La reforma agraria en Colombia, obstaculizada desde 1972, enfrenta desafíos como la concentración de tierras y leyes regresivas. Avanzar en su redistribución es clave para la paz, la soberanía alimentaria y la protección ambiental
Héctor Mondragón
En 1972, las élites pactaron sustituir la reforma agraria por la colonización, lo que sentenció al país al conflicto armado, los cultivos ilegales y la destrucción de los bosques. Esta decisión generó una creciente concentración de la tierra, aumentó su precio, disminuyó la competitividad de la producción nacional y abrió las puertas a las importaciones. La mayoría de los campesinos propietarios tienen tierras de ladera, excluyéndolos de las mejores tierras, mientras que los campesinos sin tierra y otros productores deben arrendar tierras caras, aumentando sus costos de producción, como ocurre con el cultivo de arroz.
En 1994, se promulgó la Ley 160, que buscaba avanzar en la reforma agraria. Sin embargo, durante los gobiernos de Uribe y Santos, esta ley fue mutilada en aspectos clave. Uribe intentó derogarla con el “Estatuto Rural”, y el plan de desarrollo de su segundo gobierno eliminó la norma que destinaba a reforma agraria los predios rurales de narcotraficantes con extinción de dominio. Estos predios pasaron a la Dirección de Estupefacientes y luego a la SAE, que ahora enfrenta dificultades para entregar las tierras a la ANT, ya que están arrendadas o en manos de sujetos favorecidos por gobiernos anteriores.
En 2017, el decreto 902 modificó la Ley 160, pero de manera regresiva, al establecer que la extinción de dominio de predios incultos debía tener una fase judicial, cuando antes era un proceso administrativo desde la Ley 200 de 1936. Esto empeoró la situación, a pesar de que el acuerdo de paz de 2016 incluía la reforma rural integral como uno de sus puntos clave.
En 2023, mediante la Ley 2294, se intentó devolver el carácter administrativo al proceso de extinción agraria, así como a la recuperación de baldíos indebidamente apropiados. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles estas normas por cuestiones de procedimiento. A pesar de esto, durante el actual gobierno, la ANT ha recuperado 85 mil hectáreas de baldíos, y se avanza en un proyecto de ley de jurisdicción agraria para recobrar el carácter administrativo de estos procesos.
Es urgente avanzar en la redistribución de la tierra y los recursos rurales para garantizar la soberanía alimentaria, proteger los bosques y alcanzar la paz. Una ley con dos o tres artículos podría agilizar la transferencia de predios con extinción de dominio a la ANT, permitiendo su destinación inmediata a la reforma agraria. Esto, junto con normas mínimas que aceleren el proceso, es esencial para lograr una reforma agraria necesaria y justa.
