La sala plena del TSJ de Venezuela concluyó que la ley que aprobó la derecha en la Asamblea Nacional es inconstitucional porque no garantiza el ejercicio pleno del derecho a las familias de tener un hogar propio.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este viernes inconstitucional la ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) aprobada el pasado mes de abril en la Asamblea Nacional (AN).
La decisión responde a la establecido en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que exige el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes en el país.
Para el TSJ, la ley aprobada por la bancada opositora presente en el Parlamento es inconstitucional porque impone una regresión en cuanto a la materialización del derecho a una vivienda digna.
El fallo concluye que esa legislación atenta contra el Estado Democrático y Social por no garantizar el ejercicio pleno del derecho a las familias de tener un hogar propio. Asimismo, la Sala Constitucional del TSJ sostiene que la ley no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en el Reglamento Interior y de Debates de la AN.
Para los diputados socialistas del Bloque de la Patria a la ultraderecha no le importa el bienestar de las familias venezolanas sino beneficiar al mercado inmobiliario del país.
De acuerdo con el diputado revolucionario ante la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Molina, la ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela aprobada por los diputados de derecha representa un negocio mercantilista que atenta contra la estabilidad de las familias de ese país.
La derecha venezolana busca volver a darle un carácter mercantilista a la vivienda ya que al obtener un título de propiedad los beneficiarios pueden venderlas en el mercado inmobiliario o en el mercado negro a precios elevados.
El Gobierno ha denunciado que la oposición venezolana miente al decir que no se entregan títulos a los beneficiarios de la GMVV y que ignoran que el Estado ha invertido 61 mil millones de dólares a fin de garantizar la estabilidad familiar tal y como detalla la Constitución.
