Jesús Santrich sobre los diálogos (2ª parte): «La población debe hacer suyos estos problemas y pelear sus soluciones»

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Jesús Santrich en la entrevista con Tony López de Resumen Latinoamericano

«Está claro que las FARC-EP son una organización política, militar, revolucionaria, no una organización de narcotraficantes». Segunda parte de la entrevista de Resumen Latinoamericano con el delegado de paz de las FARC Jesús Santrich

Jesús Santrich en la entrevista con Tony López de Resumen Latinoamericano
Jesús Santrich en la entrevista con Tony López de Resumen Latinoamericano

[Leer la primera parte aquí]

—Continúa el comandante Santrich acerca de la reforma rural integral y la necesaria democratización del acceso a tierras:

—Aquí será fundamental que el fondo de tierras que se proyecta crear se haga realidad de manera pronta y que la distribución gratuita, que es lo que está pactado, tampoco demore. Se ha hablado de un proceso de regularizar los derechos de propiedad, de desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra, de promover las zonas de reserva campesina sin que se presenten más obstrucciones, que entre otras cosas son aspectos que están contemplados por la ley en Colombia, pero que no se cumplen, pero aún habría que esperar para ver si efectivamente esto procederá tal como se ha hablado.

Hasta el momento son solamente promesas, con la advertencia de que hasta que no se llegue a la firma del acuerdo final estos acuerdos no proceden, lo cual es absurdo si reflexionamos en que estamos hablando no de necesidades de la insurgencia sino de reivindicación de la población más marginada de soluciones a problemas que tienen que ver con la vida misma de las personas.

Bueno, en este acuerdo se ha incluido la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente, se concluyó un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, siempre buscando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.

Las zonas de reserva campesina

Como decía, y a pesar del ministro de Defensa que durante todo el tiempo en que transcurrieron los debates disparó contra el proceso, el acuerdo reconoce que las zonas de reserva campesina como una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos.

Por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.

Y se habló de la creación de infraestructura, de la construcción de la red de vías terciarias, de electrificación y conectividad en comunicaciones, de ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria, de ampliar la cobertura en salud, de atención integral en educación, de planes de vivienda, agua y saneamiento básico, de estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, de fomentar la economía solidaria y cooperativa rural que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.

Se acordó un plan de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, se incluyó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos; se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios.

En materia de alimentación y nutrición, se pactó asegurar la disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. Se habló del incremento progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía campesina, familiar y comunitaria; y de la creación de condiciones que permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, y para la concreción de las diversas iniciativas se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales.

Todo esto es muy promisorio, pero existen salvedades sin cuya solución las FARC consideran que en la disyuntiva entre neoliberalismo o bienestar social el régimen terminaría inclinándose por el primero. Aspiramos a que esto tenga solución porque, como ya se expresó, es un sofisma pensar en que todas las buenas cosas aprobadas, pactadas, se hagan realidad si no se toman medidas de solución frente a un latifundio que configura un coeficiente de Gini que está en 0.87, casi el reino de la desigualdad absoluta si tomamos en cuenta que la extranjerización de la tierra se ha desbocado. Lo pactado sería solo un sueño si no se renegocian los tratados de libre comercio o no se define de manera clara y en función de la nación el ordenamiento territorial, etc.

Falta mucho por alcanzar

—¿Podríamos decir, entonces que existe una indefinición sobre el rumbo del proceso?

—No quisiera con algún adjetivo o con cualquier expresión concluyente dar la impresión de incertidumbre o sencillamente descalificar las posibilidades de paz enormes que tiene este proceso. Sencillamente estoy haciendo una descripción de la realidad para que el optimismo que tenemos, si se contagia que es lo que queremos, sea con los pies bien puestos sobre la tierra, entendiendo que la mayoría de los aspectos esenciales que generaría una verdadera reforma rural integral, como un verdadero proceso de participación política en democracia, están por definir, y que esas definiciones solamente son posibles con el concurso de la población, eso no se hace en una mesa de conversaciones.

La población debe hacer suyos estos problemas y pelear sus soluciones con la valentía y el arrojo con que lo han hecho en este último lustro a pesar de la guerra sucia.

Hasta el momento, los avances logrados son significativos, pero no son la panacea. Falta mucho por alcanzar, y estamos hablando de lo mínimo, porque en realidad las propuestas que hemos hecho apuntan a la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo sino sencillamente los de un moderno estado social de derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.

Lo primero deben ser las comunidades

—¿Cuántas propuestas han hecho ustedes y qué porcentaje crees que se ha incluido en los acuerdos logrados?

—Nuestras propuestas son públicas, siempre las presentamos a la opinión nacional primero y antes de llevarlas a la mesa. Esto lo hacemos para que la gente sepa cuáles son nuestras posiciones, qué es lo que defendemos. Al hacerlas públicas la gente tienen la oportunidad de observar que efectivamente la insurgencia está llevando a debate sus propuestas, las propuestas que las comunidades lanzaron en los foros. Es decir que nuestra posición política, aunque las discusiones estén arropadas por la confidencialidad, es de conocimiento de la población. Es muy importante para nosotros que la gente sepa que estamos en La Habana no para hablar por las FARC como organización sino que estamos principalmente para hablar de sus necesidades.

Si se observa, hasta el momento en nada de lo pactado hay párrafo alguno que se refiera a requerimientos para los guerrilleros. Lo primero deben ser las comunidades. En tal sentido, del punto agrario hicimos cien propuestas mínimas que están publicadas, como publicado está la totalidad de lo acordado con sus salvedades, que para el caso del primer punto son diez y para el caso del punto de participación política, en torno al que también hiciéramos cien propuestas mínimas, existen 14 salvedades. El punto que menos salvedades tiene es el tercero, que solamente acumuló cuatro salvedades para un total de 50 propuestas mínimas que hicimos.

De todo nuestro cúmulo de propuestas, sin incluir las del tercer punto que aún requieren un poco más de análisis reposado, pienso que queda recogido más o menos de un 8% a un 10%, lo cual es muy bajo, más aun si se toma en cuenta que algunos acuerdos son postergación de debates y traslado a otros escenarios, como ocurre con el tema del estatuto para la oposición política o la definición de normas que reconozcan el ser sujeto de oposición política al movimiento social. Estos asuntos serian tratados por eventos nacionales donde organizaciones políticas y sociales tomarían las decisiones que den herramientas para la creación de estos cuerpos normativos.

En la mesa y en el país se enfrentan dos visiones

—Ya de manera práctica, ¿ustedes ven en el gobierno voluntad de sacar adelante el proceso y voluntad de realizar los cambios que se han acordado?

—Cuando cumplimos 14 ciclos de intercambios con el gobierno, las FARC-EP habían puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de participación política y ciudadana. Ya se había hecho el primer acuerdo parcial y estábamos metidos de lleno en el de la participación política. De hecho estábamos completando nuestras cien propuestas mínimas para ese punto y llevábamos cinco cuartillas de acuerdo, que se sumaban a las 20 que redactamos en el punto de la reforma rural

Por entonces dijimos que se trataba de acuerdos muy importantes, pero modestos, la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Sin embargo, por los mismos días lo que se veía en las calles y carreteras de Colombia era le desenvolvimiento del paro nacional agrario y popular, corroborando la insatisfacción e inconformidad social.

En pleno debate sobre participación política, que no es otra cosa que el debate sobre el ejercicio verdadero de la democracia, sobre el desmonte de la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, el debate sobre el replanteamiento de las libertades y normas de seguridad ciudadana; mientras se nos ofrecía que había que cambiar las balas por los votos, el resultado de las jornadas de protesta fue de 19 muertos, 850 heridos y centenares de detenidos y judicializados.

Y digo esto para expresar que en la práctica el gobierno no se ha preocupado por reflejar en la realidad lo que promete para el futuro. De hecho, la actividad legislativa neoliberal contradice lo que se está aprobando en La Habana, y se mantuvo durante todo el tiempo de las conversaciones.

Por eso era que expresábamos en un informe que hicimos como FARC, que en la mesa y en el país se enfrentan dos visiones tratando de encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, decíamos, está el enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno prioriza los intereses de las transnacionales, y por otro lado el enfoque de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las mayorías, que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural integral, por la justicia social y la democracia en función de paz con soberanía.

Esas visiones han chocado en las calles, pero cuando están en cabeza de la gente inerme no encuentran el oído despierto y atento del gobierno para atender las querellas, sino que tropiezan con la brutalidad del Esmad y con la muerte.

Participación política

—Tocando el balance del primer punto creo que hemos abordado aspectos de los otros puntos que nos dan una visión muy amplia de lo que piensan las FARC frente al conjunto del proceso, pero quisiera que ahora te refieras más en específico respecto a lo acordado en el segundo y tercer punto de discusión de la mesa.

—Los debates sobre el punto de participación política se comenzaron en firme desde mediados de junio, quizás el 11, tiempo en el cual comenzamos también a insistir en la necesidad de crear una comisión de esclarecimiento de la historia del conflicto, a fin de irnos haciendo a criterios de verdad que nos permitieran avanzar en el proceso, pero especialmente ir acumulando insumos para cuando correspondiera abordar el tema de víctimas, que para nosotros es fundamental.

Como ya expliqué, de los eventos de participación ciudadana se realizaron en Bogotá surgieron las propuestas mínimas, cien en total, que llevamos a la mesa, y habría que subrayar en que una de las principales propuestas fue la de convocar una asamblea nacional constituyente que requerirá de un acuerdo político previo que la impulse y la haga realidad.

Durante los mismos ciclos en que se debatían lo aspectos de la participación política y ciudadana, tocamos aspectos referidos al marco jurídico para la paz o a los mecanismos de refrendación de acuerdos, aprovechando para dejar sentadas posiciones claras que hemos venido reiterando en todos los ciclos. Por ejemplo, se sentaron posiciones que dejan clara nuestra oposición a la definición unilateral tanto del marco jurídico para la paz como a la definición unilateral de un mecanismo de refrendación, que para el caso el gobierno insistía en que fuera el referendo.

Por aquellos días y luego, en otras oportunidades, también de manera especial nos referimos al tema de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra, pero planteando la realización de un acto de contrición de todos.

De nada sirve la unilateralidad

Al respecto de estos temas, y por la vigencia que tienen para esta época voy a transcribirte lo que textualmente expresamos en un informe que orientó hacer para el país el comandante Timoleón Jiménez:

“Sobre el denominado marco jurídico. En Colombia se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, pero además, se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa con la injerencia de bases militares norteamericanas que pisotean nuestra soberanía. Se requiere entonces que cualquier transicionalidad o normativa para la misma, sea producto de un pacto y no de una imposición”.

“Se debe tener en cuenta que de nada sirve la unilateralidad, sobre todo si se observa que la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido. Un proceso de paz requiere de absoluta soberanía jurídica, sin injerencias foráneas que obstruyan la reconciliación”.

“Sobre víctimas. De lo que se trata es de abrir en las conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo a más de 60 años de desangre nacional, a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación. Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un ‘nunca más’”.

“En consecuencia, hemos propuesto que se proceda de inmediato a la integración de la comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano conformada por expertos nacionales y extranjeros para que establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno”.

“Hemos invitado al país entero a un día de reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de la Patria adolorida”.

“Un día para que se expresen los partidos tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como responsables que son; el Estado en cabeza del señor Presidente y sus ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública; los paramilitares desde los sitios en que encuentren; las cabezas de los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes y ex comandantes de fuerzas, los gremios y empresarios, los medios de comunicación, las potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra contra el pueblo, y la Iglesia del régimen”.

“El día que se escoja para los fines propuestos, la insurgencia se estará manifestando de igual manera desde cada rincón de la Patria colombiana”.

“Sobre la propuesta de referendo del gobierno. En la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está de por medio. Es con el concurso del pueblo, mediante mecanismos confiables, evitando que se cedan atribuciones a una sola persona, o a institucionalidades cuestionadas, que se deben refrendar los acuerdos”.

“Los colombianos debemos procurar un ente con reales atribuciones para conocer de la reforma a la Justicia, de la independencia orgánica de la jurisdicción, del reordenamiento territorial, de la creación de un órgano electoral independiente. Un ente que resuelva el asunto de la seguridad jurídica que requiere el futuro de la paz”.

Concretamos acuerdos importantes

Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, al creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de control, etc.

Concretamos acuerdos importantes, entonces, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normalización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social.

Este escenario de debate fue empleado a fondo para hablar de la necesidad de reformar la ley de mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) y la urgencia de replantear las leyes de seguridad ciudadana: al respecto, se logró el compromiso de generar garantías para la movilización y la protesta, reforzando el respeto por las formas de acción política, el ejercicio legítimo del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en democracia; que estas prácticas deben ser observadas como aporte a la inclusión política y, por tanto el gobierno debe garantizar los espacios para canalizar las demandas ciudadanas, sin atropellos.

En este mismo sentido se logró el compromiso de la revisión y, de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Esto sumado al compromiso de ampliar y reforzar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la ciudadanía.

Otras 20 cuartillas de acuerdos recogen estos compromisos hacia la expansión de la democracia. No obstante, insistimos en la solución urgente a problemas como la corrupción, a la que hay que poner fin urgentemente, como fin hay que ponerle a la interferencia de las mafias que de una u otra forma han capturado al Estado, en todos los órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. Creemos urgente la necesidad de ponerle freno a la criminalidad de cuello blanco de un sector financiero que se ha dedicado a destruir el país, depredando sin control los recursos naturales del país, al tiempo que hace un saqueo usurero al bolsillo de todos los colombianos y entrega la patria a las transnacionales.

Todos estos son aspectos que tienen que ver con la democracia y en ellos insistimos como lo hicimos también, y es una de las salvedades, en que los medios de comunicación no pueden seguir en manos de tres o cuatro ricachones que se han adueñado de ellos secuestrando la democracia para manipular la conciencia nacional. Hemos dicho, y lo repetimos, que puede haber toda suerte de mecanismos de participación si se quiere mostrar al país como una democracia de papel, pero la información es la que conduce a que esos mecanismos terminen siendo canales de expresión de pensamientos previamente cocinados y vendidos por tales tres o cuatro individuos, que siempre son los detentadores del poder.

Es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios. Y así, en este relato creo que quedan recogidos los aspectos nodales de este punto, resaltando que una de las salvedades principales está en el tema de la seguridad nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.

Persecución debe centrarse en los narcotraficantes

—Finalmente, ¿por qué no nos das algunas puntadas sobre lo que fue el acuerdo sobre el tercer punto?

—Me parece que ese es el que está más fresco en la cabeza de la gente, así que no voy con mucho detalle. Aquí lo esencial es que se definiría una nueva política para la lucha contra las drogas que dé un tratamiento diferenciado a los eslabones más débiles que involucra el fenómeno, y nos referimos sobre todo a la población o comunidades que en el campo están relacionadas con los cultivos y por otro lado a los consumidores. Creemos que el énfasis de la persecución debe centrarse en los narcotraficantes.

Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de este esquema, el prohibicionismo o el mero tratamiento punitivo, policivo o militarista del asunto quedaría relegado y se asumiría una visión con enfoque en el respeto a los derechos humanos, considerando que se trata de un problema social que requiere medidas sociales para su solución, la cual, entre otras cosas, no depende de Colombia sino del conjunto de las naciones tocadas por el flagelo.

Así, dentro de este panorama que implica el compromiso de generar una nueva institucionalidad para adelantar los planes, por fuera de las acciones contrainsurgentes, se ha pactado crear un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, que mediante planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo pongan en marcha las acciones que tienen que ver con la nueva política.

Lo esencial aquí es el concurso, el protagonismo de las comunidades, la base de las decisiones son las asambleas comunitarias, y la esencia del programa y de los planes son las soluciones sociales a los problemas de miseria de los campesinos y población rural comprometida con los cultivos. Por todo ello es que este programa y los planes hacen parte estructural de la reforma rural integral.

Lograr un país sin narcotráfico

Al lado de esto se pactó la creación de un programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas, integrado al sistema público de salud, que en sí sería una instancia de alto nivel para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, como una prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos.

En este mismo el Gobierno Nacional tiene el compromiso de diseñar y poner en marcha un sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.

Y finalmente está el asunto de la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, tercer ítem del punto 3 de la agenda, para cuyo análisis se partió de reconocer que el problema es de orden transnacional y por ello su solución supone actuar simultáneamente tanto al interior del país como en coordinación y con el compromiso de la comunidad internacional.

Internamente el compromiso es trazar políticas y programas para desactivar los factores y mecanismos que estimulan y mantienen el problema la producción y comercialización de drogas ilícitas lucrándose de la misma. El propósito central: desarticular las organizaciones criminales comprometidas con este flagelo, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos.

El propósito mayor, mancomunado, es lograr un país sin narcotráfico, y ello supone dentro de la lucha planteada con nueva visión abordar el tema del esclarecimiento de la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico, y la disposición de todos de contribuir a ese esclarecimiento.

Para este subpunto, hemos hablado de judicialización efectiva, de estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos, de control de insumos, de estrategia de lucha contra la corrupción, de la realización de una conferencia internacional y espacios de diálogos regionales para tratar el tema; y se ha pactado seguir hablando en puntos posteriores, quizás en el marco de la discusión del punto 5.2 de la agenda del acuerdo general de mecanismos que deberá, entre otros, abordar el tema del esclarecimiento de la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico, como antes expresamos, pero que es aspecto importante a ser subrayado.

Conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico

—Al respecto de este tema de conflicto y narcotráfico, la prensa de derecha, y de ello han hecho eco medios internacionales, incluso el presidente Santos se refirió al tema, han dicho que en este acuerdo las FARC se comprometen a desvincularse del narcotráfico. ¿Quiere decir esta afirmación que se admite que hay vínculos con el narcotráfico?

—No, de ninguna manera. Está claro que las FARC-EP son una organización política, militar, revolucionaria, no una organización de narcotraficantes. Otra cosa es la propaganda sucia que cotidianamente hace el régimen para desprestigiarnos y quitarnos nuestra condición de luchadores populares. El problema con el argumento que contiene tu pregunta es la tergiversación, la manipulación, el sesgo con el que generalmente actúan los medios de comunicación que responden a los intereses de sus dueños, de los conglomerados económicos, o a los intereses del régimen y, peor aun, a los intereses de Estados Unidos.

Dentro de todas esas matrices la insurgencia debe ser desacreditada y de ahí se deriva la actitud en la cual hasta un acuerdo tan importante como el que acabamos de firmar se distorsiona.

Lo primero que habría que aclarar es que en este acuerdo no se dice que el conflicto en Colombia deriva del narcotráfico, no. Hay causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a las etapas primarias de producción está ligado a la situación de miseria que padecen.

Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni termina actuando contra el narcotráfico sino contra las causas de miseria que lo engendraron. Otra cosa es que en ese escenario de miseria aparezca el fenómeno del narcotráfico agravando las cosas, y de qué manera, pues de lo que se trata es que este flagelo ha permeado la institucionalidad y partes esenciales de todo el tejido social.

Entonces, hay aspectos claves del acuerdo como por ejemplo el reconocimiento que se hace de manera textual y de primero en cuanto a que “el conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas que antecede y tiene causas ajenas a la aparición de los cultivos de uso ilícito de gran escala, y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio”.

También es importante subrayar en que lo que analizamos es que “la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional”, esto sin descartar que también está de por medio “la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Pero el fenómeno no lo podemos resolver solos y por eso hemos dicho que “somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional”.

Responsabilidad colectiva

En todo caso se trata de un acuerdo entre el gobierno y una organización política, no un acuerdo con una organización de narcos, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que logramos es el de que el Gobierno Nacional a partir del entendimiento de que en la instituciones hay corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.

A partir de ese compromiso, las FARC-EP hemos dicho que el compromiso es de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, lo cual se refiere a nuestra capacidad de convocatoria política y persuasión en el escenario rural, a gente que confía en nuestras capacidades para ayudar a impulsar un proceso de cambio en este y cualquier otro aspecto de los acuerdos. Pero por otra parte también hemos dicho que pondremos fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que hacemos en cuanto a búsqueda de financiación es en función de la rebelión, y efectivamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en algunas áreas del país establecimos mecanismos impositivos a quienes se valen de este negocio capitalista transnacional.

No se trata este procedimiento ni de producción ni de comercialización sino de un impuesto tal como se hace con cualquier capital que se mueve en las áreas de influencia, donde al mismo tiempo hemos establecido controles para evitar que los campesinos sean atropellados por los negociantes de cualquier índole.

Finalmente diría que es diferente que digamos “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”, a decir como lo expresó el presidente Santos en su alocución del 16 de mayo, que nuestro compromiso es el de “poner fin a cualquier relación con este fenómeno”. Según esto, lo que se dice es que tenemos relación con el conjunto del fenómeno y que ya la vamos a cesar, lo cual es falso. Lo que decimos es que se le pone fin si se hubiese presentado, porque de lo que se trata es que estamos dispuestos a analizar cualquier situación en cualquier área pero en relación a la impuestación que se le hace, reitero, a ese negocio transnacional capitalista, y esto lo sabe bien el gobierno.

Las salvedades

Y para no cerrar con la referencia a los sesgos, quisiera reiterar que en este punto quedan pendientes algunas salvedades:

1. Nueva política criminal. En el proceso de redefinición de la política antidrogas se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC-EP insisten en la conformación de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, con grupos de trabajo de académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia. Sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige.

2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la nueva política antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas. Esto implica: la identificación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos; la reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos; el establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.

En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.

3. Frente a salud pública: reconociendo la importancia de lo acordado en este subpunto, las FARC-EP consideran necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes.

4. Necesidad de una conferencia nacional: las FARC-EP consideran que es necesaria la realización, a instancias de la mesa de diálogos, de una conferencia nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en derechos humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas.

Una de las tareas principales de esta conferencia nacional debe ser la de analizar y arrojar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo. La conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.

Resumen Latinoamericano