Invitan a la disputa del territorio urbano

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Mesa de discusión sobre ciudad y diversidad sexual. Foto J.C.H.

Luego de las discusiones en Medellín, los coordinadores del Foro Social Urbano Alternativo y Popular acordaron integrar las peleas por la vida digna en el campo y la ciudad. Además, movilizarse por derechos fundamentales como la vivienda y el hábitat digno, y los mínimos vitales de agua y energía

Juan Carlos Hurtado F.

En el año 2011, por orden de un juez, miembros del Esmad -usando una tanqueta- sacaron a una señora de su casa, aunque ella afirmaba que ya la había pagado. Hubo reacción de los vecinos que casi logran la recuperación del predio. Antimotines lanzó bombas, algunas de las cuales no estallaron. Al siguiente día una de esas fue encontrada por un niño, quien al tomarla la detonó y le causó la muerte.

Según Antonio Otavo, de la Organización Víctimas de los Crímenes del Sector Financiero, de los Créditos en UPAC y UVR, “actualmente hay en promedio 80 desalojos diarios en Bogotá y 300 en todo el país. Es decir, esos son el número de veces que un juez dicta sentencia y hay orden para que la Policía haga el lanzamiento. Es algo que merece una investigación ya que en 2008 había 14 mil sentencias para desalojos y se han acrecentado. Es un genocidio, como lo califica el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería”.

“Hay que recordar que el ministro Juan Lozano se comprometió a que no habría más desalojos hasta que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo dieran una certificación, puesto que había que poner en función las sentencias que prohíben que los créditos en UPAC y UVR se ejecuten hasta que haya una liquidación”.

Las denuncias fueron hechas en el marco del Foro Social, Urbano, Alternativo y Popular que se desarrolló en Medellín la semana pasada. Allí Antonio explicó que ante los continuos desalojos se creó el grupo de resistencia civil para enfrentar a la policía, los jueces, la Procuraduría, la Personería, el Bienestar Familiar y hasta a los bomberos, enviados por los bancos que necesitan las viviendas libres para venderlas a los carteles de los remates.

El representante de este proceso en el foro también contó que en 2014, en el barrio Benjamín Herrera de Bogotá, una señora enfermó gravemente luego de ser desalojada violentamente por la Policía. “Decía que no era justo que perdiera su casa si ya la había pagado. De la misma manera -comentó- en el barrio Magdalena de la capital del país -aunque ya había pagado la vivienda-, desalojaron a una señora a las 6 de la mañana. A esa hora es difícil la reacción de la organización. Otro desalojo se realizó a las 5 de la mañana luego de cinco intentos en los que los vecinos y la organización habían sacado corriendo a la fuerza pública. Esta vez dejaron sin hogar a cinco familias”.

Según Antonio Otavo, los jueces no acatan las sentencias de la Corte Constitucional y los magistrados dicen que eso ya es cosa juzgada. También se ha descubierto una nueva modalidad en la que los pagarés fueron firmados por un valor y los bancos los llenaron con otro alterando la deuda. “Si hay un crédito de 10 millones de pesos le ponen un cero y lo aumentan a 100. Por eso estamos interponiendo acciones ante la Corte Constitucional y la Fiscalía, pero si no nos responden iremos ante organismos internacionales”.

Diversidad sexual

Mauricio Alzate Giraldo, del Colectivo Deformación, espacio en el que confluyen diferentes organizaciones como raperos, campesinos, afrodescendientes, jóvenes; que discuten, estudian y piensan acciones frente a los asuntos de la sexualidad implicada con los diferentes espacios de la cotidianidad: desde el deseo y el cuerpo.

“En el sistema social existen una serie de circunstancias que rechazan una sexualidad distinta: hemos tenido estudiantes que por su cambio de género de mujer a hombre, u hombre a mujer han querido utilizar los vestidos del otro género y han sido expulsados de las instituciones educativas. También hay casos de jóvenes que han sido llevados por las fuerzas armadas legales e ilegales; pero hay un caso con el Ejército de Colombia que reclutó a un compañero y lo violaron con objetos por ser homosexual, le decían que tenía que ser macho”.

“Con respecto a las relaciones laborales planteamos que en el contexto de las relaciones laborales se debe reducir la jornada laboral para que haya un goce pleno de la vida y la sexualidad. Somos un colectivo que también discute la sexualidad en cada una de las esferas sociales, laborales de cada ser humano, entonces vemos cómo esta está intrínsecamente explotada”.

El colectivo plantea que las disidencias no se pueden quedar en las resistencias, que hay que dar discusiones sobre la utopía. “Desarrollamos escuelas, hacemos acciones de movilización, desarrollamos agendas de formación con otras organizaciones y nos articulamos a plataformas sociales como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y la Unión Patriótica. También creemos que hasta las organizaciones agrarias deben meter una línea de sexualidad. Debemos cambiar el chip de esa discusión y llevarlo a todas las organizaciones”, explica Mauricio Alzate.

Declaración política

Casos de exclusión urbana como los anteriores fueron expuestos y estudiados en el foro alternativo de Medellín y hacen parte de una amplia gama de problemas que atañen a la ciudad pero que también tienen una relación directa con la problemática del campo colombiano.

Por eso, en la declaración política las organizaciones participantes adquirieron compromisos: “hemos deliberado sobre el presente y futuro de las ciudades, compartido experiencias de resistencia y acordado acciones conjuntas de cooperación y lucha”.

“Denunciamos el actual modelo de desarrollo urbano neoliberal, planteado por el Manifiesto para la ciudad, fundamento de la cumbre ONU Habitat III en 2016, por ser excluyente, antidemocrático, insustentable y riesgoso para la vida del planeta y la humanidad. Nuestras ciudades, en su mayoría, son diseñadas y gobernadas por los intereses de acumulación de grandes capitales”.

“Más de 1.200 millones de personas en el mundo carecen de una vivienda y ambiente digno para vivir, y en Colombia más de 13 millones tienen vulnerado su derecho humano al agua potable y el saneamiento básico. Los mercados, las mafias, los grandes capitales nacionales y multinacionales, las entidades financieras e inmobiliarias y las redes de corrupción estatal han provocado una profunda crisis urbana, que trae como consecuencia la marginación de quienes tienen menos y son más vulnerables, la destrucción de los ecosistemas y la negación de toda posibilidad de democracia y buen vivir”.

El Foro Social Urbano también convoca a los colombianos a movilizarse en el paro nacional agrario y popular, y exigir el cumplimiento de derechos fundamentales como la vivienda y el hábitat digno, los mínimos vitales de agua y energía en los servicios públicos, la suspensión de la gran minería y la reducción del 50% en los precios de los combustibles.

También invitan “a disputar el territorio urbano que nos merecemos, a empezar ahora mismo la realización de un proyecto de ciudad fundamentado en la redistribución de la riqueza, los derechos humanos, medioambientales y de los bienes comunes, y la responsabilidad de los habitantes de ser constructores y gobernadores reconocidos de los territorios, no meros clientes-usuarios”.