La corrupción y la insolencia en las administraciones del Caribe colombiano
Libardo Muñoz
La insolencia de los políticos corruptos que se tomaron los resortes del Estado colombiano en la costa caribe, está amparada por la impunidad.
De otra manera no se explica cómo, personas judicializadas, ligadas a crímenes contra seres humildes, ordenadoras de asesinatos, financiadoras del paramilitarismo, dueñas de negocios turbios que lesionan las propiedades públicas, que se ufanan de poder comprar abogados, jueces y fiscales, siguen lucrándose con contratos con el Estado de juegos de suerte y azar.
Personajes de esa calaña lograron establecer una red de políticos de pobre condición moral, a quienes ponen a comer en la palma de la mano, les financian campañas, les compran votos y los eligen gobernadores, alcaldes, senadores y representantes, entre ellos a sus hermanos y a sus hijos, que luego salen en los medios periodísticos proclamándose benefactores del pueblo. Ese círculo de corrupción gobierna a su antojo en la región costeña, quita y pone gerentes de loterías, mandos medios, secretarias y funcionarios que trabajan en medio del temor al asesinato.
La contratación es el apetitoso manjar que mueve a estos personajes que van dejando obras sin terminar, con enormes sobrecostos, nadie reclama y la región se hunde en el atraso, sembrada de ladrillos, tubos y varillas abandonados a la intemperie en pueblos y ciudades.
Un gobernador de Bolívar fue abofeteado por una jefa paramilitar de la costa, en su despacho, porque no habían sido cumplidas sus órdenes en un contrato que se le escapó de las manos.
Todos los círculos políticos ligados al poder corrupto se encogen de hombros cuando se pide una explicación de esta situación, cuando las personas de bien se preguntan por qué los entes de control permiten que delincuentes sigan lucrándose con los fondos de la salud, mientras la gente sencilla, empobrecida, no encuentra hospitales, medicinas o una simple cita.
El poder de la corrupción en las gobernaciones costeñas es tan fuerte, que ya los jefes del paramilitarismo redactan decretos y se los envían a los gobernadores y a los alcaldes para que los firmen.
Muchos políticos de más bajo perfil tienen que callar ante la corrupción porque aceptaron miles de millones de pesos para ganar curules en concejos y asambleas.
Los medios periodísticos de la región tienen que complacer a las cabezas de la delincuencia del chance, pues a su vez, están hipotecados por los avisos publicitarios de los empresarios, que con cierta frecuencia aparecen como creadores de empleo y bienestar.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, es hasta ahora el único político de la izquierda colombiana que se pronunció en términos enérgicos sobre la controvertida y señalada empresaria del chance en la costa, Enilce López, acusada por la Justicia de ser parte de un engranaje paramilitar.
En marzo de 2012, en un derecho de petición firmado por Iván Cepeda y dirigido al gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, le exige que le rescinda la licencia de concesión a Enilce López para la explotación del chance en ese departamento, “por respeto a las víctimas del paramilitarismo”. El mandatario sucreño ha preferido callar ante esta solicitud.
