Los derechos humanos en Colombia siguen en una situación crítica. Asesinatos a líderes sociales, firmantes de paz y activistas, entre otros, agudizan el escenario. El Gobierno adelanta conversaciones, acciones y participación con la ciudadanía para atender la situación
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Es indudable que la situación de los derechos humanos y el sistema de protección de estos mismos a nivel global están pasando por su peor crisis. El genocidio contra el pueblo palestino demuestra el silencio cómplice e inoperante de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, frente al holocausto sionista.
Asimismo, en Colombia la vulneración de los derechos humanos también ha sido grave desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC- EP, el cual puso fin a enfrentamientos de cinco décadas. No obstante, según Human Rights Watch en su informe anual, “la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz”.
Defensoras y defensores de derechos humanos, excombatientes, líderes sociales, indígenas, comunales y periodistas han sufrido de amenazas, asesinatos, discriminación y otros actos de violencia sistemática en el país.
Hay cifras y hay participación
De acuerdo a Indepaz, van 92 masacres hasta el 19 de diciembre, siendo la última en el corregimiento Bolombolo del municipio de Venecia, Antioquia; además, van 183 líderes sociales y 44 excombatientes FARC asesinados en lo que va de recorrido del año.
Por otra parte, dio a conocer la Unidad de Restitución de Tierras el asesinato del líder social -comunitario Diego Antonio Arrieta López, en el corregimiento San Pablo Tulapas, quien era reclamante de tierras y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir Tulapas.
Muchos tenían la expectativa que en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se redujeran las cifras de las violaciones de los derechos humanos, sin embargo, se ha agudizado en el desarrollo del gobierno progresista.
Es sabido que la participación de la sociedad ha estado más presente en la democracia colombiana, activistas, líderes y demás ciudadanos están presentes en la toma de decisiones y las luchas sociales por la reivindicación de los derechos, se siente un despertar político y social en diferentes partes del país.
Y eso hace que se agudice la grave situación de los derechos humanos, puesto que, desde siempre los anteriores gobiernos de derecha han querido que el pueblo colombiano no esté presente en la democracia en búsqueda de igualdad social, y por tal razón, aún tienen un régimen de terror en el país, donde líderes sociales son asesinados por representar una lucha contra la voracidad del capitalismo.
El proceso de paz
Las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha acordado un cese al fuego que inició el 3 de agosto de este año y se extiende hasta el 29 de enero de 2024, es la Misión de Verificación de la ONU quien está encargada de monitorear la implementación.
Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, comentó que “el cese al fuego bilateral ha resultado en una diminución del conflicto en Colombia”. Además el alto funcionario resaltó la importante labor de implementación que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro frente al informe trimestral sobre la implementación del acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno.
Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en su informe de Análisis de Situación de Derechos Humanos y Seguridad en Colombia: impactos de los ceses al fuego y Paz Total del 2022 al 2023, demuestra diversos aportes que ha hecho el cese al fuego en el país, tales como, alivios humanitarios parciales; entornos de mayor protección a la vida civil; mejoramiento en las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, sin embargo, también se ha aumentado los hechos violentos en la búsqueda de rentas criminales y se profundizaron las restricciones a la libertad.
“En la mayoría de los municipios PDET donde se redujo el número de víctimas por desplazamiento forzado y confinamiento, aumentó el nivel de participación electoral en los comicios de autoridades locales de 2023” asegura la JEP, frente a los acuerdos de cese al fuego bilateral.
Igualmente, confirma que “los ceses al fuego con el ELN han tenido un impacto en la reducción de los ataques contra la Fuerza Pública. Durante el cese al fuego se ha registrado un solo ataque armado en contra de la Fuerza Pública por parte del ELN. Este ocurrió en Tadó (Chocó) el 4 de agosto de 2023, a menos de 24 horas de iniciado el cese”, en este sentido, casi todos los frentes de guerra del ELN han acatado la suspensión de las acciones militares ofensivas.
La suspensión de los secuestros
En la clausura de la quinta ronda de diálogos que se llevó a cabo en México, se anunció la suspensión del secuestro con fines económicos en el marco de la prolongación del cese al fuego, debate que se dio desde el secuestro de Luis ‘Mane’ Díaz, donde el gobierno exigió la liberación inmediata y la autocrítica frente a la vulneración de los derechos humanos.
Por tal razón, en la quinta ronda ese fue uno de los temas centrales del debate, así pues, para seguir con el desarrollo exitoso de la mesa de conversación, las dos partes acordaron la suspensión del secuestro extorsivo y toda práctica que vulnere estos derechos.
Por otra parte, reanudaron la participación la de ciudadanía entendiendo que, es primordial que la población civil sea parte activa en las conversaciones.
Las acciones que está haciendo el gobierno progresista confirma la búsqueda de la paz desde la participación ciudadana, con base a las necesidades y luchas sociales.
Avance en los derechos humanos
El gobierno actual presenta la participación ciudadana como un aspecto fundamental para el desarrollo de un país, mientras que, el negocio capitalista arrasa con la vida y la dignidad de los pueblos, que ocasiona inestabilidad económica, conflictos armados, desigualdad entre mujeres y hombres, desastres naturales e impunidad.
Desde la elección del presidente Petro se ha hecho refuerzos por la implementación del Acuerdo de Paz de 2016; el cese al fuego bilateral entre el ELN y el Ejército de Colombia; la creación del Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, las diversas reformas sociales que se adelantan en el Congreso de la República que tienen por objetivo central la defensa y reivindicación de todos los derechos de los colombianos, y las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo sobre la paz en el país.
La política de la Paz Total es uno de los pilares del Gobierno, y demuestra la intención de hablar con el mayor número de guerrillas y así acabar las hostilidades, llegando a una Colombia en paz y democracia; sigue una situación crítica en las violaciones de los derechos humano, pero se adelantan acciones para acabar y tener un goce pleno en toda la ciudadanía.
