La justicia que debe aplicarse no puede ser la común y corriente de la rama judicial ni tampoco el derecho positivo del Estado colombiano, sino un derecho y una justicia adaptados a una criminalidad político-social muy distinta a la delincuencia común.
Hernán A. Ortiz Rivas
En teoría, como dice Platón, la búsqueda de la paz vale más que el hallazgo de todo el oro; por esto, esa búsqueda se presenta en todos los tiempos de la historia humana. La práctica de la justicia, en cambio, no ocurre en cada momento de esa historia, no obstante que sus manifestaciones cubren espacios muy grandes: social, económico, ecológico, jurídico, judicial. En este sentido, la justicia esta presente en todas partes, como el aire. No sobra recordar de paso que la justicia es uno de los derechos humanos esenciales, junto con la libertad, la paz, la igualdad, la seguridad, la dignidad, y el ambiente sano.
Aquí nos referimos a la Justicia encargada de solucionar conflictos de diferente orden o desorden, mediante la intervención de sus operadores: magistrados y jueces, cortes y fiscales, Justicia que en nuestra patria está invadida por falencias distintas, que van desde la prevaricación hasta el incumplimiento del derecho vigente, nacional o internacional. Se trata pues, de la llamada Justicia judicial contenida en procesos, originados por la violación a normas del derecho, establecidas por el Estado o de aquellas provenientes de las legislaciones supranacionales, incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico nacional.
Justicia judicial
Esta justicia se presenta por el choque entre la conducta humana, individual o colectiva, y el derecho positivo del país. La justicia judicial actúa por diferentes causas: civiles, comerciales, laborales, administrativas, ecológicas, penales. En esta ocasión solo nos interesa la última forma, justicia judicial, esto es, la causada por los delitos políticos y sus conexos, cometidos en la lucha guerrillera.
Por tanto, nos enfrentamos a una criminalidad especial, peculiar, que no puede juzgarse por instrumentos jurídicos ordinarios, que se presenta todos los días, cuando una persona consuma hechos punibles, cuyo conocimiento lo adelantan los jueces, magistrados y fiscales, pertenecientes a la denominada rama judicial del Estado. En estas condiciones, la justicia que debe aplicarse no puede ser la común y corriente de la rama judicial ni tampoco el derecho positivo del Estado colombiano, sino un derecho y una justicia adaptados a una criminalidad político-social muy distinta a la delincuencia común.
Tan ciertas son las anteriores consideraciones, que desde hace un tiempo, la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional están realizando una negociación en La Habana, Cuba, encaminada a lograr un cese del conflicto armado, al triunfo de las letras sobre las armas, para ir construyendo el largo sendero de la paz, tan necesario para todo el mundo, sin distinciones de color, género, estudio, clase, ni estatutos.
Ahora bien, para que el proceso de la paz de La Habana tenga bases sólidas, firmes, entre las partes: FARC-EP y Gobierno Nacional, es necesario que ellas actúen de manera limpia, transparente, sin ninguna clase de mentira, golpes bajos o cartas ocultas. Vale decir: debe campear la verdad en todas las posiciones y movimientos, verdad que se debe entender como la unidad entre los juicios o proposiciones y la realidad objetiva, las palabras y los hechos, el verbo y la acción.
No sólo deben ser verdaderos los juicios emitidos por las dos partes, sino también los hechos objetivos que desarrollen esos juicios. Con otras palabras: la concordancia entre los juicios y los hechos reales debe generar la verdad objetiva. El discurso verdadero expresa las cosas como son, sin ocultarlas o encubrirlas, tienen que presentarse las cosas a la luz del día, sin sombras, iluminadas por el sol radiante de la verdad, que produce seres humanos libres, soberanos, que han roto las cadenas y proclaman el advenimiento de un mundo nuevo, inspirado en el socialismo del siglo XXI.
