Comisión de parlamentarios, sindicalistas y abogados de Gran Bretaña e Irlanda, organizada por Justice for Colombia, visita a Colombia y recomienda pactar en La Habana un cese bilateral de fuegos. Preocupación por accionar de la fuerza pública

Juan Carlos Hurtado
@aurelianolatino

Con asombro por las denuncias de las comunidades sobre los abusos de la fuerza pública, pero con esperanzas de que el proceso de paz en La Habana dé frutos, salió de Colombia la semana pasada la comisión de parlamentarios, sindicalistas y abogados de Gran Bretaña e Irlanda que visitó algunas regiones del país.

La visita, organizada por la ONG Justice for Colombia, permitió el contacto con diversos representantes de la sociedad civil como sindicatos, presos políticos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, y organizaciones políticas; quienes presentaron informes y dieron a conocer la crisis humanitaria por la que atraviesa el país.

También visitaron algunas poblaciones del departamento del Putumayo y se reunieron con comunidades y el Obispo de Buenaventura, donde recibieron denuncias de víctimas de violaciones a sus derechos por parte de paramilitares y fuerza pública.

Cese de fuegos

Luego de los recorridos regresaron a Bogotá para sostener reuniones con representantes de instituciones estatales, a quienes les manifestaron preocupación por lo que vieron y las denuncias recibidas.

En rueda de prensa, aseguraron que con base en los testimonios no tienen duda de la vigencia del paramilitarismo. “Por ejemplo, en Buenaventura, las comunidades brindaron testimonios sobre el accionar de estas bandas que cuentan con la tolerancia de la fuerza pública”.

Asimismo, una de las preocupaciones más altas que mostraron fue por el accionar de las fuerzas armadas en contra de la población: “Son una fuerza que debería proteger a la población civil y lo que vemos es que son parte del problema y siembran terror en las comunidades. Nunca habíamos conocido un país donde las fuerzas del Estado participaran tan activamente en el asesinato de sus propios ciudadanos”.

Manifestaron no entender cómo con esas denuncias el Estado no actúa contra los paramilitares ni previene las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. “En Buenaventura oímos a las comunidades que nos contaron cómo los paramilitares los han despojado de sus tierras, con la complicidad del estado y empresas transnacionales”.

Hicieron un llamado al gobierno para que libere a todos los prisioneros políticos de conciencia y a que aborde la crisis humanitaria en sus cárceles.

Convencidos de que una condición óptima para adelantar cualquier proceso de paz es con una ausencia total de hechos violentos por las dos fuerzas, se mostraron a favor de un cese bilateral de fuegos. “No es importante solo para las partes, para que se concentren en la negociación, sino para la población civil, para que empiece a contribuir en la construcción de paz, en lugar de contar muertos. Vimos ceses de las FARC a los que el gobierno no respondió y eso nos muestra compromiso de esa guerrilla, por eso reiteramos al gobierno la necesidad del cese bilateral”, expresó un integrante de la comisión.

Por su conocimiento sobre cómo se adelanta la negociación entre el Estado y las FARC, dijeron que hay propuestas e ideas para reparar a las víctimas y sobre cómo adelantar un nuevo proceso político donde antiguos miembros de los grupos armados participen democráticamente en política.

Sobre los derechos sindicales y los sindicalistas encarcelados en el país, aseguraron que es un avance que el gobierno reconozca el derecho de libre asociación pero que entre la retórica, la legislación y la realidad, hay un abismo que se demuestra en la alta cifra de dirigentes populares asesinados, perseguidos, estigmatizados y encarcelados.

“Los asesinatos de sindicalistas siguen siendo un problema de extrema preocupación. Los sindicatos son un elemento fundamental para cualquier democracia, y tendrán un papel crucial para asegurar una paz estable y duradera. Los asesinatos tienen que terminar, los responsables deben ser llevados a la Justicia, y la estigmatización de los sindicatos tiene que terminar. Hay que enfocarse en cumplir los acuerdos internacionales de derechos laborales. Actualmente ni siquiera se está cumpliendo con los mecanismos limitados del Plan de Acción Laboral. Le hacemos un llamado al gobierno para que garantice el derecho a la libertad de asociación y la protección de los sindicalistas”.

Acerca del alto nivel de impunidad en el país por crímenes contra los activistas sociales con participación de actores estatales, exigen hacer más en el ámbito estatal y brindar todas las garantías.

Como apoyo al proceso de paz con las FARC, integrantes de la delegación, quienes participaron en las negociaciones que terminaron con los acuerdos del Viernes Santo, se comprometieron a seguir reuniéndose con ambas delegaciones de La Habana.

“A los miembros británicos de la delegación les gustaría expresar su apreciación al embajador británico por los varios compromisos hechos en su reunión, entre ellos el de visitar a las madres de Soacha. Sin embargo, expresan también su preocupación por la falta de transparencia que caracteriza la cooperación militar entre el Reino Unido y Colombia, y además por la reciente visita a La Macarena con el Ejército colombiano, al sitio de una fosa común”.

Los integrantes de la comisión se comprometieron con las víctimas a dar a conocer las denuncias en sus países y organizaciones, e hicieron un llamado a los medios de comunicación para que en el contexto del proceso de paz ofrezcan espacios de debate de todas las ideas y a la sociedad civil en general.