lunes, octubre 7, 2024
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Iris Marín Ortiz, la defensora del pueblo

La experimentada abogada asumirá la dirección de la entidad que propende por la promoción, divulgación y garantía de los derechos humanos. El principal desafío será proteger la vida de lideresas y lideres sociales que defienden los territorios y a las comunidades vulnerables

Simón Palacio
@Simonhablando

Con 170 votos de 188 posibles, la plenaria de la Cámara de Representantes eligió el pasado viernes 16 de agosto a la abogada Iris Marín Ortiz como nueva defensora del pueblo.

De manera inédita todas las bancadas de los partidos políticos estuvieron en la misma orilla respaldando la hoja de vida de la constitucionalista y experta en justicia transicional, que con la elección se convierte en la primera mujer en estar al frente de la entidad nacional que propende por la promoción, divulgación y garantía de los derechos humanos.

Hoja de vida

Iris Marín es bogotana, abogada de la Universidad del Rosario y magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. En su robusta trayectoria profesional se destaca su paso inicial por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, donde documentó violaciones a los derechos humanos y aportó en la elaboración de informes dirigidos para organismos internacionales.

En la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uariv, su rol se centró en la implementación de políticas de reparación y restitución de tierras para damnificadas por el conflicto armado. Gracias a ese trabajo, la Unidad de Víctimas pudo asegurar apoyos necesarios para reconstruir vidas destruidas por la guerra.

Por su parte, en el Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Iris Marín logró aportar desde la academia en temas relacionados con la protección de las víctimas del conflicto, la implementación de políticas de reparación y en la difícil labor de la restitución de tierras.

También en la hoja de vida de Marín se destaca su paso por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, donde centró su trabajo en la protección de las personas desplazadas por el conflicto armado, aportando en la elaboración de políticas y programas para la atención y reparación de poblaciones vulnerables.

Y finalmente está la última etapa en la Corte Constitucional, donde se desempeñaba como magistrada auxiliar, trabajando bajo la dirección de la togada Natalia Ángel. En el alto tribunal, la nueva defensora del pueblo mantuvo su compromiso con las poblaciones víctimas de desplazamiento forzado. Su tarea fue aportar desde una nueva perspectiva jurídica en la revisión de casos y la redacción de sentencias para proteger los derechos de las personas vulneradas.

También en su hoja de vida se encuentra consultorías para organismos internacionales como ONU Mujeres y una destacada asesoría a las negociaciones de paz que adelantó el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC-EP, en temas como justicia transicional y ley de víctimas.

Finalmente, se subraya el paso por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde se dedicó al tratamiento de casos de crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos y reparación para las víctimas.

Retos

Una vez fue elegida, la nueva defensora del pueblo les aseguró a los parlamentarios que ejercerá su responsabilidad en nombre de la Constitución de 1991, de los derechos humanos, de la paz y de las lideresas y líderes sociales que batallan a diario en la defensa de sus territorios y comunidades, en la mayoría de la mayoría de los casos arriesgando sus propias vidas.

Y es precisamente lo anterior uno de los principales retos que tendrá la Defensoría del Pueblo en este nuevo periodo constitucional. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, y con corte del 20 de agosto, en lo corrido del año han sido asesinados 110 líderes y lideresas sociales, de los cuales 20 son firmantes del Acuerdo de Paz.

Los últimos casos establecen que este tema es una prioridad, no solo para la Defensoría del Pueblo, sino también para el Gobierno nacional. El 15 de agosto en Bogotá, fueron asesinados Camila Espitia y Camilo Sánchez, reconocidos líderes juveniles y estandartes de la cultura hip hop en la localidad de Bosa. Los hechos ocurrieron en la sede El Porvenir de la Universidad Distrital, territorio donde el ‘Clan del Golfo’, el Tren de Aragua, el ELN, facciones del Frente 33 del Bloque Occidental, la Segunda Marquetalia y otras bandas de carácter local hacen presencia.

Por su parte, el 16 de agosto en Mapiripán, Meta, fue asesinado Yeimer Rodolfo Acero Pineda, reconocido líder social de la comunidad El Trincho en Puerto Concordia, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel y miembro activo del sector palmero. En el territorio hace presencia el peligroso grupo narcoparamilitar “Renacer ERPAC”, el Frente 44 y 39 del Bloque Amazonas, la Segunda Marquetalia y otras bandas.

También, el 18 de agosto fue asesinado en Toribío, Cauca, el reconocido líder, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pueblo Viejo y guardia indígena Víctor Alfonso Yule Medina. En la zona hace presencia el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, el Frente 57 Yair Bermúdez y el ELN.

Finalmente, se informa el asesinato en Dagua, Valle del Cauca, de Uber Noguera, firmante del Acuerdo de Paz y representante de la Asociación Viviendista 26 de marzo. En ese lugar del país hace presencia el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental y otras bandas de carácter local.

En todos los casos, la Defensoría del Pueblo ha emitido Alertas Tempranas para la protección de la vida de los liderazgos sociales que habitan y defienden los territorios. Sin duda, proteger la vida y denunciar estas graves violaciones de los derechos humanos, estará en la agenda prioritaria de la defensora del pueblo que arranca funciones el 1 de septiembre.

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