La bancada parlamentaria de la coalición Unión por la Patria pidió en la Cámara de Diputados que el Congreso de la República adelante un juicio político al presidente de la República por su complicidad en los delitos de estafa, lavado de dinero y defraudación
Alberto Acevedo
Una avalancha de juicios penales radicados ante instancias judiciales en diversos distritos de Argentina, una demanda ante tribunales de Estados Unidos y el pedido de la bancada de la oposición para que el Congreso de la República inicie un juicio político al presidente Javier Milei, son el resultado final de la ‘travesura’ del mandatario argentino al apoyar públicamente una criptomoneda que terminó siendo una estafa para decenas de miles de ‘inversores’ en ese país austral.
“¡La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, es el texto que Milei publicó el 14 de febrero en su cuenta de X.
El mandatario se refería en su meme a la criptomoneda $Libra, cuya promoción oficial provocó una subida exponencial en su precio, sólo que a las pocas horas la criptomoneda se desplomó. ¡Y ahí fue Troya!
Reacciones
Tras el anuncio oficial, la criptomoneda experimentó un furor en su cotización, alcanzando un pico de 4.9 dólares por unidad, para luego desplomarse a 0.99 dólares a las pocas horas. Pero, en ese breve lapso, captó miles de millones de dólares de incautos usuarios de la moneda digital, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos y en países de Europa.
Las primeras reacciones provinieron de sectores de la oposición. Estos cuestionaron el mensaje del mandatario y señalaron que lo más probable es que esté incurso en un delito y alertaron sobre estafas futuras de esta naturaleza.
“Si esto no fue un ‘hackeo’, entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda que en menos de dos horas movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y finalmente se desplomó, estafando a un número indeterminado de personas”, aseguró Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.
Ferraro hizo un llamado al Congreso para que constituya una Comisión Especial Investigadora, con el objetivo de “esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, ya que, según él, Milei “podría haber violado abiertamente la Ley de Ética en ejercicio de la función pública y la ley de entidades financieras”, así como haber incurrido en “lavado de dinero, defraudación y/o estafa”.
Investigación criminal
El camino legal, para establecer la responsabilidad del primer mandatario en Argentina, es tortuoso. Milei tiene unas mayorías parlamentarias que se van a movilizar para evitar cualquier juicio de responsabilidades. Pero ese camino ya comenzó a ser andado.
Al término de la semana pasada ya había al menos 112 demandas penales en curso, radicadas en distintas instancias de investigación judicial, en juzgados federales y una denuncia presencial en una comisaría. Para esta semana, todas habían comenzado ya su curso y los funcionarios investigadores iniciaron la etapa probatoria.
Tras un sorteo manual de procesos en los tribunales de Comodoro Py, se estableció que la causa general quedará en manos de la jueza federal María Servini, titular del Juzgado Federal en los Criminal y Correccional No.1 y la etapa de investigación inicial, a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3, a cargo de Eduardo Taiano.
La investigación se extiende
A partir de esa avalancha de denuncias, el fiscal deberá determinar cuántos de los delitos señalados pueden imputarle a Milei y demás miembros del gobierno de La Libertad Avanza y cuáles conformarán el sustento de una acusación y eventual procesamiento. La investigación, desde luego, se ocupará de la responsabilidad penal de la firma que promociona la criptomoneda $Libra, responsable del desastre financiero.
Tres días después de publicitada la criptomoneda por el mandatario argentino, en Estados Unidos el bufete de abogados Estudio Moyano y Asociados denunció a Milei por su presunta vinculación al ejercicio doloso. El equipo jurídico de la firma solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrir una investigación por eventual daño patrimonial asociado a la estafa contra cuarenta de los clientes de la firma de abogados.
El mencionado bufete solicitó “investigar el papel del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, ya que la ha publicitado y, en el pasado, ha promovido varios negocios que también se convirtieron en estafas”, se lee en la denuncia contra el fraude, que habría generado ganancias ilícitas a sus promotores por el orden de los 80 y 100 millones de dólares.
Flagrancia
De acuerdo con la oficina jurídica, especializada en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, la investigación amerita que las autoridades judiciales de Estados Unidos tomen parte, ya que las personas involucradas en la estafa, tanto las empresas que crearon y promovieron el criptoactivo como varios de los inversionistas, tienen sede y residencia en ese país norteamericano.
Los denunciantes en Argentina, los solicitantes de un juicio penal en Estados Unidos y los analistas diversos coindicen en señal que el presidente Milei actuó en flagrancia y nada debería impedir que se le procese por delitos relacionados con esta estafa internacional.
Detrás de la responsabilidad penal, se encuentra el juicio político al que debería ser sometido, por su investidura como primer magistrado de la nación. Esta cuestión fue abordada la semana pasada por Germán Martínez, portavoz del bloque Unión por la Patria, de la Cámara de Diputados, quien expresó su apoyo a la idea de que el Congreso de la República adelante un juicio político a Milei por el caso de la criptomoneda $Libra.
“La justicia se encargará de los temas penales y nosotros tenemos que analizar las responsabilidades políticas”, indicó el diputado, mientras una colega suya, Cecilia Moreau, dijo que impulsa un proyecto para revocarle a Milei las facultades especiales que la Ley de Bases ha entregado al mandatario, para legislar sin el necesario paso por el Congreso.
