¿Hay garantías para la paz?

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Interviene, en rueda de prensa, Luz Perly Córdoba, dirigente agraria.

La detención de líderes campesinos por las protestas del paro agrario es un mensaje de guerra del presidente Santos

Interviene, en rueda de prensa, Luz Perly Córdoba, dirigente agraria.
Interviene, en rueda de prensa, Luz Perly Córdoba, dirigente agraria.

Hernán Camacho
@camachohernan

“La agenda política del gobierno de Juan Manuel Santos atenta contra el movimiento social y por eso judicializa a líderes campesinos”, afirman voceros de la Cumbre Agraria, el movimiento social y político Marcha Patriótica y la fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente, Dhoc. La enérgica declaración obedece a la serie de detenciones de los voceros campesinos que estuvieron dirigiendo el paro agrario de agosto del año 2013, y que enfrentan procesos judiciales.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantan operativos en las regiones campesinas que fueron escenarios de protestas en las movilizaciones agrarias en la búsqueda de cada uno de los líderes firmantes de los acuerdos regionales entre el campesinado y cada una de las autoridades administrativas locales, los ministerios de Agricultura y del Interior. A los líderes detenidos se les imputan cargos por terrorismo, rebelión, secuestro y concierto para delinquir.

Falso positivo judicial

Esmer Montilla, es uno de esos dirigentes. Campesino de 63 años de edad cuya vida y trabajo ha dedicado al territorio y la defensa de los derechos humanos y las causas campesinas en el oriente colombiano. Él es presidente de la organización defensora de derechos humanos, Dhoc, que justamente adelanta una serie de denuncias por violación de derechos humanos cometidas por batallones militares que operan en la región oriente del país. Lo que sugiere que su detención tiene relación con la represalia que las fuerzas militares estarían tomando por las investigaciones que se adelantan en su contra.

Otra de las capturadas y judicializadas es Ingrid Pinilla Espitia, dirigente de Movimiento Político y Social Marcha Patriótica- miembro de la junta patriótica departamental del Guaviare-, defensora de derechos humanos de la fundación DHOC y vicepresidenta de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Guayabero, Ascatragua y vocera departamental de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Guaviare ante las negociaciones con el gobierno nacional.

Juan Ramiro Atehortúa, es otro de los dirigentes campesinos capturado en el departamento de Guaviare. Atehortúa, es integrante de la Red de Medios Alternativos REMA y precandidato a la Asamblea Departamental de Guaviare y vocero de la mesa de negociaciones departamental desde 2013.

Un cuarto capturado es Samuel Rojas Mora, víctima de un montaje judicial en el año 2010 por haber denunciado el cementerio clandestino de La Macarena, donde se encuentran cientos de cuerpos enterrados sin identificación y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate. En la actualidad es presidente y representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, desde donde ha venido trabajando con población desplazada en barrios marginados, en labores de defensa y exigibilidad de derechos, en especial por el derecho a la vivienda digna.

La acusación

A Esmer Montilla, lo acusan de secuestro. En medio de las tensiones de la movilización él actuó como uno de los interlocutores entre los campesinos y las instituciones, Defensoría del Pueblo, la ONU, la Policía Nacional y los ministerios del Interior y de Agricultura. Pero ocurrió un hecho particular: uniformados policiales fueron infiltrados entre los campesinos para provocar hechos violentos. Al percatarse de lo sucedido los dirigentes agrarios identificaron a los revoltosos, denunciaron la situación ante el comisionado de las Naciones Unidas y justamente esta entidad recibió a los inflitrados entregados por la comunidad protestante. Esos actos son ahora la prueba reina de la Fiscalía General de la Nación para enlodar su nombre y judicializar a un dirigente campesino.

Así no se construye la paz. La paz no se hace con el chantaje y la persecución judicial a los líderes sociales, populares y campesinos que se enfrentan a sus políticas. “Esos son gestos de guerra y de escalamiento político y militar, no podemos aceptar estos falsos positivos. Queremos preguntarle al presidente Santos ¿hay garantías para la paz?”, subrayó el vocero de Marcha Patriótica, David Flórez.

Antecedentes

No es la primera vez que utilizan acciones judiciales contra los dirigentes agrarios. Húber Ballesteros, miembro de dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, en medio de las movilizaciones agrarias fue capturado y señalado como miembro de la guerrilla de las FARC-EP. “A Húber no le han hecho un juicio justo, lleva dos años encarcelado y ni siquiera ha podido ser llevado a juicio, no se conocen las pruebas y las acciones judiciales que exigen su libertad no son tramitadas”, explica David Flórez.

Marcha Patriótica denunció que la justicia sigue siendo utilizada como herramienta política contra los débiles. De los diecinueve campesinos que resultaron asesinados en medio de los enfrentamientos con la fuerza pública en carreteras entre los meses de agoste, septiembre y octubre de 2013, aún no se conoce una sola imputación de cargos o una investigación de la autoridad competente. ¿Por qué se detiene a los líderes campesinos y no a quienes los asesinan?

Rechazos

Luz Perly Córdoba, vocera de la Cumbre Agraria, reiteró que entre los acuerdos suscritos por los campesinos y el gobierno nacional en 2013 se encuentra la desjudicialización de los campesinos que fueron encarcelados por la protesta: “se viene una nueva andanada de capturas y así será difícil estar en la mesa de negociaciones porque ya no solo son los incumplimientos del gobierno nacional sino una persecución judicial sin sentido. La Cumbre Agraria ya decidió que sin garantías no hay avances y sin avances habrá paro”, indicó Córdoba.

Para el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, lo que está sucediendo con las capturas a campesinos no son hechos al azar sino parte del giro del presidente Santos hacia una conducta autoritarita vinculada a su concepción reaccionaria de la solución política: “Las supuestas concesiones a las FARC-EP, las compensa con represión y arbitrariedad contra las corrientes democráticas en lucha por la paz, los derechos humanos y la oposición de izquierda”, dijo el dirigente político.