Continúa la lucha por los derechos de los presos en el país. Presos terminales deben pagar multas millonarias si quieren salir
Redacción DDHH
Al cierre de esta edición, los cerca de mil prisioneros de la Penitenciaría de alta y mediana seguridad Palogordo en el municipio de Girón (Santander) llevaban 17 días en desobediencia civil.
La protesta de los internos se debe a que el Estado colombiano a través del Inpec no ha solucionado la grave crisis carcelaria que irrespeta todos los derechos que tienen estas personas como humanos. Esto ocurre en todas las cárceles de Colombia.
Frente a esta situación, un informe confidencial realizado por varios congresistas, como resultado de una visita a cárceles del país, da cuenta de las atrocidades que viven todos los presos y presas, pero muy especialmente los prisioneros de guerra y políticos.
La visita de verificación confidencial fue autorizada por el Presidente de la República para que integrantes de las Comisiones de Paz, del Senado y de la Cámara de Representantes pudieran ir a conversar con los llamados reclusos de la insurgencia, ya que el Gobierno se niega a reconocer que hay al menos 9.500 prisioneros por razones políticas.
Muchos de los reclusos de las FARC y del ELN han sido condenados no sólo por rebelión, sino que a este delito se le suman otros como el porte ilegal de armas y el de financiamiento del terrorismo, entre otros. De esta manera la pena aumenta considerablemente. Casos de estos fueron detectados en la Cárcel la Picaleña, entre otras.
Es claro que a los prisioneros de guerra de las FARC y del ELN se les aplica el Derecho Penal del enemigo que no está escrito, pero que se aplica tanto en la investigación, como en el juzgamiento, y en el sistema penitenciario y carcelario. Son tratados como delincuentes de alta peligrosidad, lo que afecta a estas personas tanto sicológica como moralmente.
A estos prisioneros no se les permite trabajar, ni estudiar, ni siquiera tener acceso a los libros, además todos los documentos que se les lleva, se los quitan. El Semanario VOZ es de difícil acceso a las cárceles.
Hay algunos que por los proyectiles recibidos en combate no pueden caminar y deben arrastrarse con las pimpinas para recoger el agua. Otros que están prácticamente inválidos, y sin embargo para trasladarlos se usan mecanismos de seguridad desproporcionados.
En cuanto a las mujeres existe una presión muy fuerte para que delaten a sus comandantes. Para ello utilizan tácticas como amenazarlas con quitarles a sus hijos. Utilizan el dolor físico cuando son heridas en combate para que delaten a sus compañeros. Por esa situación hay dos guerrilleras que han renunciado a reconocer al Estado colombiano.
Una comandante guerrillera que está embarazada en la Picaleña permanece constantemente en calabozo. A esta mujer próxima ser madre no se le permite el control prenatal que le garantice que tenga un bebé sano. Su pareja sentimental padre de su hijo por nacer, está condenada a 60 años, y tiene tuberculosis, pero a este hombre no le suministran los medicamentos como ocurre con otros tuberculosos.
Los congresistas observaron que en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de la Picota, debido al intenso frío y por el aspecto nutricional, la salud de varios presos se ha ido deteriorando a niveles que deberían avergonzar al Gobierno Nacional, es decir les han declarado la muerte anticipada.
Muchos de ellos permanecen en calabozos especiales, no tienen comunicación, se les niega el acceso a los abogados para sus defensas, se les niega el acceso a la salud y la alimentación no cumple con mínimas condiciones de higiene y de nutrición.
Hay internos que además de una condena cargan con una enfermedad terminal como leucemia o cáncer, otros requieren de atención psiquiátrica. Sin embargo, si quieren salir deben pagar una multa alejada de las posibilidades reales de su familia: existen multas de 52 millones de pesos y más. Este es el caso de una persona que está ciega en el ERON de La Picota y puede salir, no sin antes haber pagado una multa de 20 millones de pesos.
Reclusos requieren atención médica inmediata
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció varias violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por el Estado colombiano en relación con el tratamiento de los guerrilleros capturados en combate y que han sido trasladados a la cárcel de Palogordo en Girón en Santander. Las siguientes personas se encuentran en delicado estado de salud y requieren de forma inmediata atención médica:
Jesús Velandia fue diagnosticado con cáncer de páncreas, no ha recibido la atención médica. Mauricio Mahecha fue condenado a 77 meses por el delito de rebelión. Recibió un impacto de fusil que le produjo fractura del fémur derecho. El médico tratante ordenó la instalación de una férula sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento. Donairo Acevedo sufre de hipertiroidismo y diabetes, patologías que le producen efectos negativos sobre su visión. Debe consumir un medicamento de forma permanente sin que sea suministrado por el Estado colombiano. Boris Rueda Molina al momento de la captura recibió un disparo de fusil que le produjo la fractura del fémur derecho en tres partes, requiere con urgencia ser atendido por un ortopedista.
Luis Alberto Jaimes García, condenado a 40 años de prisión, sufre de cáncer de colon, la última atención que recibió fue en 2012 y aún le faltan 20 quimioterapias, pero Caprecom argumenta que ya no atiende reclusos.
Desde hace algunos años varias ONG han venido impulsando la defensa de los derechos de los prisioneros en Colombia y por su parte los internos exigen al Gobierno Nacional convocar la comisión negociadora de alto nivel para poner punto final a la vulneración de sus derechos.
