Al ex jefe de gobierno y comandante militar Efraín Ríos Montt se le acusa de diseñar y perfeccionar uno de los mayores genocidios contra el pueblo en la historia latinoamericana
Con una audiencia de formulación de cargos, dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, celebrada el pasado 11 de febrero, mediante la cual el operador de justicia aceptó todos los testigos, documentos y cargos presentados como evidencia por la Fiscalía, comenzó en firme un juicio criminal contra el general del Ejército y ex jefe de gobierno de Guatemala, Efraín Ríos Montt.
Al militar se le imputan cargos por genocidio y crímenes de lesa humanidad. De hecho, durante el período 1982-1983, en que Ríos Montt fue jefe de gobierno, dirigió y ejecutó un tenebroso plan de exterminio contra la insurgencia armada que combatía la dictadura, y que terminó eliminando a miles de campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos y luchadores populares, a quienes los agentes de la dictadura acusaron de complicidad con los rebeldes.
Tanto durante el período de la dictadura, como en el tiempo en que el hoy acusado dirigió el Ejército, se desató la más feroz persecución contra el movimiento popular, en la que fueron asesinadas o desaparecidas más de 200 mil personas, de acuerdo a las estadísticas que entrega la Comisión de Esclarecimiento Histórico, con participación estatal.
El juicio que ahora se lleva a cabo, ha sido fruto de un largo, penoso y accidentado proceso liderado por las víctimas sobrevivientes del genocidio, para que se lleve a cabo en el país un proceso de verdad, justicia y reconciliación, en el que se sepa la verdad, se señale a los responsables y se garantice la no repetición.
En la audiencia preliminar, en la que los abogados de la defensa no presentaron pruebas en favor del incriminado, los abogados de las víctimas pidieron que se tomara en cuenta las declaraciones de al menos 147 testigos y el trabajo de recopilación histórica de diversas organizaciones sociales. De esta forma, el proceso pasará a manos del Tribunal de lo Sentencioso, que indicará la fecha de inicio del juicio oral, probablemente en tres o cuatro meses.
