, y es muy difícil que habiliten contratos con la acción comunal hasta que lo diga su jefe político.
En el territorio, cuando de pronto una acción comunal puede acceder a un convenio los que primero les caen encima a amenazarlos o a pedirles la coima son los mismos corruptos de la clase política. Si el dirigente comunal no hace caso, actúan con los grupos armados o bandas.
